Carreteras y hospitales hipotecan el presupuesto de la Xunta hasta 2039
Dentro de 20 a?os Galicia seguir¨¢ pagando 157 millones en seis infraestructuras
Sume 27 a?os a su edad. Cuando los cumpla, la Xunta todav¨ªa deber¨¢ pagar 3,4 millones del ¨²ltimo plazo de la A-52 entre la frontera portuguesa y Celanova. Es la cara B de la colaboraci¨®n p¨²blico-privada, la f¨®rmula estrella del programa electoral del Partido Popular, que el bipartito PSdeG-BNG utiliz¨® para financiar carreteras con los llamados peajes en sombra. El Gobierno de Alberto N¨²?ez Feij¨®o profundiz¨® en estas operaciones para sufragar infraestructuras sanitarias, emulando a lo que hizo Esperanza Aguirre en Madrid o Francisco Camps en Valencia.
Por primera vez, los acuerdos aparecen reflejados con sus correspondientes cuadros de amortizaci¨®n en el proyecto de Presupuestos que tramita el Parlamento gallego. La AG-56 entre Santiago-Bri¨®n-As Galanas, la V¨ªa R¨¢pida del Saln¨¦s, la del Barbanza, el tramo de la A-52 citado y la autov¨ªa de la Costa da Morte costar¨¢n, junto con el hospital de Vigo, m¨¢s de 3.000 millones de euros en aportaciones que no se empezar¨¢n a cancelar hasta que corra el a?o 2033. "Los gobiernos van a tener cada vez m¨¢s dif¨ªcil vender este tipo de proyectos cuando se est¨¢n cancelando servicios b¨¢sicos como la asistencia a domicilio. En el Hospital de Vigo nos han reconocido que la inversi¨®n alcanza los 1.794 millones para una infraestructura que iba a costar 400", reflexiona Manuel Mart¨ªn, portavoz de la Plataforma por la Defensa de la Sanidad P¨²blica. En el proyecto de Presupuestos para 2012, sumados el canon y las inversiones, la infraestructura para el ¨¢rea sanitaria de Vigo suma 1.328 millones, que empezar¨¢n a pagarse en 2014. Las obras ya han comenzado aunque Concessia, empresa que forma parte de la UTE ganadora y que se encargaba de la financiaci¨®n, se neg¨® ayer a precisar si ha cerrado o no la operaci¨®n "por la pol¨¦mica que ha levantado" la ausencia de un acuerdo con la banca. La empresa est¨¢ formada por varias cajas de ahorros, entre ellas la CAM, intervenida por el Banco de Espa?a, y otras que han necesitado recursos p¨²blicos para alcanzar los niveles m¨ªnimos de solvencia.
Los contratos costar¨¢n a la Administraci¨®n 3.000 millones
La colaboraci¨®n privada no computa en el d¨¦ficit p¨²blico
"Hay que valorar como un acto de transparencia importante que por primera vez se detalle esta informaci¨®n en las cuentas", analiza el catedr¨¢tico de Econom¨ªa Aplicada, Santiago Lago. "A partir de ah¨ª, debemos reflexionar si tienen sentido ciertas inversiones y si no habr¨ªa sido mejor optar por la financiaci¨®n tradicional". La legislaci¨®n allana el camino para que cualquier gobierno use -y abuse- de las llamadas CPP (colaboraciones con empresas privadas para hacer obras p¨²blicas) que ayudan al pol¨ªtico de turno a cortar la cinta roja de un centro de salud o una autov¨ªa sin haber pagado el primer euro. Es el caso de la infraestructura sanitaria de Vigo, cuyo pago se realizar¨¢ desde el 2014, tras las pr¨®ximas elecciones auton¨®micas.
"Deja a las generaciones futuras una hipoteca espantosa y plantea muchos problemas, porque ahora mismo las empresas tampoco tienen acceso a los recursos para invertir. En el caso de Concessia es m¨¢s sangrante, porque por una parte el Gobierno est¨¢ ayudando a las cajas que indirectamente participan en la UTE y que van a cobrar un sobreprecio por conseguir la financiaci¨®n. Es una estafa, como m¨ªnimo, moral. Un dispendio inaceptable", ataca Manuel Mart¨ªn.
La deuda reconocida por Galicia suma 6.923 millones de euros seg¨²n los registros del Banco de Espa?a. Es el 12,4% del Producto Interior Bruto. Si sumamos los compromisos adquiridos por el Gobierno gallego hasta 2039, esa misma cifra se disparar¨ªa alcanzar¨ªa 10.000 millones de euros, el 17,7% del PIB. Pero el pago diferido no computa en los presupuestos dentro del d¨¦ficit, sino en el cap¨ªtulo de las inversiones. Una v¨ªa legal que, como record¨® ayer el portavoz del BNG, Carlos Aymerich, en el Parlamento, "materialmente es deuda".
El debate lleva tiempo instalado en el seno de la Uni¨®n Europea. "Las autoridades p¨²blicas, debido a las dificultades presupuestarias a las que se enfrentan, recurren cada vez m¨¢s a ellas, y de esta forma se benefician de los conocimientos t¨¦cnicos del sector privado", se?ala el libro verde que analiza la CCP. Ese documento defiende que "implica un ahorro, en la medida en que integra todas las fases de un proyecto".
Pero grupos sociales dudan seriamente de sus ventajas y hacen n¨²meros: dentro de 20 a?os la Xunta tendr¨¢ que pagar 157 millones por c¨¢nones. El 45% del presupuesto en infraestructuras del pr¨®ximo ejercicio.
Un recurso f¨¢cil que todos utilizan
El debate parlamentario de ayer no trataba sobre la gesti¨®n del PP en la Xunta, sino de las recomendaciones que el Consello de Contas realiz¨® a la C¨¢mara tras analizar el ¨²ltimo presupuesto ejecutado por el Gobierno bipartito. Las cr¨ªticas contenidas en el documento daban paso a una advertencia sobre la necesidad de mejorar el control de la financiaci¨®n p¨²blico-privada.
Los grupos parlamentarios acataron por unanimidad el recado del organismo fiscalizador, pero cada uno enfoc¨® el problema a su manera. Para el PSOE la suya fue una gesti¨®n "rigurosa" y "sin tachas", en las cuentas. El BNG tir¨® sus dardos hacia el actual Gobierno recordando que "deja un pobre legado a los gallegos".
El diputado conservador Jes¨²s Goldar record¨® a ambos grupos que recurrir al capital privado para pagar facturas era una pr¨¢ctica com¨²n en la legislatura anterior, y puso como ejemplo la supresi¨®n del peaje de A Barcala y Rande que ha generado compromisos "hasta, al menos, 2042". La v¨ªa del Saln¨¦s, la conexi¨®n entre Santiago y Bri¨®n y la v¨ªa del Barbanza fueron impulsadas por el Gobierno anterior como "peajes en sombra". Defend¨ªan su utilidad para evitar que el usuario sufragase los costes directamente.
El nuevo hospital de Pontevedra en Monte Carrasco, calificado desde la Plataforma por la Sanidad P¨²blica como "un delirio de N¨²?ez Feij¨®o y Pilar Farjas", puede ser el siguiente en la lista. En los presupuestos del a?o pr¨®ximo figura una asignaci¨®n de 100.000 euros para su tramitaci¨®n, y la Conseller¨ªa de Medio Ambiente ha elaborado la memoria ambiental. "Es una maniobra de propaganda para presumir de la maqueta", critica la asociaci¨®n.
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