Gobierno y Junta se dan una pr¨®rroga de 15 d¨ªas para lograr un acuerdo sobre el Guadalquivir

El Gobierno y la Junta, incapaces de cerrar un acuerdo sobre el Guadalquivir en los ¨²ltimos seis meses, se han dado una pr¨®rroga de 15 d¨ªas para intentar encontrar una soluci¨®n. As¨ª lo ha se?alado el presidente de la Junta, Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n, en M¨¢laga. "Aceptamos la pr¨®rroga porque estoy convencido de que, tras las ¨²ltimas conversaciones con el Gobierno, esta pr¨®rroga solucionar¨¢ los problemas que tenemos ahora", ha se?alado el presidente en unas declaraciones recogidas por Europa Press.

Lo que se ha prorrogado ha sido la encomienda de gesti¨®n transitoria que las dos administraciones acordaron el 7 de abril para sortear la inseguridad jur¨ªdica que supuso la sentencia del Constitucional. Tal y como se recoge en el texto de la encomienda su duraci¨®n era de seis meses desde la fecha de su firma.

Los Gobiernos central y aut¨®nomo han sido incapaces en este tiempo de armar el rompecabezas legal del Guadalquivir. Hoy deber¨ªan haber encontrado una salida para la cesi¨®n a Andaluc¨ªa de algunas funciones sobre las aguas de la cuenca que transcurren por la comunidad. Pero no hay acuerdo y se ha recurrido a la pr¨®rroga para seguir negociando.

La consejera de la Presidencia, Mar Moreno, mostr¨® ayer por la tarde el "malestar" y la "preocupaci¨®n" de la Junta por no haberse cerrado el acuerdo. La portavoz andaluza culp¨® al Gobierno central, al que acus¨® de haber cambiado de postura: "En los ¨²ltimos d¨ªas se nos han trasladado problemas que no se hab¨ªan puesto sobre la mesa antes". Por su parte, el departamento del vicepresidente segundo Manuel Chaves insisti¨® en que el principal escollo es que "no se ha encontrado todav¨ªa" una f¨®rmula legal viable para poder transferir a la Junta los medios humanos y materiales necesarios para desarrollar las funciones que se le ceder¨ªan a Andaluc¨ªa.

Todo nace de la sentencia del Tribunal Constitucional del mes de marzo, que declar¨® nulo el art¨ªculo del Estatuto andaluz que permiti¨® el traspaso en 2009 a la Junta de todas las competencias sobre las aguas de la cuenca del Guadalquivir que transcurren por la comunidad. Tras el fallo, la Junta y el Gobierno central cerraron una encomienda transitoria para evitar el limbo jur¨ªdico en el que se podr¨ªa caer. Pero esa encomienda era por seis meses.

Las dos Administraciones deb¨ªan encontrar en ese tiempo una soluci¨®n legal para cumplir con la sentencia del Constitucional y para cubrir las aspiraciones de la Junta. A mediados de septiembre, cuando se celebr¨® la ¨²ltima comisi¨®n bilateral entre la Junta y el Estado, el acuerdo parec¨ªa pr¨®ximo. A trav¨¦s de la reforma de la Ley de Aguas, que el Ministerio de Medio Ambiente introdujo a toda prisa, Andaluc¨ªa (al igual que las comunidades que as¨ª lo tengan contemplado en sus Estatutos) asumir¨ªa las labores de polic¨ªa hidr¨¢ulica en la cuenca. La idea inicial era que en el decreto por el que se encomendaban las labores de guarder¨ªa tambi¨¦n se introdujeran otras funciones como determinadas autorizaciones y c¨¢nones y la gesti¨®n de algunos embalses.

Moreno asegur¨® ayer que, "en los ¨²ltimos d¨ªas", el Gobierno ha planteado reparos legales (no econ¨®micos) a la cesi¨®n de las autorizaciones y pantanos. En esta negociaci¨®n est¨¢n implicados tres ministerios: el de Pol¨ªtica Territorial (que lleva la voz cantante), el de Medio Ambiente (que tiene las competencias sobre el r¨ªo) y el de Econom¨ªa y Hacienda, que es el que parece que est¨¢ poniendo m¨¢s reparos.

"Queremos que se cumplan los acuerdos de la comisi¨®n bilateral", reclam¨® ayer Moreno en relaci¨®n con las pegas para ceder las autorizaciones y embalses. Seg¨²n la portavoz andaluza, hay hasta una docena de precedentes de cesiones similares a las comunidades