La Junta renuncia a mantener los empleos de las c¨¢maras agrarias

Hace ahora poco m¨¢s de un a?o del decreto ley por el que el Gobierno andaluz pon¨ªa fin a las 127 c¨¢maras agrarias, unos ¨®rganos con casi un siglo de vida que nacieron para articular la representaci¨®n de los agricultores pero que hab¨ªan quedado vac¨ªas de contenido al asumir sus funciones las organizaciones agrarias. Con la liquidaci¨®n de este patrimonio, la Junta no intentaba lucrarse, ya que rechaza subastar las sedes, pero s¨ª aspiraba a un importante ahorro, de m¨¢s de dos millones y medio anuales, al traspasar esos inmuebles a las organizaciones agrarias.

La condici¨®n era que las organizaciones se hicieran cargo tambi¨¦n de los 70 trabajadores de estas corporaciones. Pero ante la negativa de Asaja, Coag y UPA, la Consejer¨ªa de Agricultura ha optado por presentar un Expediente de Regulaci¨®n de Empleo (ERE) con fecha 1 de agosto.

La Consejer¨ªa de Agricultura presenta un ERE que afecta a 70 personas

Los 70 trabajadores afectados, la mayor¨ªa con m¨¢s de tres d¨¦cadas de antig¨¹edad y con una edad media que supera los 55 a?os, han anunciado que recurrir¨¢n la decisi¨®n de Agricultura de extinguir sus empleos, al tiempo que han llevado el caso al Defensor del Pueblo Andaluz, Jos¨¦ Chamizo. "La Junta de Andaluc¨ªa quiere ejercer un abuso de poder al tratar de imponer un ERE que ser¨ªa rechazado por las autoridades laborales en el caso de presentarse por cualquier empresa privada", expone Jos¨¦ Antonio Vall¨¦s, portavoz de los afectados.

La consejera de Agricultura, Clara Aguilera, justifica el ERE en la disoluci¨®n de las c¨¢maras agrarias. "No se ha planteado la asunci¨®n de ese personal porque a la Administraci¨®n andaluza se llega por oposiciones y hay una metodolog¨ªa concreta", indic¨® Aguilera a Europa Press.

Pero los trabajadores no lo ven as¨ª. Vall¨¦s recuerda que antes de la transferencia de las c¨¢maras a las comunidades aut¨®nomas, gran parte del personal de las c¨¢maras locales fue integrado como laboral fijo del Ministerio de Agricultura por lo que, una vez realizada la transferencia, el personal qued¨® autom¨¢ticamente integrado en los servicios agrarios de la Consejer¨ªa de Agricultura. "Esto hace todav¨ªa m¨¢s injusto y discriminatorio el trato que ahora pretende darse a los empleados de las c¨¢maras provinciales, que ya llevan un a?o al servicio de la comunidad aut¨®noma que ahora trata de despedirlos", lamenta el portavoz de los afectados, que esgrime el agravio que la Junta andaluza realiza con respecto a otras comunidades donde s¨ª se ha asumido el personal.

Con todo, los trabajadores han anunciado su intenci¨®n de alegar contra los despidos presentados en las distintas provincias andaluzas y que, b¨¢sicamente, ofrec¨ªan 20 d¨ªas por a?o trabajado hasta un m¨¢ximo de 12 mensualidades. Los trabajadores, sin embargo, exigen entre 45 y 100 d¨ªas por a?o trabajado o, en todo caso, una adaptaci¨®n de las condiciones ofertadas en funci¨®n del perfil de los distintos empleados.

Las c¨¢maras agrarias fueron herederas de las hermandades sindicales de labradores y ganaderos surgidas tras la Guerra Civil y que se perpetuaron durante todo el r¨¦gimen franquista. El Gobierno aprob¨® en 1986 el r¨¦gimen jur¨ªdico de las c¨¢maras. Pero, para entonces, la representaci¨®n institucional y negociaci¨®n en defensa de los intereses de los agricultores y ganaderos ya hab¨ªa sido asumida directamente por las organizaciones profesionales agrarias.

A ellas ha decidido ahora la Junta de Andaluc¨ªa traspasar las ocho c¨¢maras provinciales, mientras que las locales pasar¨¢n a los Ayuntamientos, siempre y cuando se destine a fines vinculados con el sector agrario.