A la defensiva

No se podr¨¢ acusar al Gobierno de estar de brazos cruzados durante el verano. Desde la convocatoria de elecciones anticipadas, han sido numerosas las medidas econ¨®micas adoptadas. La mayor¨ªa, en respuesta a la intimidaci¨®n de los mercados de bonos y las exigencias de las autoridades europeas. La complacencia de las pol¨ªticas econ¨®micas en la mayor¨ªa de las dos ¨²ltimas legislaturas ha dado paso a una hiperactividad sin precedentes. La decisi¨®n de mayor significaci¨®n es la destinada a modificar la Constituci¨®n para introducir un l¨ªmite al d¨¦ficit p¨²blico. Esa extrema diligencia, con la que el Gobierno asumi¨® las orientaciones del encuentro entre Nicolas Sarkozy y Angela Merkel, ya ha generado perturbaciones pol¨ªticas suficientes como para que se valore si el prop¨®sito perseguido requer¨ªa del m¨¦todo empleado. Y si encontrar¨¢ la compensaci¨®n de los mercados financieros, ahora m¨¢s pendientes de las posibilidades de crecimiento que del radicalismo fiscal de los Gobiernos.

Limitar el d¨¦ficit p¨²blico es una se?al que reduce incertidumbre para los inversores en bonos p¨²blicos. Fomentar esa medida expresa, de hecho, una insuficiente confianza en los Gobiernos para conducir prudentemente la pol¨ªtica fiscal. Afortunadamente, el acuerdo alcanzado no introduce en la Constituci¨®n cifras concretas de esos l¨ªmites. En su lugar se ha optado por impedir que Estado y comunidades aut¨®nomas incurran en un d¨¦ficit estructural que supere los m¨¢rgenes establecidos por la Uni¨®n Europea. Es en una ley org¨¢nica donde se concretar¨¢n esas cifras, que no dejan de ser arbitrarias: el d¨¦ficit estructural m¨¢ximo ser¨¢ del 0,4% para el conjunto de las Administraciones P¨²blicas y no superar¨¢ el 0,26% del PIB en la Administraci¨®n del Estado, ni el 0,14% en cada comunidad aut¨®noma.

Son l¨ªmites sin duda exigentes para un pa¨ªs con un gasto p¨²blico por debajo del promedio de las econom¨ªas avanzadas de Europa, sin niveles de bienestar o de capital p¨²blico equivalentes. Dada la especializaci¨®n sectorial de la econom¨ªa espa?ola, distante de la modernizaci¨®n de las m¨¢s desarrolladas, limitan la participaci¨®n p¨²blica en la inversi¨®n en capital tecnol¨®gico o humano. La experiencia de otros pa¨ªses desarrollados, desde EE UU hasta Alemania, se?ala que la inversi¨®n p¨²blica ha sido determinante en la modernizaci¨®n econ¨®mica. No es lo mismo poner un cors¨¦ a la actuaci¨®n inversora del Estado para una de las econom¨ªas m¨¢s competitivas del mundo que hacerlo cuando se exhiben carencias de gran calado, como es el caso de Espa?a.

Las medidas laborales anunciadas en el Consejo de Ministros de ayer no son la panacea para reducir inmediatamente el paro, pero pueden favorecer la creaci¨®n de empleo. Es el caso de la suspensi¨®n durante dos a?os del l¨ªmite al encadenamiento de contratos temporales, que obligaba a hacer fijos a los trabajadores que en un periodo de 30 meses hubieran encadenado contratos temporales durante 24 meses. Tambi¨¦n merece una valoraci¨®n favorable la medida que prev¨¦ la creaci¨®n de un contrato de formaci¨®n y aprendizaje para menores de 30 a?os. Con ella se trata de aliviar esa tasa de desempleo juvenil, superior al 46%, que constituye una de las manifestaciones m¨¢s expl¨ªcitas del drama laboral espa?ol.

La pr¨®rroga por seis meses de la ayuda de 400 euros para parados que hayan agotado la prestaci¨®n por desempleo es apenas un paliativo. Es verdad que podr¨ªa haberse aprovechado para introducir otras reformas en el mercado de trabajo. La de la contrataci¨®n a tiempo parcial, por ejemplo. Pero el Gobierno parece haber optado por una dosificaci¨®n de las reformas que favorece las cr¨ªticas, como las de las organizaciones empresariales y los sindicatos. Pero es una insensatez desautorizarlas completamente, como ha hecho el Partido Popular.