Rubalcaba: "No quiero ni una cifra en la Constituci¨®n"
Zapatero y Rajoy pactaron incluir un d¨¦ficit del 0,35%, que el candidato rechaz¨®
Las propuestas de reforma constitucional defendidas por Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero y Mariano Rajoy compart¨ªan m¨¢s coincidencias entre ellas que con el acuerdo que finalmente alcanzaron sus partidos la madrugada del pasado viernes. Tanto el presidente del Gobierno como el l¨ªder del PP estaban a favor de fijar el tope de d¨¦ficit para 2020 en el 0,35% y que esa cifra se recogiera en la norma fundamental. El acuerdo alcanzado, sin embargo, ampl¨ªa esa limitaci¨®n al 0,4% y la coloca en una ley org¨¢nica, lo que la hace mucho m¨¢s sencilla de reformar. Basta mayor¨ªa absoluta.
Fuentes del PSOE aseguran que la rebaja de las expectativas de ambos l¨ªderes se debi¨® a las objeciones del candidato socialista a la presidencia del Gobierno, Alfredo P¨¦rez Rubalcaba, en quien Zapatero dej¨® las riendas de la negociaci¨®n con el PP desde el anuncio de la reforma en el pleno del Congreso del pasado martes, seg¨²n las mismas fuentes. Aparte de dirigir la negociaci¨®n con la oposici¨®n, Rubalcaba estuvo durante los tres d¨ªas que duraron las conversaciones en continuo contacto con La Moncloa. Mantuvo, seg¨²n fuentes socialistas, una negociaci¨®n a dos bandas en la que el candidato logr¨® que las posturas del Gobierno y el PP se flexibilizaran.
Rubalcaba le dijo a Zapatero que la cifra del 0,35% era "una barbaridad"
El PP batall¨® y logr¨® atar el d¨¦ficit a los criterios de la Uni¨®n Europea
Por orden de rigidez, la iniciativa m¨¢s dura sobre la mesa era la de Mariano Rajoy. El l¨ªder del PP, adem¨¢s de incluir en el primer apartado del nuevo art¨ªculo 135 de la Constituci¨®n el principio de estabilidad presupuestaria, pretend¨ªa que se recogiera la obligatoriedad del equilibrio presupuestario. Es decir, que a partir de la entrada en vigor de la reforma constitucional, todas las Administraciones estuvieran necesariamente sujetas al d¨¦ficit cero. Zapatero, sin embargo, defend¨ªa no incluir esta ¨²ltima menci¨®n en la modificaci¨®n. Al final, la propuesta de reforma constitucional recoge el d¨¦ficit cero, pero solo para las entidades locales (municipios y diputaciones provinciales). Estado y comunidades aut¨®nomas quedan exentos.
El jefe del Ejecutivo y el l¨ªder de la oposici¨®n coincid¨ªan adem¨¢s en instaurar como cifra tope para el d¨¦ficit estructural de las Administraciones -el que no depende de los ingresos o gastos extra que generan los vaivenes de la econom¨ªa, es decir, sin contar los incrementos de recaudaci¨®n en ¨¦pocas de bonanza o los gastos sociales extra en recesi¨®n- en el 0,35%, el mismo porcentaje recogido en la Constituci¨®n alemana desde su reforma en 2009 y que se aplicar¨¢ en 2015. Al final de la negociaci¨®n, el l¨ªmite qued¨® ampliado en media d¨¦cima hasta el 0,4%. En este punto, seg¨²n el PSOE, tambi¨¦n se impuso la tesis de Rubalcaba.
La idea de no consagrar ese porcentaje en la Constituci¨®n parti¨® del candidato, seg¨²n fuentes socialistas. Desde que Zapatero le comunic¨® por tel¨¦fono su intenci¨®n de reformar la norma fundamental y el acuerdo con Rajoy para incluir el tope de d¨¦ficit en ella, Rubalcaba le manifest¨® su oposici¨®n: "No quiero ni una cifra en la Constituci¨®n". Esas fueron las palabras del candidato. Solo unas semanas antes, Rubalcaba hab¨ªa ridiculizado las propuestas del PP en ese sentido. El exvicepresidente sab¨ªa, adem¨¢s, como se demostr¨® despu¨¦s de que el presidente del Gobierno hiciera p¨²blica su propuesta de reforma, que gran parte del PSOE se opondr¨ªa a esa medida.
En lo que no estaban de acuerdo Rajoy y Zapatero era en la mayor¨ªa necesaria en el Parlamento para relajar ese cors¨¦ y no cumplir el tope de d¨¦ficit cuando se dieran condiciones excepcionales como cat¨¢strofes naturales, recesiones econ¨®micas u otras situaciones de emergencia extraordinaria que pudieran implicar desembolsos importantes. El PP quer¨ªa que los dos grandes partidos tuvieran que ponerse de acuerdo al establecer una mayor¨ªa de tres quintos (la misma que se exige para la reforma constitucional) para la modificaci¨®n del l¨ªmite de d¨¦ficit en esos casos. Zapatero, sin embargo, defend¨ªa, al igual que Rubalcaba, lo que finalmente se acord¨®: que el Parlamento pudiera dar ese permiso con una simple mayor¨ªa absoluta.
La exclusi¨®n de la cifra m¨¢xima de d¨¦ficit del texto constitucional da flexibilidad a la restricci¨®n de gasto al dejarla en medio de la arena pol¨ªtica. El 0,4% que recoge el acuerdo alcanzado por ambas formaciones se recoger¨¢ en la ley org¨¢nica que las dos se han comprometido a aprobar antes del 30 de junio de 2012. Pero una vez aprobada bastar¨ªan 176 diputados para reformarla o derogarla y no los 210 que exige una reforma constitucional. Si el PP obtuviera mayor¨ªa absoluta tras las elecciones del 20-N podr¨ªa hacerlo sin contar con nadie m¨¢s.
La portavoz del PP en el Congreso, Soraya S¨¢enz de Santamar¨ªa, asegur¨® el pasado viernes que en los tres d¨ªas que dur¨® la negociaci¨®n con el PSOE, no habl¨® en ning¨²n momento con Rubalcaba, pero el gabinete del candidato socialista se atribuye el ¨¦xito de haber dejado la reforma constitucional en la mera inclusi¨®n del principio de estabilidad presupuestaria, de ampliar la cifra de d¨¦ficit al 0,4% y de sacarla de la norma fundamental para llevarla a una ley org¨¢nica.
El equipo del exvicepresidente del Gobierno, que dirigi¨® a Jos¨¦ Antonio Alonso, Francisco Fern¨¢ndez Marug¨¢n y Txiki Benegas -los negociadores socialistas- desde Ferraz, intent¨® flexibilizar a¨²n m¨¢s las situaciones excepcionales ante las que el Parlamento podr¨ªa ampliar el techo de d¨¦ficit. Adem¨¢s de las cat¨¢strofes naturales y las emergencias extraordinarias, la delegaci¨®n trat¨® de incluir "las fases de grave desaceleraci¨®n". Pero los populares no aceptaron y el t¨¦rmino finalmente incluido fue el de "recesi¨®n".
El mi¨¦rcoles, una vez que los equipos del PSOE y el PP acordaron la cifra l¨ªmite de d¨¦ficit y que esta no se recoger¨ªa en la Constituci¨®n, el ¨²ltimo escollo para alcanzar el pacto fueron las fechas para revisar ese l¨ªmite, recogidas en el acuerdo pol¨ªtico entre ambas formaciones, en funci¨®n de la evoluci¨®n de la econom¨ªa hasta su definitiva entrada en vigor en 2020. El PP planteaba una ¨²nica revisi¨®n que deb¨ªa efectuarse en 2016, pero los socialistas se empe?aron en que fueran dos: en 2015 y en 2018. Al final fue esta ¨²ltima idea que se impuso.
A cambio de todas estas cesiones, el PP exigi¨® que en el nuevo art¨ªculo de la Constituci¨®n se recogiera la obligaci¨®n de que tanto el Estado como las comunidades aut¨®nomas estuvieran atados a los criterios de convergencia de la Uni¨®n Europea. Los socialistas, en principio, se mostraron reacios a la propuesta, que da rango constitucional al l¨ªmite del 60% de deuda p¨²blica respecto al Producto Interior Bruto. Pero al final, los negociadores del PSOE cedieron al entender que el l¨ªmite de d¨¦ficit del 0,4% incluido en el acuerdo pol¨ªtico implicar¨ªa necesariamente una reducci¨®n de la deuda y que eso no supondr¨ªa un gran esfuerzo para Espa?a, cuya tasa actual, que ronda el 70%, no se aleja demasiado de ese l¨ªmite.
Seg¨²n fuentes pr¨®ximas a la negociaci¨®n, los populares no presentaron especial batalla por el resto de los puntos. Sus negociadores -Soraya S¨¢enz de Santamar¨ªa, Crist¨®bal Montoro y Jos¨¦ Luis Ayll¨®n- acudieron a las reuniones con el PSOE con la convicci¨®n de una victoria asegurada: el Gobierno hab¨ªa aceptado aprobar una reforma constitucional que Rajoy hab¨ªa planteado hace un a?o. Por lo dem¨¢s, a pesar del hervidero de peticiones en Twitter y otras redes sociales y de la importancia que Rubalcaba les est¨¢ dando durante la precampa?a, ninguno de los dos partidos plante¨® -ni en sus sedes ni en la mesa de negociaci¨®n- la posibilidad de que la reforma se aprobara por refer¨¦ndum.
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