Los pactos animan el 'caso Malaya'
Procesados en el juicio por la trama corrupta marbell¨ª logran grandes rebajas en las penas tras admitir sus delitos - Los fiscales defienden los acuerdos de conformidad
El juicio-r¨ªo del caso Malaya, uno de los m¨¢s largos de la historia de Espa?a -se inici¨® hace 13 meses-, y r¨¦cord nacional en n¨²mero de procesados, 95, ha dejado atr¨¢s los tranquilos meandros de su curso medio, en los que las sesiones se suced¨ªan cl¨®nicas y morosas, para adentrarse nuevamente en una zona de r¨¢pidos. La vista oral sobre la corrupci¨®n en Marbella alcanza ma?ana su jornada n¨²mero 100 en medio del sobresalto causado por la decisi¨®n del empresario Ismael P¨¦rez Pe?a de admitir los delitos de que le acusa el fiscal anticorrupci¨®n, Juan Carlos L¨®pez Caballero. A cambio, el industrial obtendr¨¢ una notable rebaja en la petici¨®n de pena -de 11 a?os de prisi¨®n a dos a?os y tres meses sustituibles por una multa total de 225.000 euros-.
Las confesiones de acusados inducir¨¢n a otros procesados a admitir sus delitos
Un empresario reconoce que pag¨® a Roca 180.100 euros en dinero B
La confesi¨®n del empresario burgal¨¦s -otros dos acusados de Malaya han optado tambi¨¦n por reconocer su culpa- pone en un aprieto adicional a varios de los grandes nombres del proceso, entre ellos al supuesto cerebro de la corrupci¨®n, Juan Antonio Roca o a la exalcaldesa Marisol Yag¨¹e, a los que P¨¦rez Pe?a admiti¨® haber pagado hasta dos millones. Tambi¨¦n reabre el debate sobre la oportunidad de los llamados acuerdos de conformidad entre la fiscal¨ªa y los acusados en los procesos penales, un mecanismo previsto en la Ley y que solo en 2009 se utiliz¨® en 570 ocasiones en las audiencias provinciales andaluzas -en fase de instrucci¨®n y en procedimientos abreviados y juicios r¨¢pidos la cifra se dispara hasta 36.439 conformidades-.
En el caso Malaya, fuentes judiciales afirman que la admisi¨®n de culpa de P¨¦rez Pe?a y de los otros dos acusados -su hijo Javier P¨¦rez Villena y el tambi¨¦n empresario Carmelo Armenta- y los beneficios penales que les reportar¨¢ inducir¨¢ probablemente a otros procesados a confesar sus supuestos delitos. No obstante, en la Fiscal¨ªa de M¨¢laga aseguran que, de momento, ning¨²n abogado defensor se ha puesto en contacto con ellos para negociar seriamente.
Los fiscales son, en general, firmes partidarios de los acuerdos de conformidad con las defensas. En primer lugar, porque estos pactos suponen un respaldo definitivo a sus tesis acusatorias y garantizan la condena del acusado. "El hecho de que el procesado reconozca el delito supone un plus de seguridad jur¨ªdica en la sentencia", argumenta el fiscal jefe de M¨¢laga, Antonio Morales. Tambi¨¦n destacan el ahorro de tiempo y de recursos humanos y materiales que supone para la atascada Administraci¨®n de Justicia el hecho de abreviar o no tener que celebrar una vista oral.
Este mecanismo, que siempre ha de contar con el consentimiento de la v¨ªctima del delito, permite a los acusadores p¨²blicos en muchas ocasiones "asegurar que un delincuente no escapa de la justicia por un defecto de forma en la fase de instrucci¨®n, como unas escuchas telef¨®nicas mal hechas, por ejemplo", afirma un fiscal. Tambi¨¦n se utiliza con cierta frecuencia, en especial en casos de delincuencia organizada, para conseguir la condena de los principales responsables de una trama a partir de la admisi¨®n de los hechos por parte de los procesados situados en los escalones intermedios.
"Con la conformidad aumenta la probabilidad de averiguar un hecho delictivo", considera Morales. En el caso Malaya, la confesi¨®n de P¨¦rez Pe?a hace que cobre mayor fuerza una de las principales pruebas contra Roca, la contabilidad del exasesor reflejada en los llamados archivos Maras. Seg¨²n estos apuntes, el empresario del sector del autom¨®vil entreg¨® 180.100 euros a Roca en 2005, cuando se negociaba la concesi¨®n del servicio de gr¨²a municipal, al que aspiraba aquel. En esa contabilidad, que a la luz de la confesi¨®n de P¨¦rez Pe?a es cierta, constan hasta 33,3 millones en pagos a Roca de empresarios con intereses en Marbella.
Unos acuerdos no siempre bien vistos
Los acuerdos de conformidad no siempre gozan de la comprensi¨®n social, especialmente en aquellos casos en los que se mezcla lo penal y lo pol¨ªtico. En ocasiones la rebaja de penas ofrecida por el fiscal para amarrar la condena de los procesados es percibida como un triunfo de la impunidad. Algo as¨ª sucedi¨® en la primavera de 2008 cuando los exediles del Grupo Independiente Liberal (GIL) de Marbella acordaron con la fiscal¨ªa ahorrarse 70 juicios por prevaricaci¨®n urban¨ªstica -la mayor¨ªa por concesi¨®n de licencias de obra ilegales- a cambio de aceptar la culpabilidad en cada una de las causas y cumplir cada exconcejal un total de tres a?os de prisi¨®n. El fiscal acced¨ªa a pedir una pena de un a?o de prisi¨®n en cada causa y a considerar los delitos como conexos, de modo que, seg¨²n la Ley, se deb¨ªa cumplir el triple de la pena m¨¢s alta.
Tanto la Junta de Andaluc¨ªa como el Ayuntamiento de Marbella deploraron este pacto, perfectamente legal. La alcaldesa marbell¨ª, ?ngeles Mu?oz declar¨® entonces que "sale muy barato hacer lo que se ha hecho en Marbella".
Sin embargo, los acuerdos de conformidad, en estos y otros asuntos, est¨¢n a la orden del d¨ªa. En abril de 2009, el Consejo General de la Abogac¨ªa y la Fiscal¨ªa General del Estado firmaron un protocolo para favorecer los pactos, previstos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1881. En M¨¢laga, el desconocimiento general de los letrados de la existencia de este protocolo, que busca "fomentar la celeridad" y "simplificar los tr¨¢mites precisos para alcanzar la sentencia", ha hecho que solo haya funcionado en un medio centenar de causas, seg¨²n el fiscal encargado de las conformidades en la audiencia malague?a, Francisco Jim¨¦nez Colmenero.
El protocolo de conformidad se ha aplicado hasta ahora en los procesos a asuntos variopintos: desde estafas a robos pasando por delitos contra la salud p¨²blica o contra la seguridad vial. "Normalmente, los acusados se suelen conformar muy poco antes del inicio de la vista oral, pero en una ocasi¨®n, gracias al protocolo, nos evitamos citar a 60 testigos en un caso de estafa, y eso es un ahorro de tiempo y dinero para todos", afirma el fiscal. En el ministerio p¨²blico opinan que la pr¨¢ctica de acuerdos previos a la vista oral "va calando" en el sistema judicial.
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