Gallard¨®n pide al Estado el dinero de los impuestos que no paga la Iglesia

El pleno del Ayuntamiento de Madrid aprobar¨¢ hoy, a iniciativa de IU y con el respaldo del PP, una proposici¨®n para instar al Gobierno central a compensar a la capital por la incidencia negativa de sus pol¨ªticas fiscales en las arcas municipales.

La propuesta inicial de IU se refer¨ªa ¨²nicamente a las exenciones en el impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) para determinados edificios, que detraen a la Hacienda local 94 millones al a?o. De hecho, la coalici¨®n de izquierdas ha pedido al Ayuntamiento que detalle qu¨¦ Administraciones e instituciones, y en qu¨¦ medida, se ven beneficiadas por estas exenciones, "con especial menci¨®n a lo relacionado con la Iglesia cat¨®lica".

Sin embargo, el Gobierno local, con mayor¨ªa absoluta del PP, ha ido m¨¢s all¨¢ y ha acordado con IU enmendar el texto para instar al Estado a compensar al Ayuntamiento por el impacto de todas sus pol¨ªticas fiscales, que cifra en 120 millones.

El Ayuntamiento cifra en 94 millones sus 'p¨¦rdidas' por exenciones del IBI

La Ley de las Haciendas Locales estipula que la Iglesia est¨¢ exenta de pagar el IBI en virtud de los Acuerdos entre el Estado y la Santa Sede de 1979. Esta "exenci¨®n total y permanente de la contribuci¨®n territorial urbana" afecta a templos y capillas, residencias de obispos y sacerdotes, oficinas, seminarios y conventos.

Adem¨¢s, tampoco pagan el IBI los edificios p¨²blicos dedicados a seguridad ciudadana (comisar¨ªas), servicios educativos (colegios) y penitenciarios (c¨¢rceles), o a la defensa nacional (cuarteles), los inmuebles de la Cruz Roja, las sedes diplom¨¢ticas de otros pa¨ªses y las estaciones de ferrocarril. Tambi¨¦n quedan exentos los edificios catalogados como patrimonio hist¨®rico, lo que no se refiere ¨²nicamente a monumentos, sino, por ejemplo, a inmuebles antiguos del centro de la ciudad.

En opini¨®n del concejal de IU Jorge Garc¨ªa, desde la llegada a la alcald¨ªa de Alberto Ruiz-Gallard¨®n (2003), "el recibo del IBI ha llegado a triplicarse para muchos vecinos, mientras que ni el arzobispado paga por ninguna de sus iglesias, ni la Administraci¨®n central por ninguna de sus oficinas, ni incluso algunos hoteles de lujo por su condici¨®n de patrimonio hist¨®rico y cultural". "Esta situaci¨®n siempre ha sido injusta, pero con la crisis, la falta de ingresos y el recorte de servicios ya es insostenible", a?ad¨ªa.

El Ayuntamiento coincide. A sus responsables les solivianta especialmente que determinados edificios hist¨®ricos no tengan que pagar el IBI aunque se dediquen a actividades comerciales (hoteles, restaurantes, etc¨¦tera), pese a que s¨ª que cumplen con otras obligaciones fiscales, como el impuesto de sociedades. Tampoco entienden la exenci¨®n a las estaciones, cuando AENA s¨ª debe tributar por el aeropuerto de Barajas.

Por ello, sin entrar en el fondo del asunto (es decir, si la Iglesia y dem¨¢s deben estar exentos o no), se ha sumado a IU para exigir que el Estado le compense. Argumenta que debe ser el Gobierno central el que arrastre el coste econ¨®mico de los acuerdos que firma. Por ejemplo: si la embajada de tal pa¨ªs no paga el IBI porque, a su vez, la embajada espa?ola en ese lugar no debe abonar otro impuesto similar, el Ayuntamiento cree que debe ser compensado, puesto que ese ahorro revierte en la Administraci¨®n central, pero en detrimento suyo.

Y a?ade: la ley establece que los colegios concertados tambi¨¦n est¨¢n exentos de pagar el IBI, pero "esta exenci¨®n debe ser compensada por la Administraci¨®n competente". Este es el modelo que desea para el resto de casos. O, en su defecto, que se var¨ªe el modelo de financiaci¨®n local para que quede en sus manos decidir a qui¨¦n se le permite librarse del IBI y a qui¨¦n no.

IU lo explica as¨ª: "Las medidas del Estado para controlar el d¨¦ficit han derivado en una reducci¨®n dr¨¢stica del margen de maniobra de las entidades locales que, en algunos casos, han paralizado inversi¨®n y servicios". Por ello, es "urgente revisar determinadas pol¨ªticas fiscales que limitan la capacidad de intervenci¨®n municipal y suponen una injerencia al principio de autonom¨ªa y suficiencia de los recursos".