Mas mantiene el ritmo de multas ling¨¹¨ªsticas que hered¨® del tripartito
La Generalitat ha impuesto 107 sanciones por no rotular en catal¨¢n en el primer semestre de 2011 - El Gobierno de Pujol nunca aplic¨® la ley
Converg¨¨ncia i Uni¨® (CiU) nunca aplic¨® las multas previstas en la Ley de Pol¨ªtica Ling¨¹¨ªstica en su anterior etapa de Gobierno, con Jordi Pujol al frente. Fij¨® las sanciones en la norma que entr¨® en vigor en 1998, pero nunca las impuso a ning¨²n comerciante por no rotular en catal¨¢n. El tripartito s¨ª lo hizo, y alcanz¨® el r¨¦cord de sanciones en 2008, con 209 multas. En su vuelta al Gobierno, CiU mantiene el ritmo de sanciones que hered¨® del tripartito. En el primer semestre de 2011, con los nacionalistas ya en el Ejecutivo, se impusieron 107 sanciones por no rotular en catal¨¢n, m¨¢s de la mitad que en todo el a?o anterior: el ¨²ltimo Gobierno cerr¨® 2010 con 205 sanciones.
La Agencia Catalana de Consumo ha revisado 1.062 denuncias hasta junio de este a?o. "La cantidad de sanciones es muy baja, solo el 10%", destaca el director de la Agencia Catalana de Consumo, Alfons Conesa. En Catalu?a, seg¨²n los ¨²ltimos datos del Instituto Nacional de Estad¨ªstica, hay m¨¢s de 78.000 comercios.
Todos est¨¢n obligados a cumplir la Ley de Pol¨ªtica Ling¨¹¨ªstica que establece que la rotulaci¨®n de los establecimientos debe estar, al menos, en catal¨¢n. Cuando se decidi¨® a imponer las primeras multas, el tripartito estableci¨® que se dar¨ªan facilidades para que los comerciantes inspeccionados cambiaran el cartel: "Si hay voluntad de rotular en catal¨¢n, no hay sanci¨®n", resum¨ªa el anterior director de la agencia, Jordi Anguera. Conesa apuesta por seguir en esta l¨ªnea: "No queremos sancionar y recaudar. Solo queremos que la ley se cumpla", defiende. El actual director de la Agencia Catalana de Consumo lo tiene claro: solo se multa a los comerciantes que no quieren cambiar sus r¨®tulos. "Es una cuesti¨®n de voluntad. Cuando hay una inspecci¨®n, se se?alan las deficiencias y se da un mes para solucionarlas. Si se arregla, el expediente se archiva", remarca Conesa, que prefiere no evaluar la pasividad de CiU con las multas en su anterior etapa de Gobierno.Pese a que la atenci¨®n de los partidos pol¨ªticos contrarios a las multas ling¨¹¨ªsticas -PP y Ciutadans- se centra en la protecci¨®n del catal¨¢n, la Generalitat tambi¨¦n protege el castellano, seg¨²n marca la legislaci¨®n vigente. Aunque el incumplimiento en este campo es mucho menor: el Gobierno catal¨¢n mult¨® en 2010 -los ¨²ltimos datos de los que dispone la Agencia Catalana de Consumo-, a nueve empresas por no etiquetar en castellano, un n¨²mero reducido tras haber sancionado en 2009 a 94 firmas por ese motivo. Estas multas, que como sanciones leves pueden alcanzar los 10.000 euros, cumplen con las 120 normas que obligan a etiquetar los productos, al menos, en castellano. Conesa explica el descenso: "Afectan a las empresas que importan alimentos, y cada vez conocen m¨¢s las normas". Hay una ¨²nica excepci¨®n en las reglas de etiquetaje: los alimentos tradicionales, que pueden estar etiquetados solo en catal¨¢n. Al tratarse de productos con denominaci¨®n de origen, la Generalitat no ha multado a ninguna empresa por saltarse este precepto.
Las multas por no etiquetar en castellano son muy pocas en comparaci¨®n a las que sirven para proteger el catal¨¢n. A esa diferencia ayuda, seg¨²n Alfons Conesa, el mayor conocimiento a la ley del etiquetaje (es obligatorio en toda la UE que la informaci¨®n est¨¦ al menos en el idioma oficial de cada pa¨ªs) y el celo de los ciudadanos que detectan los comercios que no tienen sus carteles en catal¨¢n. La mayor¨ªa de expedientes que se imponen por los carteles llegan tras una denuncia, mientras que todas las multas por las etiquetas que llevan los productos se producen tras inspecciones rutinarias.
La Generalitat ya ha superado las 1.000 multas ling¨¹¨ªsticas por no rotular en catal¨¢n desde que empezaron las denuncias. Desde 2003 a 2010 se impusieron 973 sanciones y se recaud¨® un mill¨®n de euros, seg¨²n los datos de la Agencia Catalana de Consumo. Las sanciones suelen rondar los 600 euros, aunque esta cifra puede aumentar en funci¨®n del incumplimiento.
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