Necesario, pero insuficiente

Con la reforma de la Constituci¨®n aprobada por el Parlamento se corrige un ¨²nico art¨ªculo, el 135. Dicho art¨ªculo, en su punto 2, dice textualmente: "El Estado y las Comunidades Aut¨®nomas no podr¨¢n incurrir en un d¨¦ficit estructural que supere los m¨¢rgenes establecidos, en su caso, por la Uni¨®n Europea para sus Estados miembros". En el apartado 5, dicho art¨ªculo establece que una Ley Org¨¢nica desarrollar¨¢ la distribuci¨®n de los l¨ªmites, la metodolog¨ªa del c¨¢lculo del d¨¦ficit estructural y la responsabilidad en la que se incurre en caso de incumplimiento. Por lo tanto, aun considerando que esta reforma era totalmente necesaria, todav¨ªa queda lo m¨¢s importante por concretar.

Para aceptar esta reforma, lo primero en lo que hay que estar de acuerdo es en los efectos perniciosos de un d¨¦ficit p¨²blico elevado frente a la bondad del mismo que preconizan algunos. La ciudadan¨ªa debe saber que unas finanzas saneadas exigen no gastar m¨¢s de lo que se ingresa (todo lo opuesto a lo realizado durante los a?os anteriores a la crisis), y esta regla es v¨¢lida para Estados, Gobiernos regionales, empresas y familias. Si no se cumple esta regla se incurre en d¨¦ficit y se incrementa la deuda con su correspondiente pago de intereses, que vuelve a dificultar el cumplimiento de la regla. Puede darse el caso en que se tenga un patrimonio que permita el endeudamiento y responda en caso de insuficiencia de los ingresos en el futuro, lo que llevar¨ªa a una reducci¨®n de la riqueza. Solo cuando se tienen expectativas de rentas superiores a los gastos, que permitan no solo pagar los intereses sino reducir la amortizaci¨®n de la deuda, parece razonable incurrir en un endeudamiento, sabiendo que se retrasan pagos al futuro.

Aun considerando que la reforma constitucional era necesaria, queda lo m¨¢s importante por concretar

En el caso de las Administraciones p¨²blicas, se ha incurrido en un d¨¦ficit elevado. En 2010 se situ¨® en 98.227 millones de euros (9,2% del PIB) y se alcanz¨® una deuda de 638.767 millones de euros (60,1% del PIB), con un pago de intereses de 20.374 millones de euros en 2010. Esto significa, si no se corrige, que por gastar m¨¢s de lo recaudado se est¨¢ trasladando a las generaciones futuras la carga asumida actualmente. Por lo tanto, no sirve el argumento de que las Administraciones incurren en d¨¦ficit para sostener y/o mejorar el Estado de bienestar actual, ya que se est¨¢ hipotecando el Estado de bienestar del futuro. Pero adem¨¢s, el pago de intereses cada vez m¨¢s elevados (gracias a la desconfianza de los mercados) dificulta la reducci¨®n del gasto y por tanto la reducci¨®n del d¨¦ficit.

Otra cosa es discutir sobre las posibles actuaciones en los dos componentes del d¨¦ficit provocado por exceso del gasto y/o insuficiencia de los ingresos. Una pol¨ªtica de izquierdas deber¨ªa admitir la reducci¨®n de gastos (especialmente superfluos), pero ayudada por un incremento de ingresos que en ausencia de crecimiento econ¨®mico solo puede conseguirse con el aumento de los impuestos. Pero toda pol¨ªtica fiscal debe administrarse con cuidado, procurando no da?ar las actividades productivas del pa¨ªs, generadoras de futuros ingresos y posible creaci¨®n de empleo.

En la parte de gastos, tanto del Estado como de las Comunidades Aut¨®nomas y Ayuntamientos, se deber¨ªan analizar con cuidado y sin finalidades partidistas todos los gastos, y antes de reducir aquellos socialmente m¨¢s necesarios (sanidad y educaci¨®n) anular los que son excesivos y a veces superfluos, como transferencias y subvenciones que no favorezcan la actividad productiva. En cuanto a los gastos sociales, ser¨ªa necesario establecer pol¨ªticas de ahorro bas¨¢ndose en la austeridad que exige el momento actual.

Por el lado de los ingresos, no estar¨ªa de m¨¢s una revisi¨®n a fondo del sistema fiscal actual, que siguiendo los ejemplos de otros pa¨ªses como Alemania y Francia buscase un tratamiento m¨¢s justo de las rentas y la riqueza. Las ¨²ltimas minirreformas han favorecido m¨¢s a los que m¨¢s tienen y han dejado recaer el peso fiscal en las clases medias, especialmente en las rentas de trabajo. Ser¨ªa conveniente una revisi¨®n del IRPF a partir de niveles adecuados y el establecimiento de impuestos especiales para los grandes patrimonios, hasta ahora muy favorecidos con las SICAV y los SIF.

Es importante que la ciudadan¨ªa est¨¦ bien informada del contenido de la reforma, ya que lo m¨¢s importante es lo que est¨¢ por desarrollar a trav¨¦s de la Ley Org¨¢nica antes del 30 de junio de 2012 y que por lo tanto deber¨¢ ser impulsada por el partido que gobierne tras las pr¨®ximas elecciones.

Carmen Alcaide es analista y expresidenta del Instituto Nacional de Estad¨ªstica (INE).