Una iniciativa peligrosa

El Congreso de los Diputados decide hoy sobre la toma en consideraci¨®n de la propuesta de reforma del art¨ªculo 135 de la Constituci¨®n, que se vota el viernes. Entre el anuncio por parte de Zapatero de la propuesta, previamente consensuada con Rajoy, y la sesi¨®n de hoy se han producido dos hechos que a?aden ruido innecesario a la medida: el surgimiento de voces que reclaman aprovechar la reforma para introducir otras modificaciones en la Carta Magna; y la petici¨®n de que, en todo caso, la decisi¨®n sea sometida a refer¨¦ndum.

Ambos planteamientos van en sentido contrario al objetivo m¨¢s inmediato de la reforma: constitucionalizar el compromiso de equilibrio presupuestario como garant¨ªa reforzada ante los inversores internacionales. La vicepresidenta del Gobierno catal¨¢n plantea que, "puestos a fijar topes, se acote la solidaridad de Catalu?a con el resto de Espa?a"; el principal partido del Pa¨ªs Vasco, el PNV, anuncia que aprovechar¨¢ el viaje para introducir el derecho de autodeterminaci¨®n, y los nacionalistas canarios para que se reconozca su singularidad insular. Lo que transmiten esas salidas en tromba es falta de seriedad de los responsables pol¨ªticos. Sobre todo porque banalizan la reforma misma y el objetivo que persigue.

Agravan tambi¨¦n la tacha de improvisaci¨®n con que ciertamente naci¨® la iniciativa. Especialmente si se a?ade la incertidumbre asociada a la demanda de refer¨¦ndum, que la reforma no requiere pero es posible celebrar si consigue el aval de al menos el 10% de las C¨¢maras. Ese porcentaje se alcanzar¨ªa en el Congreso si recibe el apoyo de 35 diputados. PSOE y PP suman 323, por lo que el resto, 27 diputados, no alcanza el m¨ªnimo. A no ser que haya fuga de votos en alguno de los dos partidos, lo que no es del todo imposible en el PSOE.

Las voces cr¨ªticas surgidas en su interior contra la iniciativa cuentan con argumentos defendibles, pero tambi¨¦n lo son las de signo contrario, dadas las condiciones especial¨ªsimas en que se ha planteado, en respuesta a exigencias exteriores dif¨ªcilmente soslayables. Lo que no tendr¨ªa sentido es convertir el debate sobre el contenido de la reforma consensuada entre los dos principales partidos en una pugna por el refer¨¦ndum. Si llegase a celebrarse -con el despliegue y el gasto correspondiente- la participaci¨®n ser¨ªa probablemente muy escasa, lo que a?adir¨ªa incertidumbre al desenlace. Pero ?c¨®mo evitar que la mera posibilidad de su celebraci¨®n sea considerada por esos mercados tan sensibles a lo imprevisto un factor a?adido de riesgo que penalice nuestra deuda soberana?

El sistema acordado, que remite a una ley org¨¢nica el desarrollo de los principios plasmados en la reforma, permitir¨¢ afinar los aspectos m¨¢s pol¨¦micos de la misma, como la distribuci¨®n de los l¨ªmites de d¨¦ficit y deuda entre las diferentes Administraciones, los supuestos excepcionales en que podr¨¢n superarse esos l¨ªmites y las sanciones en caso de incumplimiento: una ley org¨¢nica, lo que posibilitar¨¢ la deliberaci¨®n sosegada y las matizaciones que un refer¨¦ndum no permite.