Lucro a costa de un colectivo en desventaja

La historia comenz¨® (al menos para la opini¨®n p¨²blica) con la denuncia de un empresario que acusaba a la Junta de Andaluc¨ªa ante el juez de asfixiarle econ¨®micamente al no entregarle fondos provenientes de la Uni¨®n Europea, que le correspond¨ªan a su compa?¨ªa de telem¨¢rketing, MFK, por emplear a discapacitados. Pese a que la Consejer¨ªa de Empleo admiti¨® -aduciendo una retah¨ªla de razones- los impagos a varias de estas empresas, tanto la Junta, como la central sindical CC OO como la Inspecci¨®n de Trabajo (dependiente del Gobierno central), acusan al administrador de MFK, Eduardo de los Santos, de haberse lucrado con la contrataci¨®n de discapacitados, a los que no les pagaba y desped¨ªa en periodo de pr¨¢ctica. Una medida tan loable como es facilitar empleo estable a un colectivo en desventaja se ha convertido en un retrato de chapuzas, falta de control en la vertiente p¨²blica y de picaresca descarnada en la empresarial.

La Fiscal¨ªa Superior trabaja sobre la denuncia de la central sindical

Inspecci¨®n detect¨® "enriquecimiento injusto por parte de la empresa"

MFK contraatac¨® con una denuncia por "prevaricaci¨®n" contra Empleo

Las subvenciones las da la Junta, pero la Seguridad Social controla el empleo

La Inspecci¨®n de Trabajo mantiene abiertas cuatro actas de infracci¨®n contra la empresa de telem¨¢rketing MFK, compa?¨ªa que investiga la Fiscal¨ªa Superior por un supuesto fraude en la contrataci¨®n a discapacitados en Granada, Ja¨¦n y M¨¢laga. La empresa recib¨ªa las correspondientes subvenciones de la Consejer¨ªa de Empleo por emplear a discapacitados y a continuaci¨®n les desped¨ªa presuntamente sin otra causa que el no haber superado el periodo de prueba, adem¨¢s de no abonarles el periodo trabajado.

Ante los impagos y numerosas denuncias de trabajadores y el sindicato CC OO, la Inspecci¨®n de Trabajo visit¨® la sede de la empresa en Granada y a continuaci¨®n propuso cuatro actas de infracci¨®n: una calificada como "muy grave" por impago de salarios de los trabajadores y que incluye una multa de 15.000 euros, otra "grave" por una irregular prevenci¨®n de riesgos laborales con 2.046 euros de sanci¨®n, una tercera "grave" por obstrucci¨®n a la labor inspectora con 626 euros, y finalmente otra propuesta de sanci¨®n "grave" con una posible multa de 626 euros por impago de "subsidio de incapacidad laboral transitoria".

"La empresa sucesivamente iba sustituyendo a los trabajadores, a los que se les generaba deuda sucesivamente y un grave perjuicio econ¨®mico, con un enriquecimiento injusto por parte de la empresa, que adeudaba los salarios", denuncia la inspectora de Trabajo en uno de sus informes sobre MFK. "La empresa les conminaba para que firmasen las n¨®minas, pese a no haber recibido cantidad alguna, haci¨¦ndolo algunos de ellos", detalla la inspectora sobre los impagos que 18 trabajadores sufrieron desde el pasado febrero. Adem¨¢s, la funcionaria denuncia a la empresa por obstruir su labor, ya que "provoc¨® el retraso de las investigaciones inspectoras". La visita de la Inspecci¨®n se produjo el pasado 23 de marzo tras las diferentes denuncias presentadas ante la Junta y el Ministerio de Trabajo por sindicalistas y trabajadores. Despu¨¦s del examen de la Inspecci¨®n entre marzo y abril, en mayo el ministerio concret¨® las propuestas de sanci¨®n.

La respuesta del administrador de MFK, fue contraatacar -con un claro trasfondo y soporte pol¨ªtico- y querellarse contra 14 altos cargos de la Consejer¨ªa de Empleo por un supuesto delito de apropiaci¨®n indebida, estafa y prevaricaci¨®n, en relaci¨®n con las ayudas que hab¨ªa dejado de cobrar como centro especial de empleo. El Juzgado 3 de Instrucci¨®n de Sevilla investiga ahora el caso.

La empresa de telem¨¢rketing ha pedido la suspensi¨®n de las sanciones propuestas por Trabajo debido a la investigaci¨®n que mantiene el juzgado tras la querella. En caso de que las cuatro actas de infracci¨®n prosperaran, la Junta ser¨ªa la encargada de imponer finalmente la multa a la empresa.

Esta semana CC OO cifr¨® en un mill¨®n la posible estafa y cree que es solo la "punta del iceberg". Entre las principales quejas de los extrabajadores de MFK destacan las amenazas de dejarles de pagar si no vend¨ªan, pese a que, seg¨²n sus testimonios, durante bastante tiempo no dispusieron de terminales telef¨®nicas desde las que trabajar o que ni siquiera dispon¨ªan de mobiliario tan b¨¢sico como sillas para todos en la oficina. "Tuvimos que pedir muchas veces disculpas por las llamadas. Est¨¢bamos hacinados", denunci¨® una de las extrabajadoras que pidi¨® el anonimato. Otro empleado denunci¨® que hab¨ªa desempe?ado su trabajo bajo "acoso laboral".

La empresa, que asegura que mantuvo hasta 95 puestos de trabajo, alega que los impagos a sus empleados se produjeron porque la Junta retuvo 450.000 euros en subvenciones que le correspond¨ªan desde 2009 y la situaci¨®n econ¨®mica era insostenible. "No tengo por qu¨¦ justificar que un trabajador no pasara un periodo de prueba", alega el administrador de la empresa. El directivo ha avanzado que reclamar¨¢ las cuatro actas de infracciones contra su empresa, pero que al figurar una delegada de Empleo en la querella, esperar¨¢ al resultado de la investigaci¨®n judicial para mover ficha. Asimismo, De los Santos niega que obstruyera la labor de la inspectora de Trabajo y asegura que al no poder acudir a una cita con ella, la emplaz¨® a mantener la reuni¨®n otro d¨ªa y este cambio de fechas fue concedido sin mayor problema.

Los centros especiales de empleo como MFK son empresas convencionales cuya plantilla est¨¢ formada al menos en un 70% por discapacitados. Entre sus objetivos est¨¢ la integraci¨®n laboral de las personas con discapacidad, de ah¨ª los incentivos que canaliza Empleo, que sin embargo arrastra una deuda con 57 de estos centros desde 2008 de al menos 14 millones. "La empresa ha encontrado un hueco por donde defraudar. Las subvenciones se reciben desde la Junta por contratos indefinidos, pero el mantenimiento de estos est¨¢ controlado por la Seguridad Social, y ambos son compartimentos estancos", opina el asesor jur¨ªdico de CC OO, Amador Torres.