Una ins¨®lita reforma
Sobran las razones para suponer que la reforma del art¨ªculo 135 de la Constituci¨®n, consensuada de manera apresurada por socialistas y populares en los ¨²ltimos d¨ªas de agosto, pretende contrarrestar las posibles turbulencias en los mercados internacionales de deuda que pudieran provocar este oto?o el rescate europeo de la econom¨ªa espa?ola. La teatral decisi¨®n de situar la estabilidad presupuestaria por encima del escal¨®n legislativo tiene como precedente la reforma constitucional alemana de 2009 y parece una respuesta a las se?ales de alarma emitidas por el Banco Central Europeo.
En una perspectiva hist¨®rica, medidas como la reducci¨®n del d¨¦ficit estructural pudieran ser una manera de contribuir a la cohesi¨®n del proyecto europeo y de ir pertrech¨¢ndolo con los instrumentos de un gobierno com¨²n. En teor¨ªa, la p¨¦rdida de soberan¨ªa nacional que implican las autolimitaciones o transferencias de poder estatales son un requisito para la construcci¨®n de Europa, que necesita no solo unidad de mercado y unidad monetaria sino tambi¨¦n pol¨ªticas presupuestarias y fiscales comunes. En la pr¨¢ctica, sin embargo, la complejidad imprecisa del art¨ªculo 135 de la Constituci¨®n, la remisi¨®n para su desarrollo a una ley org¨¢nica que deber¨¢ ser aprobada antes del 30 de junio de 2012 y el aplazamiento hasta 2020 de los l¨ªmites del d¨¦ficit estructural m¨¢ximo del 0,4% de las Administraciones p¨²blicas pone de manifiesto las dificultades t¨¦cnicas de un proyecto que deber¨¢ contar adem¨¢s con el impacto negativo de eventuales cat¨¢strofes naturales, crisis econ¨®micas y situaciones de emergencia.
PSOE y PP recurren a la revisi¨®n constitucional para garantizar la estabilidad presupuestaria
La Constituci¨®n de 1978 se halla tan protegida frente a la reforma que solo hab¨ªa sido posible hasta ahora la aprobaci¨®n -en 1992- de una modificaci¨®n menor exigida por el Tratado de Maastricht. El vertiginoso entendimiento entre el PSOE y el PP, que han recorrido en pocos d¨ªas una distancia de m¨¢s de 30 a?os, se explica por el temor compartido de Zapatero -como actual presidente- y Rajoy -como su probable sucesor- a un eventual rescate europeo en la econom¨ªa espa?ola. Pero el recurso a la reforma del art¨ªculo 135, tan salpicado de obst¨¢culos en Espa?a como expedito en Alemania y Francia, ha resultado desproporcionado; una ley org¨¢nica orientada a cubrir los mismos objetivos hubiese sido suficiente.
Desde la izquierda, la exigencia de un refer¨¦ndum y las protestas por el procedimiento utilizado para hacer aprobar a matacaballo la reforma del art¨ªculo 135 van acompa?adas por la denuncia de que la limitaci¨®n del d¨¦ficit estructural pretende reducir el gasto social. No cabe olvidar, sin embargo, el injusto car¨¢cter intergeneracional de las deudas contra¨ªdas hoy pero que tendr¨¢n que ser pagadas ma?ana por nuestros descendientes. Finalmente, los grupos nacionalistas exponen su recelo a que la vigilancia del d¨¦ficit estructural perturbe la autonom¨ªa financiera de las comunidades y se traduzca en recortes de su autonom¨ªa pol¨ªtica.
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