Las 700 "consecuencias del conflicto"

ETA, hoy, son fundamentalmente sus presos. La banda, que acaba de anunciar el cese definitivo de la violencia, ten¨ªa ahora apenas unos 50 o 60 miembros que manten¨ªan activa la organizaci¨®n; y hay otro grupo de deportados o huidos -sobre todo en Cuba y Venezuela-, muchos de los cuales llevan d¨¦cadas fuera de Espa?a y no tienen ya causas pendientes. Pero el grueso de la banda, pues, son los reclusos: 703 en total. Hay 559 en Espa?a; 140 en Francia; uno en Portugal; uno en Reino Unido; uno en Irlanda y uno en M¨¦xico, seg¨²n datos de la asociaci¨®n de familiares de presos Etxerat completados con cifras de la Audiencia Nacional. Etxerat excluye aquellos condenados de la banda que se han apartado o han sido expulsados del colectivo oficial de reclusos.

Hay 559 internos de la banda terrorista en Espa?a y 140 en Francia

Interior lleva cinco a?os estudiando c¨®mo gestionar un eventual fin de la violencia

"Es impensable algo similar a los indultos de los 'polimilis", opina un abogado

La v¨ªa m¨¢s probable ser¨¢ la que han seguido los reclusos de Nanclares

Hay tres nuevas c¨¢rceles previsitas en ?lava, Gipuzkoa y Pamplona

"Este proceso no debe basrse en la desmemoria", opina Txema Urkijo

?Qu¨¦ va a ocurrir con estos presos? O, m¨¢s bien, ?va a ocurrir algo?, ?debe tomarse alguna decisi¨®n con respecto a ellos ahora que ETA dice que no volver¨¢ a matar? La banda terrorista, en el comunicado hecho p¨²blico ayer, "hace un llamamiento" a los Gobiernos de Francia y Espa?a a abrir un proceso de "di¨¢logo directo que tenga por objetivo la resoluci¨®n de las consecuencias del conflicto", lo que parece referirse fundamentalmente a los presos. No declara su disoluci¨®n ni la entrega de las armas, lo que puede interpretarse como una amenaza latente para negociar sobre sus reclusos.

El Acuerdo de Gernika, el documento en que la izquierda abertzale, los partidos que conforman Bildu y algunos colectivos sociales y ONG del Pa¨ªs Vasco han plasmado su hoja de ruta para el fin de la violencia, recoge varias propuestas para los reclusos de la banda. El colectivo oficial de presos, cuando suscribi¨® el documento el pasado 23 de septiembre, fue a¨²n m¨¢s all¨¢ pidiendo una amnist¨ªa inasumible en un r¨¦gimen democr¨¢tico y ante el tipo de delitos por el que estos reclusos han sido condenados. Otras demandas son m¨¢s sencillas, como el acercamiento de los presos a Euskadi, la liberaci¨®n de presos gravemente enfermos o la concesi¨®n de beneficios penitenciarios, pero siempre y cuando se lleven a cabo respetando la ley.

El escenario penitenciario para gestionar un eventual final de ETA es algo que Instituciones Penitenciarias lleva preparando desde hace m¨¢s de cinco a?os, por si acaso, seg¨²n explican fuentes gubernamentales. La construcci¨®n de nuevas prisiones en ?lava, San Sebasti¨¢n y Pamplona, el estudio de los casos de los enfermos terminales y las posibilidades legales que se han llevado a cabo en materia de beneficios penitenciarios con la treintena de presos que han repudiado la violencia y pedido perd¨®n a las v¨ªctimas -la denominada v¨ªa Nanclares- dejan un camino abierto, dentro de la legalidad, para el Gobierno que resulte elegido el 20-N.

Las asociaciones de v¨ªctimas piden que cualquier decisi¨®n pase por el cumplimiento estricto de la legalidad. As¨ª lo hicieron constar en el documento Principios rectores para un modelo de fin de ETA sin impunidad, hecho p¨²blico en noviembre de 2010 y firmado por la mayor parte de las asociaciones y fundaciones. Quieren que ETA condene su propio pasado, los 43 a?os de violencia, y que la pol¨ªtica penitenciaria no se convierta "en una pol¨ªtica de gracia" con excarcelaciones anticipadas basadas en una "aplicaci¨®n laxa de la progresi¨®n de grados penitenciarios". Piden que los miembros de la banda denuncien p¨²blicamente la violencia y colaboren con la justicia para "el esclarecimiento de los varios cientos de cr¨ªmenes sin resolver".

Los internos, convertidos durante d¨¦cadas en m¨¢rtires y h¨¦roes de la causa, han sido aut¨¦nticos s¨ªmbolos para el espectro sociol¨®gico vasco que hist¨®ricamente ha apoyado las acciones de ETA y un instrumento de lucha para la estrategia de la banda. Algunos de ellos llevan en la c¨¢rcel desde los a?os 80 o 90 y son considerados por los suyos como las "v¨ªctimas"; ellos y sus familiares. Acusan al Estado de que, por la dispersi¨®n de presos por c¨¢rceles de toda Espa?a, 16 familiares han muerto en accidentes mientras viajaban para visitarlos. Enfrente, ETA ha dejado 829 asesinatos, 84 secuestros y centenares de extorsionados a lo largo de 43 a?os de terror.

La banda ha dejado de lado a los presos en ocasiones, especialmente durante los ¨²ltimos procesos de negociaci¨®n con el Estado, para centrarse en sus objetivos pol¨ªticos -independencia, anexi¨®n de Navarra...- . Pero jam¨¢s ha dejado de tener como prioridad el control de las c¨¢rceles, la cohesi¨®n interna de un colectivo con centenares de miembros. Gracias a las ayudas econ¨®micas a los reclusos y a los familiares que deb¨ªan viajar para visitarlos, ETA lograba una adhesi¨®n dif¨ªcil de romper que apuntalaba adem¨¢s con un f¨¦rreo sistema de vigilancia del comportamiento de cada uno de los internos.

Para los diversos Gobiernos, los reclusos han sido una herramienta fundamental en la lucha antiterrorista. El Estado ha jugado a castigos y recompensas con su dispersi¨®n o acercamiento a Euskadi y la concesi¨®n de ciertos beneficios penitenciarios si se alejaban de la violencia. Hace 30 a?os se llegaron incluso a conceder medidas de gracia e indultos a trav¨¦s de los planes de reinserci¨®n para los miembros de la banda que dejaron la violencia a principios de los ochenta. La tregua y posterior disoluci¨®n de ETA Pol¨ªtico-militar entre 1980 y 1982 fueron el germen de aquellos primeros planes de reinserci¨®n con medidas de gracia incluidas que ofreci¨® el Estado para los presos y huidos de la justicia. En principio para los polimilis, pero tambi¨¦n para cualquier miembro de ETA Militar o de los Comandos Aut¨®nomos Anticapitalistas (CAA), una escisi¨®n de la banda, que quisieran abandonar las armas.

Ahora que la banda al completo ha decretado el cese definitivo de la violencia -aunque no su disoluci¨®n-, ?podr¨ªa suceder algo parecido? Las opiniones de jueces y miembros del Gobierno son un¨¢nimes: no. Era otro momento, que tiene muy poco o nada que ver con la situaci¨®n actual. Han pasado 30 a?os, hay casi mil muertos sobre la mesa y el Estado ha acorralado a una banda que ha dejado de matar porque estaba tan d¨¦bil que nada pod¨ªa conseguir ya con las armas.

"Las circunstancias son completamente distintas a las de entonces", se?ala Juan Infante, abogado bilba¨ªno que se encarg¨®, con los fallecidos Juan Mar¨ªa Bandr¨¦s y Mario Onaind¨ªa, l¨ªderes de Euskadiko Ezkerra, de asistir legalmente a los polimilis. Hubo indultos; libertades provisionales para los preventivos pendientes de juicio y condicionales para muchos condenados con gran parte de la pena cumplida; la fiscal¨ªa no lleg¨® a acusar en algunos casos y la polic¨ªa no investig¨® demasiado en otros. Finalmente, unas 120 personas se acogieron a los planes de reinserci¨®n del Gobierno durante un proceso que dur¨® casi cinco a?os, desde 1980 hasta que regres¨® a Espa?a la c¨²pula de ETA Pol¨ªtico-militar, los casos m¨¢s complicados, ya en enero de 1985.

"Hoy es impensable algo similar", sostiene Infante. "Entonces se mir¨® mucho para otro lado. Todos colaboraron, los pol¨ªticos, la polic¨ªa, la fiscal¨ªa, la Audiencia Nacional, para dar una soluci¨®n a los presos en una democracia incipiente reci¨¦n salida del franquismo que quer¨ªa acabar con el terrorismo y que pretend¨ªa hacer cundir el ejemplo entre los presos. No hab¨ªa tantos muertos sobre la mesa ni asociaciones de v¨ªctimas con la fuerza que tienen ahora". Esta opini¨®n la comparte un dirigente socialista que particip¨® tambi¨¦n en aquel proceso: "Aparte de muchas otras diferencias, la v¨ªa policial o la judicial es mucho m¨¢s dif¨ªcil hoy porque existe una separaci¨®n de poderes m¨¢s seria. Nadie le puede decir a un juez o a un fiscal lo que tiene que hacer en estos casos".

?Cu¨¢les son entonces las opciones actuales si es que debe haber alguna? ?C¨®mo ser¨¢ el futuro pr¨®ximo? Algunas de las peticiones del Acuerdo de Gernika ya est¨¢n en pr¨¢ctica, como la liberaci¨®n de presos gravemente enfermos, y otras est¨¢n pendientes de futuras resoluciones, como la abolici¨®n de la doctrina Parot -que implica el cumplimiento efectivo de 30 a?os de c¨¢rcel al impedir de hecho la redenci¨®n de penas por el trabajo- sobre cuya aplicaci¨®n debe decidir en los pr¨®ximos meses el Tribunal Constitucional y que afecta a 61 presos de ETA.

Otra de las demandas es el acercamiento de los presos a Euskadi. La m¨¢s sencilla probablemente. Puede tomarla el Gobierno de un d¨ªa para otro, sin m¨¢s. De hecho se ha llevado a cabo durante algunos de los procesos de negociaci¨®n con la banda. El Gobierno de Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar acerc¨® a m¨¢s de un centenar de reclusos durante la tregua de 1998.

La dispersi¨®n como decisi¨®n pol¨ªtica comenz¨® durante la segunda legislatura socialista, en 1989. Antes de esa fecha no estaban todos los presos en el Pa¨ªs Vasco -de hecho la gran mayor¨ªa estaban concentrados en las prisiones de Herrera de la Mancha (Ciudad Real) y Alcal¨¢-Meco (Madrid)- pero estaban juntos. La decisi¨®n de repartirlos por todo el territorio buscaba fracturar la cohesi¨®n interna del colectivo, y se ha mantenido hasta hoy, dando a los presos la opci¨®n de acercarse a Euskadi -como ha ocurrido con la treintena de reclusos que est¨¢n en Nanclares de Oca (?lava)- solo si renunciaban a la violencia. Con una ETA inactiva, acabar con la dispersi¨®n no ser¨ªa complicado. Instituciones Penitenciarias acaba de inaugurar una nueva c¨¢rcel en Nanclares con 720 celdas y est¨¢ construyendo otras dos en Pamplona (504), que est¨¢ casi terminada, y Gipuzkoa (500). El Gobierno tendr¨¢ que decidir, eso s¨ª, si basta con la declaraci¨®n de alto el fuego definitivo o se va a exigir a cada uno de los presos una condena expresa de la violencia o una petici¨®n de perd¨®n a las v¨ªctimas. En este campo, el Ejecutivo tiene las manos absolutamente libres.

El Acuerdo de Gernika tambi¨¦n plantea que se conceda la libertad condicional a todos los condenados que cumplan los requisitos para acceder a ella y que se apliquen los beneficios penitenciarios sin restricciones. Hist¨®ricamente, los miembros del autodenominado Colectivo de Presos Pol¨ªticos Vascos (EPPK) se han negado a colaborar con el Estado y no han solido hacer peticiones de este tipo. La gran mayor¨ªa de los reclusos, 377 de 559, est¨¢n por ello en r¨¦gimen cerrado, saliendo de la celda apenas cuatro o cinco horas al d¨ªa y sin acceso a ning¨²n tipo de permiso de salida. En principio, eso podr¨ªa cambiar. Los presos, en busca de una salida, previsiblemente comenzar¨¢n a solicitar medidas que hasta ahora no han pedido.

"Si as¨ª fuera, el reglamento penitenciario permite f¨®rmulas muy abiertas y flexibles", explica el abogado Juan Infante. "La v¨ªa de los indultos en este momento es muy dif¨ªcil. Pero de forma individual, no colectiva, podr¨ªan aplicarse las progresiones de grado, los permisos, terceros grados y libertades condicionales que la ley permite. El reglamento penitenciario est¨¢ muy encaminado a la reinserci¨®n". Legalmente pueden acceder a estos beneficios, pero bajo condiciones m¨¢s gravosas que el resto de los reclusos.

Para la libertad condicional, por ejemplo, el C¨®digo Penal exige al preso por terrorismo que haya cumplido las tres cuartas partes de la condena, una declaraci¨®n expresa de repudio de la violencia y una carta de perd¨®n a las v¨ªctimas de sus delitos. Tanto Instituciones Penitenciarias como los jueces han hecho una aplicaci¨®n extensiva de estos requisitos especiales tambi¨¦n a otros beneficios como los permisos o la aplicaci¨®n del art¨ªculo 100.2 del reglamento penitenciario -a trav¨¦s del cual, permaneciendo en segundo grado, pueden salir a diario de prisi¨®n para trabajar o estudiar-. Ha sido la v¨ªa seguida con los 24 presos de Nanclares de Oca (?lava) que han renunciado a la violencia. Nueve de ellos est¨¢n ya saliendo a trabajar y estudiar cada d¨ªa.

Cada caso tendr¨¢ que estudiarse detenidamente, porque no es lo mismo un preso con delitos de sangre que uno que no los tenga. De los 559 presos que hay en Espa?a, un centenar tiene condenas de menos de 10 a?os (sobre todo por kale borroka, colaboraci¨®n con banda armada y apoyo al aparato log¨ªstico de la banda) mientras que otros est¨¢n condenados a centenares de a?os por decenas de asesinatos. Unos llevan m¨¢s de 20 a?os en prisi¨®n mientras que otros est¨¢n a¨²n preventivos a la espera de juicio. Algunos est¨¢n dispuestos a pedir perd¨®n por los delitos del pasado; otros no. Quiz¨¢ algunos puedan plantearse pedir un indulto parcial que en otros casos ser¨¢ inviable. "En todo caso, para que se puedan aplicar los beneficios penitenciarios creo que seguir¨¢ siendo necesaria la petici¨®n de perd¨®n", opina el juez central de vigilancia penitenciaria de la Audiencia Nacional, Jos¨¦ Luis de Castro. "Sin ella ser¨¢ dif¨ªcil el pron¨®stico de reinserci¨®n social".

"El proceso que se siga a partir de ahora con los presos de ETA durar¨¢ a?os", prev¨¦ un dirigente del actual Gobierno socialista. "Por lo menos hasta que la sociedad acepte que las personas condenadas por atentados terroristas pueden salir en poco tiempo. Todav¨ªa hay atentados cuya imagen est¨¢ muy viva, como el que caus¨® la muerte del empresario Ignacio Uria o la de los guardias civiles de Calvi¨¢ (Palma de Mallorca)".

"Es importante que no se pase p¨¢gina con desmemoria", a?ade Txema Urkijo, adjunto a la Direcci¨®n de la Oficina de V¨ªctimas del Gobierno vasco, que ha puesto en marcha un programa de mediaci¨®n entre presos y v¨ªctimas de ETA. Se han encontrado ya cuatro victimas con condenados por terrorismo; en uno de los casos, un familiar directo de un asesinado con el asesino. "La Transici¨®n espa?ola se hizo sobre el olvido. Esta debe basarse en la justicia para que las heridas no se cierren en falso", se?ala Urkijo. El presidente del Gobierno, Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero, asegur¨® en su intervenci¨®n de ayer que a partir de ahora Espa?a tendr¨ªa una democracia sin terrorismo, pero "no una democracia sin memoria".