La juez Alaya ver¨¢ las actas de la Junta

El Tribunal Supremo ha dado la raz¨®n a la juez del caso de los ERE, Mercedes Alaya, que podr¨¢ acceder a las 480 actas de los Consejos de Gobierno de la Junta entre 2001 y 2010, ya que tienen "car¨¢cter p¨²blico". El Ejecutivo andaluz hab¨ªa planteado el pasado marzo un conflicto de jurisdicci¨®n ante el Supremo despu¨¦s de que la magistrada exigiera acceder a las actas de la ¨²ltima d¨¦cada donde se recogen todas las decisiones del Gobierno andaluz. Ahora el alto tribunal ha dado v¨ªa libre a la juez para que investigue las actas, aunque con matices, ya que concede a la Junta que puede negarse a entregar las actas y documentos que esta considere secretos.

"No es procedente la gen¨¦rica negativa a la remisi¨®n de las actas solicitadas por la sola afirmaci¨®n, sin la necesaria concreci¨®n, de que pueden contener documentos reservados o aspectos secretos de las deliberaciones, opiniones o votos", reza la sentencia del Tribunal de Conflictos de Jurisdicci¨®n del Supremo, contra la que no cabe recurso.

"No es procedente la gen¨¦rica negativa a la remisi¨®n de las actas", dicen los jueces

La sentencia tumba las alegaciones de la Junta contra la decisi¨®n de Alaya

El fallo tumba las alegaciones de la Junta contra la petici¨®n gen¨¦rica que Alaya expuso en un auto del pasado marzo en el que ped¨ªa las 480 actas sin excepci¨®n, y adem¨¢s recuerda que ya la Audiencia Provincial de Sevilla dio la raz¨®n a la juez.

La juez Alaya dict¨® un auto este verano que dejaba en manos del Supremo la decisi¨®n ¨²ltima de si pod¨ªa acceder a las 480 actas e incorporarlas a su investigaci¨®n. La magistrada exigi¨® al Ejecutivo andaluz las actas porque consideraba que carecen "del car¨¢cter secreto o reservado" que estipula la Ley de Gobierno de la Comunidad. Pero la Junta se neg¨® y Alaya plante¨® un conflicto de jurisdicci¨®n.

La juez estimaba que solo las deliberaciones eran reservadas y que el contenido de las actas es imprescindible para determinar si hasta la mesa de la Junta llegaron los reparos de la Intervenci¨®n General sobre el procedimiento seguido para tramitar los 647 millones en subvenciones p¨²blicas concedidos a los ERE.

La Fiscal¨ªa del Supremo se aline¨® con la tesis de la Junta y sostuvo que la informaci¨®n de las actas es reservada. "La juez Alaya estar¨ªa invadiendo competencias que son propias" del poder Ejecutivo y supon¨ªa una actuaci¨®n "al margen del principio de proporcionalidad". Tras su entrega y dep¨®sito en un armario de seguridad de los juzgados sevillanos, la Junta recuper¨® las actas el pasado julio tras un auto de la Audiencia Provincial. Alaya expres¨® la pasada primavera su temor a que las actas "pudieran alterarse", pero el tribunal consider¨® que no estaba justificada la desconfianza hacia el Ejecutivo andaluz.

En la sentencia, los seis jueces del Supremo y el Consejo de Estado equiparan este caso a la desclasificaci¨®n de los documentos del Cesid en 1995 por parte del Gobierno central. Mientras, dejan abierta la puerta a que la Junta excluya "fundadamente" con "una exposici¨®n razonada denegatoria", las actas que considere se refieren a materias reservadas de las decisiones tomadas en los Consejos de Gobierno.

La clave de este conflicto reside en que la juez quiere saber si en el Consejo de Gobierno, que aprobaba las modificaciones presupuestarias del fondo 31L, conoci¨® o trat¨® los informes de la Intervenci¨®n General de la Junta de Andaluc¨ªa en los que se advirtieron irregularidades en la tramitaci¨®n administrativa de las ayudas que se conced¨ªan con esta partida.