Gri?¨¢n enviar¨¢ todas las actas a la juez sin quitar "ni una coma"

Despu¨¦s de plantear y perder ante el Tribunal Supremo un conflicto de jurisdicci¨®n por la entrega de 480 actas de los Consejos de Gobierno a la juez del caso de los ERE, el Gobierno andaluz las entregar¨¢ todas "sin excluir ni una coma". As¨ª lo asegur¨® ayer la consejera de la Presidencia, Mar Moreno, pese a que la sentencia del alto tribunal, conocida el martes pasado, da la posibilidad a la Junta de Andaluc¨ªa de no entregar la informaci¨®n que considere reservada, siempre que lo haga de manera razonada.

Aunque el Ejecutivo aut¨®nomo interpreta que el Tribunal Supremo le ha dado "parcialmente la raz¨®n" al excluir determinadas materias de la vista de la juez, la "voluntad" del presidente de la Junta, el socialista Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n, es enviar a la titular del juzgado de instrucci¨®n n¨²mero 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, "el cien por cien de las actas", subray¨® la tambi¨¦n portavoz del Gobierno andaluz. El Ejecutivo aut¨®nomo ha intentado poner buena cara al duro rev¨¦s de la sentencia del Supremo. Cuando plante¨® el conflicto de jurisdicci¨®n, el Gobierno entend¨ªa que solo ¨¦l ten¨ªa potestad para decidir si enviaba a la juez la informaci¨®n requerida. El Supremo ha dejado claro que no y que las actas de las reuniones del Ejecutivo tienen "car¨¢cter p¨²blico", con la salvedad ya apuntada.

"El Gobierno andaluz no tiene absolutamente nada que ocultar en las actas, lo que quer¨ªamos defender era el fuero y eso es lo que hemos hecho", dijo Moreno. El Ejecutivo andaluz est¨¢ a la espera de lo que decida la juez Alaya y remitir¨¢ las actas "tan pronto como las demande".

El inter¨¦s de la magistrada por los acuerdos adoptados en el Consejo de Gobierno de la ¨²ltima d¨¦cada se debe a que quiere saber si a la mesa del m¨¢ximo ¨®rgano ejecutivo llegaron los informes de la Intervenci¨®n General advirtiendo en contra del procedimiento administrativo seguido para otorgar ayudas a los trabajadores afectados por expedientes de regulaci¨®n de empleo. Seg¨²n la investigaci¨®n interna de la Junta, denunciada a la juez, hay 72 intrusos o polizones que nunca debieron cobrar las ayudas, mientras que los expedientes de 111 personas presentan anomal¨ªas administrativas. La Junta estima en nueve millones de euros la cantidad que ha podido ser defraudada de los 647 millones destinados por la Junta del fondo de las empresas en crisis durante 10 a?os.

Tras la sentencia del Supremo, el PP va a reactivar su feroz oposici¨®n en el caso de los ERE, que nunca ha abandonado. El l¨ªder del PP andaluz, Javier Arenas, pidi¨® ayer al Gobierno regional que remita de inmediato las actas a la juez, pero tambi¨¦n ha pedido que las env¨ªe al Parlamento. "Creo e intuyo que lo peor de los ERE est¨¢ a¨²n por saberse, porque ha habido obstruccionismo por parte de la Junta", se?al¨®.

Diego Valderas (IU) abund¨® en ese argumento. "Las actas deben salir del armario porque cada d¨ªa que pasa huele m¨¢s a chamusquina y se crea m¨¢s desconfianza en torno a la Junta".