Mena a¨²n debe evaluar 2.900 casos de la renta m¨ªnima

El Gobierno catal¨¢n tuvo que aguantar ayer un chaparr¨®n de cr¨ªticas de sindicatos, patronales y entidades sociales en el Parlament. Estos, adem¨¢s de denunciar la gesti¨®n de la crisis que provoc¨® en agosto el cambio por sorpresa en el pago de la renta m¨ªnima de inserci¨®n (RMI) y el posterior endurecimiento a su acceso, reprocharon al Ejecutivo que no haya sido capaz de crear una pol¨ªtica de empleo. La modificaci¨®n del pago dej¨® a 6.000 personas sin cobrar los 426 euros de la ayuda. A¨²n hoy quedan 2.900 expedientes por "verificar", seg¨²n el Departamento de Empresa y Empleo, que dirige Francesc Xavier Mena.

El dato de los 2.900 beneficiarios de la renta m¨ªnima de inserci¨®n (RMI) pendientes de examen fue el ¨²nico que ayer dio el Ejecutivo catal¨¢n a trav¨¦s del director general de Cooperativas y Econom¨ªa Social, Xavier L¨®pez. La Generalitat sigui¨® sin aclarar si lo hizo para que afloraran casos de fraude o en el marco de los recortes del gasto p¨²blico. "Creemos que se hizo por las dificultades presupuestarias del Gobierno, porque no vemos que el fraude sea una raz¨®n de peso. Y en ese caso, las medidas habr¨ªan sido desproporcionadas", zanj¨® Antoni Codina, representante de la Mesa del Tercer Sector. La diputada del PSC Eva Granados denunci¨® que "10 semanas despu¨¦s del caos de la RMI" que, a su juicio, provocaron los consejeros de Bienestar y Familia, Josep Llu¨ªs Cleries, y de Empresa y Empleo, Francesc Xavier Mena, el Gobierno "se neg¨® a facilitar ning¨²n dato, si es que lo tiene, sobre el supuesto fraude que los llev¨® a modificar la gesti¨®n del pago".

Al Ejecutivo de CiU, no obstante, le llovieron cr¨ªticas de todas partes. Por la ma?ana, sindicatos, e incluso la patronal, le afearon que no tuviera una pol¨ªtica de empleo, mientras que por la tarde las entidades del tercer sector le recriminaron la falta de una estrategia de cohesi¨®n social. Si el actual Gobierno es partidario de subsidiar, razonaron, que impulse los planes de empleo. "Si quieren que las personas no tengan que hacer uso de las ayudas sociales, que pongan en marcha planes de trabajo, como se hizo en crisis anteriores", sostuvo la presidenta de la Asociaci¨®n para la Promoci¨®n y la Inserci¨®n Profesional, Montserrat Font. "En la d¨¦cada de 1980, los servicios sociales eran tambi¨¦n generadores de empleo", record¨®.

La realidad, sin embargo, es otra. Lo puso de manifiesto el representante de la Asociaci¨®n Catalana de Municipios (ACM), Jordi Serra, que puso como ejemplo la situaci¨®n en la comarca de Osona, donde desde marzo se amontonan 177 expedientes por resolver y solo cuentan con 25 plazas en cursos de reinserci¨®n laboral. Granados, de hecho, alert¨® que est¨¢ viendo en los Ayuntamientos c¨®mo por cada expediente que se ha negado o suspendido hay tres de personas que tienen derecho a la RMI y no la reciben.

Hoy hay 690.000 parados en Catalu?a, seg¨²n la Encuesta de Poblaci¨®n Activa (EPA), de los cuales 161.000 no tienen ingresos, y la tasa de paro juvenil est¨¢ ya en el 46,12%. Los agentes sociales coincidieron en calificar la situaci¨®n de "alarmante" y de "urgencia social". Los sindicatos CC OO y UGT incidieron especialmente en la necesidad de impulsar planes de empleo, pero tambi¨¦n advirtieron de que la crisis es de tal calibre que el paro tambi¨¦n golpea perfiles de alta formaci¨®n. "Se puede mejorar la ocupaci¨®n, pero hay gente que no lo necesita, simplemente no hay trabajo para ella y necesita ayuda. Dudo que nadie aspire a vivir con 400 euros al mes", record¨® Raquel Gil, de UGT.

Es m¨¢s, el coordinador de Cruz Roja, Enric Morist, alert¨® de que la mitad de las personas que reciben la RMI son "reci¨¦n llegadas a la exclusi¨®n social, nunca la hab¨ªan cobrado", lo cual rompe el t¨®pico de que sus perceptores acaban por acomodarse en el cobro de la prestaci¨®n para no buscar empleo. "Hemos tenido un 27% de ¨¦xito con la inserci¨®n en plena crisis con el colectivo de perceptores de la renta m¨ªnima. Si se dedica tiempo y hay dedicaci¨®n transversal, funciona bien", a?adi¨®.

Las entidades sociales coincidieron en reprochar al Gobierno de Mas que no tenga una hoja de ruta para garantizar la cohesi¨®n social por la crisis y a Mena que no se haya reunido a¨²n con muchas de ellas. "La crisis de agosto sobre los cheques dej¨® al descubierto que no hay una visi¨®n clara sobre los desaf¨ªos para garantizar la cohesi¨®n social", dijo con rotundidad Xavier Orteu, representante de las Entidades Catalanas de Acci¨®n Social. Las organizaciones sin ¨¢nimo de lucro, adem¨¢s, recordaron a Mena que poner l¨ªmites a la RMI saldr¨¢ caro. "Dicen que se ahorran 53 millones. Eso quedar¨¢ superado por los costes sociales y que ser¨¢n externalizados a las entidades sociales", lament¨® Codina.