Una Constituci¨®n dura de reformar
M¨¢s de 82.000 personas piden un refer¨¦ndum para imponer un techo al d¨¦ficit p¨²blico - Los pol¨ªticos espa?oles son reacios a retocar la Carta Magna y a hacer consultas populares
El pasado martes, el presidente del Gobierno, Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero, anunci¨® en el Congreso, para sorpresa de todos, que hab¨ªa pactado con el PP la reforma de la Constituci¨®n para introducir en ella el criterio de estabilidad presupuestaria, lo que facilita el l¨ªmite al d¨¦ficit p¨²blico. Durante toda la semana, los partidos mayoritarios han negociado a matacaballo un texto que registraron en el Congreso para su toma en consideraci¨®n en el pleno de ma?ana. La reforma ha expuesto crudamente dos de las m¨¢s arraigadas tradiciones del derecho pol¨ªtico espa?ol. La extrema celeridad con que se va a modificar el texto constitucional contrasta con la habitual alergia de los dirigentes espa?oles a emprender reformas de calado de la Ley Fundamental, como la que modifique el papel del Senado o la que suprima la prevalencia del hombre en la sucesi¨®n a la Corona.
Peces-Barba: "No hay que dar vueltas a un acuerdo que goza de mayor¨ªa"
P¨¦rez Royo: "La consulta muchas veces es un arma que carga el diablo"
Llamazares: "El PSOE no se ha curado a¨²n de la consulta de la OTAN"
Una catedr¨¢tica cree que la mayor¨ªa parlamentaria ya da garant¨ªa democr¨¢tica
La reforma de la Ley Fundamental que plante¨® el PSOE duerme en un caj¨®n
Navarro: "Espa?a es una de las democracias menos participativas"
Esta aversi¨®n a los cambios choca, adem¨¢s, con la relativa naturalidad con la que otros pa¨ªses europeos ponen al d¨ªa sus normas b¨¢sicas. "En Espa?a nuestra tradici¨®n en materia de reforma constitucional es que no hay reforma. Aqu¨ª, si se quiere cambiar la Constituci¨®n se cambia directamente de Constituci¨®n, y esa es una tradici¨®n muy mala", afirma Roberto Blanco, catedr¨¢tico de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago de Compostela, que resume la opini¨®n de sus colegas catedr¨¢ticos consultados por este peri¨®dico.
La segunda costumbre hisp¨¢nica que ha revelado la reforma expr¨¦s es la escasa afici¨®n al refer¨¦ndum como forma de ratificaci¨®n de los acuerdos pol¨ªticos. En este caso, el h¨¢bito es compartido con la inmensa mayor¨ªa de las democracias occidentales con la excepci¨®n de Suiza, un destino bastante ex¨®tico en materia de organizaci¨®n pol¨ªtica, y de algunos estados de EE UU, como California. Sin embargo, esta vez el hecho de que la modificaci¨®n constitucional del techo de gasto se tramite por el procedimiento ordinario previsto en su art¨ªculo 167, que excluye la posibilidad de consulta popular a menos que lo soliciten un 10% de diputados o senadores, ha puesto en pie de guerra a la izquierda minoritaria. Tambi¨¦n ha desatado un notable movimiento de protesta en Internet.
Al cierre de esta edici¨®n 82.177 personas hab¨ªan firmado un manifiesto, promovido por el catedr¨¢tico de Ciencias Pol¨ªticas y Sociales de la Universidad Pompeu Fabra Vicen? Navarro, para exigir a los portavoces de los grupos parlamentarios en el Congreso y el Senado que fuercen la convocatoria del refer¨¦ndum vinculante sobre la reforma de la Constituci¨®n. En la iniciativa, colgada en la p¨¢gina web www.actuable.es, Navarro afirma que "la democracia espa?ola es de las menos participativas de las existentes en la Uni¨®n Europea" y hace un llamamiento al Movimiento del 15-M a secundar la protesta pro consulta popular. Tambi¨¦n en el magma opinativo de las redes sociales, en especial en Twitter, la petici¨®n del refer¨¦ndum ha sido tema destacado. Las firmas de Internet carecen de validez jur¨ªdica, pero simbolizan la presi¨®n a los parlamentarios, los ¨²nicos que pueden forzar un refer¨¦ndum para cambiar la Constituci¨®n. Ayer, en Madrid, unas 1.500 personas se manifestaron para pedir un refer¨¦ndum para la reforma constitucional y hab¨ªa actos convocados en otras ciudades.
Los catedr¨¢ticos discrepan abiertamente sobre la conveniencia de llevar a la Constituci¨®n una reforma que incluya el techo de gasto y sobre la f¨®rmula sumar¨ªsima que se ha escogido. Sin embargo, todos coinciden en que se trata de una cuesti¨®n "muy t¨¦cnica" que "en principio" no requerir¨ªa pasar por un refer¨¦ndum.
Gregorio Peces-Barba, catedr¨¢tico de Filosof¨ªa del Derecho de la Universidad Carlos III y uno de los siete padres de la Constituci¨®n de 1978 a propuesta del PSOE, se muestra favorable a la reforma y considera que "no tiene mucho sentido estar dando vueltas a algo en lo que est¨¢n de acuerdo aquellos que tienen mayor¨ªa suficiente".
En una l¨ªnea parecida se manifiesta Javier P¨¦rez Royo, catedr¨¢tico de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla. Para ¨¦l, la reforma del art¨ªculo 135 de la Ley Fundamental registrada esta pasada semana "no es propiamente una reforma sino que es la constitucionalizaci¨®n de una situaci¨®n de emergencia econ¨®mica". Seg¨²n ¨¦l, los plazos para la convocatoria y la celebraci¨®n de un refer¨¦ndum supondr¨ªan una "cierta contradicci¨®n" con una actuaci¨®n que se pretende perentoria.
"Pongamos que se convoca un refer¨¦ndum y sale que no. Ah¨ª transmitir¨ªamos el contramensaje m¨¢s fuerte que podemos transmitir. Si pasara eso, no me querr¨ªa imaginar con qu¨¦ prima de riesgo iba a colocar Espa?a su deuda", afirma P¨¦rez Royo.
El jurista sevillano tira de derecho comparado y de historia europea reciente y pasada para sopesar el riesgo de una consulta popular. "El refer¨¦ndum es un arma que carga el diablo, porque muchas veces se utiliza como arma de los ciudadanos para protestar contra el poder constituido. (...) En Espa?a, el refer¨¦ndum sobre la permanencia en la OTAN de 1986 se gan¨®, pero por muy poco. En Francia es casi una tradici¨®n que el Gobierno los pierda: perdi¨® el de mayo de 1946 sobre la Constituci¨®n de la IV Rep¨²blica; el refer¨¦ndum constitucional de abril de 1969, lo que forz¨® la renuncia de Charles de Gaulle; y en 2005, el de ratificaci¨®n de la Constituci¨®n europea. En este tiempo, los ¨²nicos que se aprueban en Francia son el de la V Rep¨²blica, de 1958, el de la elecci¨®n del presidente por sufragio universal y m¨¢s adelante el del Tratado de Maastricht, aunque este solo con el 50,2% de votos favorables", recuerda el catedr¨¢tico.
La tradici¨®n del refer¨¦ndum no se da en muchos pa¨ªses, prosigue P¨¦rez Royo: "En Estados Unidos los referendos solo son estatales, los federales est¨¢n prohibidos, y tienen m¨¢s papel de iniciativa legislativa que de actuaci¨®n jur¨ªdica. Suiza es la excepci¨®n y no sirve como punto de referencia. All¨ª, aunque hay multitud de consultas, la participaci¨®n suele ser mucho m¨¢s baja que la registrada en Espa?a con los referendos de estatutos de autonom¨ªa. En Alemania lo tienen constitucionalmente prohibido y en el Reino Unido no se hace pr¨¢cticamente nunca, creo que solo una vez desde la II Guerra Mundial".
El miedo a que los votantes rechacen la propuesta de fijar un techo de gasto en la Constituci¨®n es, seg¨²n el diputado Gaspar Llamazares, la clave que explica la no convocatoria del refer¨¦ndum. "Es poco edificante que los partidos mayoritarios hablen de escuchar a la gente y hacer gui?os al 15-M y cuando llega la ocasi¨®n de demostrar esa voluntad se nieguen sistem¨¢ticamente a convocar el refer¨¦ndum. El PP no los convoca porque lleva en sus genes organizar el partido y el Estado de arriba hacia abajo y el PSOE se cur¨® para muchas d¨¦cadas tras el escarmiento que sufri¨® en el refer¨¦ndum de la OTAN, que todav¨ªa le dura", sostiene el diputado de Izquierda Unida. Esta formaci¨®n ha sido la principal valedora, con UPyD y BNG, de la improbable consulta popular. Posteriormente se ha sumado a la petici¨®n el portavoz de CiU, Josep Antoni Duran i Lleida.
Para Mar¨ªa Luisa Balaguer, catedr¨¢tica de Derecho Constitucional de la Universidad de M¨¢laga, la convocatoria del refer¨¦ndum "no ofrece mayores garant¨ªas democr¨¢ticas" que la ratificaci¨®n de la reforma de la Constituci¨®n por tres quintos de los parlamentarios en el Congreso y el Senado, como obliga la propia Ley Fundamental. En su opini¨®n, el principio de estabilidad presupuestaria que se va a consagrar en el texto constitucional es un "tema muy t¨¦cnico que se escapa un poco al debate ciudadano". Adem¨¢s, constata, "parece que la urgencia impide una reforma de la Constituci¨®n con tanto debate".
Los juristas coinciden en que el refer¨¦ndum no es necesario en este caso, no solo desde el punto de vista legal sino tambi¨¦n desde el pol¨ªtico. Las diferencias entre los expertos surgen al analizar el procedimiento utilizado para implantar la reforma. El m¨¢s duro, sin duda, es Roberto Blanco. El catedr¨¢tico gallego considera "disparatado" que se plantee la reforma constitucional "sin consenso, a toda velocidad y con la legislatura ya acabada desde que Zapatero anunci¨® la fecha de las elecciones". "Esto va ser un tr¨¢gala para las minor¨ªas, que representan a cinco o seis millones de espa?oles", prosigue Blanco, "y se corre el riesgo de deslegitimar la Constituci¨®n al estirarla y contraerla como un chicle. Si hay tanta urgencia, el presidente del Gobierno deber¨ªa tener la valent¨ªa de decirle al pa¨ªs por qu¨¦ promueve la reforma, y no se lo ha explicado ni a su propio partido".
Seg¨²n este catedr¨¢tico, "la invocaci¨®n de la urgencia no puede ser una invocaci¨®n abstracta". Adem¨¢s, considera que en este acuerdo se debi¨® haber contado con la opini¨®n del Consejo de Pol¨ªtica Fiscal y Financiera -que re¨²ne a los consejeros de Econom¨ªa y Hacienda de las regiones- y a la Federaci¨®n Espa?ola de Municipios y Provincias, ya que la reforma afecta al gasto de las comunidades aut¨®nomas y las entidades locales.
Enfrente, Peces-Barba recuerda que "la Constituci¨®n est¨¢ para usarla, no es una cosa sagrada e intocable" y opina que "est¨¢ bien" que se le d¨¦ "dignidad constitucional" a la estabilidad presupuestaria. Eso s¨ª, seg¨²n el redactor de la Ley Fundamental, "se deber¨ªa garantizar todo el progreso social que se ha logrado en este pa¨ªs en el ¨¢mbito de la sanidad, la educaci¨®n y la seguridad social, sobre todo por los Gobiernos del PSOE". Para Peces-Barba, que la reforma de 2011 no logre el consenso alcanzado en 1978 no supone mayor problema. "Ser¨ªa mucho mejor que estuvieran todos de acuerdo, pero all¨¢ ellos si no lo ven. Eso no debe echar para atr¨¢s la reforma", afirma.
Los catedr¨¢ticos andaluces -P¨¦rez Royo y Balaguer- ocupan una posici¨®n intermedia. Para ellos, la introducci¨®n del techo de gasto en la Constituci¨®n es una medida de urgencia derivada, adem¨¢s, del proceso de construcci¨®n europea. "En teor¨ªa las constituciones no est¨¢n concebidas para aplacar a los mercados y su reforma debe hacerse de manera adecuada, pero la necesidad obliga. Si nos encontramos con que los mercados no compran deuda p¨²blica espa?ola, con que no nos podemos financiar y con que el Estado entra en quiebra, entonces podemos tener la Constituci¨®n m¨¢s bonita que queramos, que no servir¨¢ para nada", afirma Javier P¨¦rez Royo. "No me extra?ar¨ªa que en el azaroso proceso de construcci¨®n pol¨ªtica europea se tengan que dar muchas m¨¢s garant¨ªas econ¨®micas", a?ade.
La reforma m¨¢s amplia de la Constituci¨®n planteada hasta ahora reposa en un caj¨®n. La llev¨® Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero en su programa electoral de 2004 y afectaba a cuatro puntos muy concretos: la igualdad del hombre y la mujer en la sucesi¨®n en la Jefatura del Estado, la reforma del Senado, la inclusi¨®n del nombre de las comunidades aut¨®nomas y la menci¨®n a la Constituci¨®n europea. Sin embargo, la tensi¨®n territorial derivada de la reforma de los estatutos de autonom¨ªa y el temor a abrir un debate sobre la Corona dieron al traste con el proyecto. El propio Zapatero lo desech¨® en 2008 tras no lograr el m¨ªnimo consenso y el l¨ªder del PP, Mariano Rajoy, al ser preguntado por ello esta semana, afirm¨® que "en el futuro, Dios proveer¨¢". Peces-Barba opina que el PP se neg¨® inicialmente a incorporar estos cambios al texto "porque quieren hacerlos ellos, y eso puede cambiar el sentido de esas reformas, aunque en todo caso necesitar¨¢n al PSOE".
Respecto a la poca inclinaci¨®n de los espa?oles a reformar la Constituci¨®n, P¨¦rez Royo afirma que "es una asignatura pendiente" que nos diferencia del resto de pa¨ªses europeos. "Aqu¨ª no reformamos nunca, hacemos una Constituci¨®n nueva cuando estamos al borde del abismo o porque no hay m¨¢s remedio: cuando se muere Franco, con el 14 de abril de 1931 o en 1876, tras la huida de Amadeo de Saboya y la guerra carlista".
Cinco firmas por segundo en Internet para lograr la consulta popular
- Decenas de miles de personas, a raz¨®n de cinco firmas por segundo en las horas de m¨¢s tr¨¢fico, han secundado la petici¨®n en Internet para que se convoque un refer¨¦ndum para la reforma constitucional del techo de gasto. Francisco Polo, consejero delegado de actuable.es, web que centraliza la petici¨®n, asegura que "los pol¨ªticos muestran serias carencias democr¨¢ticas" al no aceptar el refer¨¦ndum y sostiene que quienes "verdaderamente hacen pol¨ªtica 2.0 son los ciudadanos".
- El catedr¨¢tico de Ciencias Pol¨ªticas y Sociales Vicen? Navarro, promotor de la iniciativa on line a favor de la consulta popular, opina que la negativa de los partidos mayoritarios al refer¨¦ndum "es una muestra de las claras insuficiencias de la democracia espa?ola", y reclama la "expansi¨®n de las formas de democracia directa". Navarro augura, no obstante, que con la presi¨®n de los internautas y del movimiento 15-M "no es tan dif¨ªcil que se re¨²nan los votos" de diputados y senadores para forzar la consulta.
- En los 35 a?os de historia democr¨¢tica espa?ola se han celebrado 11 referendos, -cuatro con cuestiones generales y siete de ratificaci¨®n de Estatutos de Autonom¨ªa- y en todos ellos se ha logrado aprobar la norma que se buscaba ratificar.
- La participaci¨®n m¨¢s alta en una consulta popular se alcanz¨® en la del 15 de diciembre de 1976 sobre la Ley de Reforma Pol¨ªtica, con un 77,8% de votantes, seguido del refer¨¦ndum de 6 de diciembre de 1978 para la ratificaci¨®n de la Constituci¨®n Espa?ola, en la que vot¨® un 67,11%. El refer¨¦ndum regional m¨¢s exitoso fue sobre la iniciativa del proceso auton¨®mico de Andaluc¨ªa, el 28 de febrero de 1980, con un 64,19% del censo.
- Por el contrario, la respuesta popular m¨¢s baja se obtuvo en el refer¨¦ndum sobre el Estatuto de Autonom¨ªa para Galicia, del 21 de diciembre de 1980. En esa ocasi¨®n, solo particip¨® un 28,27% de los votantes potenciales. M¨¢s recientemente, los referendos de ratificaci¨®n de la Constituci¨®n Europea (2005) y de la reforma de los estatutos catal¨¢n y andaluz cosecharon participaciones inferiores al 50%.
- La introducci¨®n de medidas econ¨®micas para reducir la deuda en una constituci¨®n no es precisamente una innovaci¨®n jur¨ªdica de ¨²ltimo momento. La 14? Enmienda de la Constituci¨®n de Estados Unidos, de 1868, ya preve¨ªa el pago de la deuda p¨²blica generada por la Uni¨®n durante la Guerra de Secesi¨®n. Posteriormente, en Francia, en 1926, la Ley Constitucional de la III Rep¨²blica cre¨® una caja aut¨®noma que gestionara los bonos emitidos para la defensa nacional y la amortizaci¨®n de la deuda.
Tu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo
?Quieres a?adir otro usuario a tu suscripci¨®n?
Si contin¨²as leyendo en este dispositivo, no se podr¨¢ leer en el otro.
FlechaTu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PA?S desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripci¨®n a la modalidad Premium, as¨ª podr¨¢s a?adir otro usuario. Cada uno acceder¨¢ con su propia cuenta de email, lo que os permitir¨¢ personalizar vuestra experiencia en EL PA?S.
En el caso de no saber qui¨¦n est¨¢ usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contrase?a aqu¨ª.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrar¨¢ en tu dispositivo y en el de la otra persona que est¨¢ usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aqu¨ª los t¨¦rminos y condiciones de la suscripci¨®n digital.