Un fuerte despliegue policial abre una nueva oleada de desahucios

La resistencia de Elisa D¨ªaz y sus vecinos ha durado 117 d¨ªas. Para doblegarles han hecho falta cuatro acometidas. Pero ayer claudicaron. A las 8.05 horas, los Mossos d'Esquadra cumplieron el mandato judicial que no pudieron ejecutar, por la f¨¦rrea oposici¨®n de los vecinos, el 8 de marzo, el 2 de junio y el 21 de ese mismo mes. La convocatoria de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) para ayudar a Elisa por cuarta vez result¨® insuficiente. La mujer, su hija de seis a?os y su pareja, Ify, dormir¨¢n hasta el domingo en un hostal. Despu¨¦s, tendr¨¢n que buscarse la vida. El Ayuntamiento de Montcada i Reixac les hab¨ªa ofrecido un piso de alquiler por 400 euros, pero la familia lo rechaz¨® porque es casi tanto como el ¨²nico ingreso familiar: la Renta M¨ªnima de Inserci¨®n (RMI) que percibe Ify.

La pareja se qued¨® en el paro y sin poder pagar la hipoteca. El banco inici¨® el proceso para echarles del piso, en Montcada, y les exige que salde una deuda de 300.000 euros. En marzo, la secretar¨ªa judicial top¨® con un centenar de vecinos apostados frente al n¨²mero 3 de la calle del Duque de Tetu¨¢n. En aquellas condiciones, el desalojo no era aconsejable. Lo mismo pas¨® en junio, pese a la presencia policial. Tres hitos de la PAH que la maquinaria judicial ha echado por tierra.

El contundente despliegue policial -cuatro furgonetas y una veintena de agentes antidisturbios- apenas encontr¨® resistencia en las cinco personas congregadas frente a la vivienda. Una de ellas recibi¨® un empuj¨®n de un polic¨ªa y cay¨® al suelo. Despu¨¦s, pas¨® lo que ten¨ªa que pasar y, entre abrazos de amigos y vecinos, Elisa y su familia fueron expulsados. El fin de la resistencia de Montcada marca el inicio de un oto?o en el que cientos de familias vivir¨¢n un drama similar en Catalu?a. En toda Espa?a, en el primer trimestre del a?o, los juzgados ordenaron 1.925 lanzamientos, seg¨²n el Consejo General del Poder Judicial. Las entidades sociales han llamado a los ciudadanos a movilizarse para detener una veintena de desahucios que se ejecutar¨¢n en septiembre en el ¨¢rea de Barcelona.

La oposici¨®n a los desalojos topa cada vez con m¨¢s trabas. La pr¨¢ctica habitual de los jueces consiste en fijar una fecha (d¨ªa y hora) para el lanzamiento. Ese sistema da cierta ventaja a la PAH, que puede movilizar recursos y personal. Gracias a ellos, han paralizado unos 35 desahucios en Catalu?a. Ahora, algunos jueces optan por dejar abierta la fecha para evitar la presi¨®n social.Casos como el de Vic (Osona), donde 11 vecinos han sido condenados a pagar multas de 180 euros por intentar frenar, sin ¨¦xito, la expulsi¨®n de una familia, suponen una amenaza para el futuro del movimiento contra los desahucios. La sentencia considera que los vecinos son responsables de una falta de desobediencia a la autoridad. Los agentes les pidieron que se apartasen de la calle para ejecutar el desahucio de Ernest Owusu, su mujer Anita Twenenoda y sus dos hijos, de seis y un a?o. No lo hicieron.

En lugar de dejar las cosas como estaban y a pesar de que el mandato judicial se hab¨ªa llevado a cabo, los Mossos d'Esquadra decidieron llevar a los protestantes ante el juez en una acci¨®n in¨¦dita. La decisi¨®n judicial, que absuelve a la pareja por su "delicada situaci¨®n personal" y porque la mujer estaba en avanzado estado de gestaci¨®n, tampoco convence a abogados y expertos en la materia, que piden "sensibilidad" a la Administraci¨®n.

"Polic¨ªas y jueces tienen que ser m¨¢s sensibles que nunca en un momento de crisis. Al ser tan leg¨ªtima la causa de la protesta, se vuelve m¨¢s ileg¨ªtima la actuaci¨®n de la polic¨ªa", argumenta Jaume Asens, abogado y experto en movimientos sociales. "Hacemos un llamamiento a la responsabilidad de polic¨ªas y jueces para que tengan en cuenta que en estos casos hay una colisi¨®n de derechos, especialmente cuando hay menores de por medio", razona Antoni Iborra, el abogado que ha defendido a la familia y a los vecinos ahora condenados.

Iborra recurrir¨¢ la sentencia de Vic ante la Audiencia de Barcelona porque considera que adolece de una "falta de motivaci¨®n consciente y deliberada". El abogado a?ade que no concurren los requisitos para concluir que la acci¨®n de los vecinos pueda considerarse un caso de desobediencia, ya que "la protesta fue pac¨ªfica y, adem¨¢s, no impidi¨® que se ejecutara el desahucio".

"Lo que ha pasado en Vic es un acto m¨¢s de rechazo a la crisis. Las leyes se han de interpretar en funci¨®n del contexto social", tercia la abogada del Col¡¤lectiu Ronda Montse Serrano, especializada en ejecuciones hipotecarias. Serrano teme que el caso de Vic siente un precedente que sirva, a la postre, para frenar la solidaridad de los vecinos con las familias afectadas. "Espero que sea un hecho aislado, porque muestra un grave distanciamiento entre la justicia y la sociedad", matiza Serrano, que critica los procedimientos judiciales porque "no permiten que el juez examine las causas del impago".

La abogada considera "contradictorio" que el juzgado de instrucci¨®n n¨²mero 3 de Vic haya impuesto una multa a los vecinos, pero no a la pareja afectada por su precaria situaci¨®n personal. "Las mismas razones que sirven para absolver al matrimonio sirven para los vecinos", a?ade Iborra, que s¨ª considera el caso de Vic un salto cualitativo en "una nueva estrategia para intimidar a los ciudadanos".

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca considera que las convocatorias judiciales "sin concretar fecha ni hora" y las actuaciones policiales suponen un "abuso de facultades" y critica que las administraciones se "desentiendan" del problema.