Bloqueo en la negociaci¨®n del Guadalquivir
La Junta acusa al Gobierno de impedir el acuerdo al plantear reparos de ¨²ltima hora - El ministerio de Chaves cree que a¨²n no hay encaje legal para la cesi¨®n
Los Gobiernos central y aut¨®nomo han sido incapaces de armar el rompecabezas legal del Guadalquivir. Se hab¨ªan dado de plazo hasta hoy para encontrar una salida para la cesi¨®n a Andaluc¨ªa de algunas funciones sobre las aguas de la cuenca que transcurren por la comunidad. Pero no hay acuerdo y, salvo sorpresa de ¨²ltima hora, la Junta y el Gobierno parece que tendr¨¢n que prorrogar la encomienda de gesti¨®n que se aprob¨® el 7 de abril para seguir negociando.
La consejera de la Presidencia, Mar Moreno, fue la encargada de mostrar ayer por la tarde el "malestar" y la "preocupaci¨®n" de la Junta por no haberse cerrado el acuerdo. La portavoz andaluza culp¨® al Gobierno central, al que acus¨® de haber cambiado de postura: "En los ¨²ltimos d¨ªas se nos han trasladado problemas que no se hab¨ªan puesto sobre la mesa antes". Por su parte, el departamento del vicepresidente segundo Manuel Chaves insisti¨® en que el principal escollo es que "no se ha encontrado todav¨ªa" una f¨®rmula legal viable para poder transferir a la Junta los medios humanos y materiales necesarios para desarrollar las funciones que se le ceder¨ªan a Andaluc¨ªa.
"Lo natural" ahora es prorrogar la encomienda, seg¨²n Pol¨ªtica Territorial
Todo nace de la sentencia del Tribunal Constitucional del mes de marzo, que declar¨® nulo el art¨ªculo del Estatuto andaluz que permiti¨® el traspaso en 2009 a la Junta de todas las competencias sobre las aguas de la cuenca del Guadalquivir que transcurren por la comunidad. Tras el fallo, la Junta y el Gobierno central cerraron una encomienda transitoria para evitar el limbo jur¨ªdico en el que se podr¨ªa caer. Pero esa encomienda era por seis meses.
Las dos Administraciones deb¨ªan encontrar en ese tiempo una soluci¨®n legal para cumplir con la sentencia del Constitucional y para cubrir las aspiraciones de la Junta. A mediados de septiembre, cuando se celebr¨® la ¨²ltima comisi¨®n bilateral entre la Junta y el Estado, el acuerdo parec¨ªa pr¨®ximo. A trav¨¦s de la reforma de la Ley de Aguas, que el Ministerio de Medio Ambiente introdujo a toda prisa, Andaluc¨ªa -al igual que las comunidades que as¨ª lo tengan contemplado en sus Estatutos- asumir¨ªa las labores de polic¨ªa hidr¨¢ulica en la cuenca. La idea inicial era que en el decreto por el que se encomendaban las labores de guarder¨ªa tambi¨¦n se introdujeran otras funciones como determinadas autorizaciones y c¨¢nones y la gesti¨®n de algunos embalses.
Moreno asegur¨® ayer que, "en los ¨²ltimos d¨ªas", el Gobierno ha planteado reparos legales -no econ¨®micos- a la cesi¨®n de las autorizaciones y pantanos. En esta negociaci¨®n est¨¢n implicados tres ministerios: el de Pol¨ªtica Territorial -que lleva la voz cantante-, el de Medio Ambiente -que tiene las competencias sobre el r¨ªo- y el de Econom¨ªa y Hacienda, que es el que parece que est¨¢ poniendo m¨¢s reparos.
"Queremos que se cumplan los acuerdos de la comisi¨®n bilateral", reclam¨® Moreno en relaci¨®n con las pegas para ceder las autorizaciones y embalses. Seg¨²n la portavoz andaluza, hay hasta una docena de precedentes de cesiones similares a las comunidades.
Ante este bloqueo, "lo l¨®gico y natural" es que se prorrogue la actual encomienda de gesti¨®n, seg¨²n el Ministerio de Pol¨ªtica Territorial. Lo que se plantea es conceder entre 15 d¨ªas y un mes m¨¢s para lograr encajar las piezas. La otra opci¨®n -salvo que los dos Gobiernos cierren un acuerdo en el ¨²ltimo segundo- es que todas las competencias y medios vuelvan al Estado.
Cronolog¨ªa
- Febrero de 2007. Se aprueba en refer¨¦ndum el nuevo Estatuto de Autonom¨ªa. El art¨ªculo 51 se?ala que Andaluc¨ªa "ostenta competencias exclusivas sobre las aguas de la Cuenca del Guadalquivir que transcurren por su territorio y no afectan a otra comunidad aut¨®noma, sin perjuicio de la planificaci¨®n general del ciclo hidrol¨®gico, de las normas b¨¢sicas sobre protecci¨®n del medio ambiente, de las obras p¨²blicas hidr¨¢ulicas de inter¨¦s general y de lo previsto en el art¨ªculo 149.1.22 de la Constituci¨®n".
- Junio de 2007. Extremadura recurre el nuevo Estatuto andaluz. Considera que es contrario a la Constituci¨®n, donde se reconoce que las competencias son exclusivas del Estado para las aguas de los r¨ªos que discurren por m¨¢s de una comunidad.
- Septiembre de 2008. Se firma el acuerdo de traspaso de las competencias del Guadalquivir. Esa transferencia entra en vigor en enero de 2009. Extremadura y Castilla-La Mancha, ambas en manos del PSOE entonces, recurren el decreto de traspaso ante el Supremo, que paraliza la causa a la espera del Constitucional.
- Marzo de 2011. El Constitucional anula el art¨ªculo 51 del Estatuto que permiti¨® la transferencia de competencias.
- Abril de 2011. La Junta y el Gobierno firman una encomienda transitoria para que Andaluc¨ªa siga gestionando las competencias a pesar de la sentencia. Se trata de dar seguridad jur¨ªdica a la cuenca. La encomienda tiene una duraci¨®n de seis meses, tiempo en el que las dos Administraciones se comprometen a encontrar una soluci¨®n definitiva.
- Junio de 2011. El Supremo anula tambi¨¦n el decreto de transferencia de 2008.
- Septiembre de 2011. El Gobierno y la Junta acuerdan que Andaluc¨ªa asuma las labores de polic¨ªa de aguas en la cuenca, algunas autorizaciones y c¨¢nones y la gesti¨®n de embalses.
- 7 de octubre de 2011. La encomienda transitoria finaliza sin que se cierre la soluci¨®n definitiva.
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