El ataque a la salud, en los umbrales del delito

La dur¨ªsima pol¨ªtica contra la sanidad p¨²blica del Gobierno de CiU est¨¢ vaciando el contenido, que cre¨ªamos intangible, del Estado social, lesionando derechos fundamentales de la persona, el de la asistencia sanitaria, y tratando a los pacientes y a los profesionales sanitarios como si de una mercanc¨ªa se tratara en una econom¨ªa de mercado a la que se subordinan los derechos de las personas. El Gobierno de CiU ataca frontalmente el desider¨¢tum del pre¨¢mbulo constitucional cuando propugna "asegurar a todos una digna calidad de vida" y vulnera de forma reiterada los derechos a la salud proclamados en los art¨ªculos 43 de la Constituci¨®n y 23 del Estatuto. Ni la crisis ni el d¨¦ficit pueden justificar la destrucci¨®n de este derecho sin el cual no es posible garantizar el respeto a la "dignidad humana" y el "libre desarrollo de la personalidad". Por tanto, estamos ante una crisis de la pol¨ªtica fundada sobre derechos para sustituirla por otra al servicio de los beneficios econ¨®micos, sustituci¨®n que conduce inevitablemente a acentuar la desigualdad social y favorecer toda clase de exclusiones, marginaciones y, en definitiva, la pobreza. ?D¨®nde queda la ciudadan¨ªa democr¨¢tica? Porque es evidente que los derechos sociales, entre ellos el de la salud, son la condici¨®n de una democracia basada en el pleno reconocimiento de la ciudadan¨ªa, ciudadan¨ªa que debe ser una barrera ante pol¨ªticas antisociales.

La crisis acent¨²a la desigualdad social y favorece toda clase de exclusiones, marginaciones y, en definitiva, la pobreza

As¨ª lo proclam¨® la Conferencia Mundial de Derechos Humanos (ONU) celebrada en Viena en 1993: "Todos los derechos son universales, individuales e interdependientes y est¨¢n relacionados entre s¨ª. La comunidad internacional debe tratar los derechos humanos en forma global y de manera justa y equitativa, en pie de igualdad y d¨¢ndoles a todos el mismo peso".

Naturalmente, desde esta perspectiva se derivan autom¨¢ticamente para todas las Administraciones unas estrictas obligaciones de respeto, de protecci¨®n y de satisfacci¨®n, que se traducen en el deber de disponer de recursos suficientes y garantizar la prestaci¨®n de los servicios correspondientes.

Si la Constituci¨®n establece que debe garantizarse que la libertad e igualdad sean "reales y efectivas" (art. 9.2), puede afirmarse que los poderes p¨²blicos no solo no pueden empeorar los niveles de satisfacci¨®n de los derechos sociales, sino que deben actuar avanzando hacia cotas m¨¢s altas de prestaciones. Es lo que se llama principio de no regresividad o, mejor, de progresividad.

Es decir, los derechos sociales pueden entenderse como irreversibles y, en tal medida, cualquier actuaci¨®n, por acci¨®n u omisi¨®n, de los poderes p¨²blicos que limite gravemente su satisfacci¨®n est¨¢ afectando al derecho b¨¢sico a la dignidad humana.

Consecuentemente, el incumplimiento de los poderes p¨²blicos de su deber de prestaci¨®n en la sanidad puede entenderse como una forma de discriminaci¨®n, conducta constitucionalmente prohibida. Exigencias manifiestamente incumplidas por el Gobierno de Catalu?a.

La violaci¨®n por los poderes p¨²blicos de este derecho, en la medida en que constituye, como derecho propio de la ciudadan¨ªa, un derecho c¨ªvico, obliga a plantearse la posibilidad de que las decisiones pol¨ªticas de grav¨ªsimas restricciones sanitarias no solo sean un abuso de poder, sino que presenten una aut¨¦ntica relevancia penal. Si as¨ª fuere, deber¨ªan perseguirse ante los tribunales por los perjudicados y la fiscal¨ªa, de oficio. En efecto, el art. 542 del C¨®digo Penal castiga a las autoridades y funcionarios p¨²blicos que "impidan" a los ciudadanos "el ejercicio de derechos c¨ªvicos", en un precepto que contempla de forma gen¨¦rica la violaci¨®n de derechos innominados que, por su trascendencia personal y social, merecen una protecci¨®n mas intensa como es la penal. Entendemos que a tenor de una lectura constitucional acorde con la actual significaci¨®n y alcance de los derechos sociales, el derecho a la salud merece y necesita una m¨¢s eficaz protecci¨®n si queremos construir una sociedad m¨¢s justa e igualitaria. Por ello, est¨¢ justificado advertir que una pol¨ªtica sanitaria como la actual de CiU puede merecer un reproche penal. Y en su caso, quienes la denunciaran estar¨ªan defendiendo sus derechos y, adem¨¢s, protegiendo preventivamente el derecho a la salud de todos los ciudadanos.

Carlos Jim¨¦nez Villarejo fue fiscal anticorrupci¨®n.