Chile reconoce a m¨¢s de 40.000 v¨ªctimas de la dictadura de Pinochet

La comisi¨®n p¨²blica que recibi¨® e investig¨® nuevas denuncias de violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado en la dictadura del general Augusto Pinochet entreg¨® un informe de 60 p¨¢ginas al presidente Sebasti¨¢n Pi?era que incorpor¨® otras 9.800 v¨ªctimas y 30 casos de personas desaparecidas o ejecutadas, las cuales se agregan a las que ya hab¨ªan sido calificadas con anterioridad. La Moneda dio escasa visibilidad al tema, mientras que las organizaciones de las v¨ªctimas criticaron el alto n¨²mero de denuncias que fueron rechazadas por la comisi¨®n, m¨¢s de 22.000.

"Esperamos que este informe de la comisi¨®n contribuya a la paz y la reconciliaci¨®n", sostuvo el ministro de Justicia, Teodoro Ribera. Desde el reinicio de la democracia en 1990, el Estado chileno ha tenido cuatro comisiones diferentes para reconocer a las v¨ªctimas y otorgarles una reparaci¨®n. En total, sumando los casos de detenidos desaparecidos, ejecutados, torturados y presos pol¨ªticos reconocidos por estas comisiones -sin considerar los exiliados ni las familias de todos los afectados-, el n¨²mero de v¨ªctimas de la dictadura de Pinochet supera las 40.000 personas, de ellas 3.065 est¨¢n muertas o desaparecidas entre septiembre de 1973 y marzo de 1990.

Los supervivientes cobrar¨¢n una pensi¨®n mensual de 180 euros

La Comisi¨®n Valech, bautizada as¨ª por el nombre del obispo Sergio Valech que la presidi¨® hasta su fallecimiento, integrada por abogados y especialistas en temas de derechos humanos, de diferentes tendencias, recibi¨® un total de 32.000 solicitudes, de las que certific¨® 9.800 tras examinarlas caso por caso. El trabajo tom¨® 18 meses. La comisi¨®n oper¨® desde finales del Gobierno de la presidenta socialista Michelle Bachelet (2006-2010) y sigui¨® trabajando durante la Administraci¨®n de derecha de Pi?era, e incluso debi¨® pedir una ampliaci¨®n del periodo para alcanzar a examinar cada caso. Las v¨ªctimas reconocidas recibir¨¢n una pensi¨®n mensual de 180 euros de reparaci¨®n y beneficios de salud y educaci¨®n, con un costo anual para el Estado cercano a 142 millones de euros.

La presidenta de la Comisi¨®n Valech, Mar¨ªa Luisa Sep¨²lveda, atribuye el alto n¨²mero de denuncias que recibieron a la mayor conciencia que tienen hoy los chilenos de haber sido v¨ªctimas en la dictadura. "Hay personas que se sienten v¨ªctimas, y que lo fueron, pero que estaban fuera del mandato que recibimos", afirm¨® Sep¨²lveda a este diario. "Por ejemplo, personas que se sienten v¨ªctimas por lo que pas¨® a sus padres e implic¨® para sus vidas. No es que no sean v¨ªctimas, es que no estaban dentro del mandato que ten¨ªa la comisi¨®n", agreg¨®.

Para reconocer a una persona como v¨ªctima, la comisi¨®n requer¨ªa que la persona presentara la denuncia de violaci¨®n a sus derechos humanos, lo probara, y que en el atropello hubiesen participado agentes estatales. Si la persona hab¨ªa fallecido o estaba imposibilitada de acudir a la comisi¨®n, sus familiares deb¨ªan documentarlo. Se pod¨ªan presentar denuncias por los casos de detenidos y/o torturados por motivos pol¨ªticos por agentes estatales o a su servicio, v¨ªctimas de desaparici¨®n forzosa o ejecutados por razones pol¨ªticas, o quienes fueron secuestrados o v¨ªctimas de intentos de asesinatos por causas pol¨ªticas.

Cada denunciante fue entrevistado y algunos en dos y hasta tres oportunidades. En la verificaci¨®n se cruzaron las denuncias con el enorme acopio de informaci¨®n que se ha ido acumulando en el tiempo sobre la represi¨®n del Estado: listas de detenidos del Ej¨¦rcito y gendarmer¨ªa, expedientes de la justicia militar y civil, las bases de datos de los organismos de derechos humanos, los informes sobre los recintos de detenci¨®n, recortes de prensa y el archivo nacional.

"M¨¢s del 90% de los casos fueron resueltos por consenso y en unos pocos hubo votaci¨®n", explica Sep¨²lveda. Las aprobaciones estaban bien fundamentadas. Entre los rechazos se encuentran, por ejemplo, casos en los que una persona fue v¨ªctima de graves abusos por parte de un vecino que era miembro de las fuerzas armadas. "Hubo abuso de poder, pero no se puede probar la motivaci¨®n pol¨ªtica". Tambi¨¦n quedaron sin reconocimiento casos de personas que hac¨ªan el servicio militar y fueron v¨ªctimas de malos tratos, de otros que fueron detenidos en manifestaciones p¨²blicas y no pasaron a tribunales, y de algunos que salieron al exterior y se les prohibi¨® regresar, quedando en el exilio. Casos como estos quedaban excluidos del mandato de la comisi¨®n.

Para la vicepresidenta de la Agrupaci¨®n de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Mireya Garc¨ªa, la proporci¨®n de casos rechazados es "aberrante", seg¨²n la agencia Efe. "Puede haber casos que no cumplen los requisitos, pero que sean casi el 70% del total es absurdo, il¨®gico", a?adi¨®.