El PP regional act¨²a en el 'caso Emarsa' ante la apat¨ªa de Barber¨¢

La direcci¨®n regional del PP se hart¨® de esperar y ayer movi¨® ficha ante la pasividad de la c¨²pula de su partido en la ciudad de Valencia y la apat¨ªa de su cabeza visible, Rita Barber¨¢. Antonio Clemente, secretario general del PP valenciano, anunci¨® a media ma?ana que suspend¨ªa cautelarmente de militancia a Esteban Cuesta, exgerente de Emarsa, imputado por graves delitos de malversaci¨®n de fondos, estafa continuada y delitos societarios. El caso Emarsa estall¨® hace m¨¢s de un a?o, tiempo en el que Cuesta ha permanecido como presidente de los populares en el distrito de Poblats de l'Oest pese a que cada d¨ªa se conoc¨ªan nuevos datos acerca del saqueo llevado a cabo en la sociedad p¨²blica dedicada a la depuraci¨®n de aguas de Valencia y su ¨¢rea metropolitana. El PP local se cruz¨® de brazos con Cuesta y al final ha intervenido la direcci¨®n regional.

El momento ha sido de lo m¨¢s inoportuno para el PP de Valencia. Anteayer, Barber¨¢, a preguntas de los periodistas, reconoci¨® impl¨ªcitamente sentirse afectada por la trascendencia del caso pero se escud¨® en que carec¨ªa de cargos org¨¢nicos en la plana local del PP para suspender a Cuesta. Una respuesta que son¨® a excusa en una regidora con todo el ascendiente sobre su partido y que presume de dirigirse de t¨² a t¨² a Mariano Rajoy, presidente del PP nacional y candidato a la presidencia del Gobierno.

Silencio en el 'cap i casal'

El secretario general del PP de Valencia ciudad y concejal de Urbanismo de Barber¨¢, Jorge Bellver, quedaba ayer en evidencia tras conocerse el anuncio de Clemente: solo unas horas antes hab¨ªa asegurado que esperar¨ªa a que actuase la justicia antes de apartar al exgerente de Emarsa de su cargo y militancia. Ambos quedaron en evidencia con la fulminante decisi¨®n de Clemente.

La vicepresidenta del Consell Paula S¨¢nchez de Le¨®n mostr¨® su respeto por la decisi¨®n adoptada por Clemente. "Ha sido para salvaguardar la honestidad y la integridad", que "es lo que caracteriza y lo que representa la mayor¨ªa de este partido", dijo.

En Consistorio recibi¨® con silencio la decisi¨®n de la direcci¨®n regional. Preguntada al respecto, la alcaldesa se encogi¨® de hombros y dijo, seg¨²n testigos, que Antonio Clemente ya hab¨ªa hablado.

Los grupos de la oposici¨®n, que llevan meses exigiendo al Gobierno local que act¨²e, le echaron en cara que no tomara cartas en el asunto. El portavoz socialista Joan Calabuig tild¨® de inaceptables las declaraciones realizadas el jueves por Barber¨¢ y le pidi¨® que diera la cara. "La principal responsabilidad pol¨ªtica", a?adi¨® Calabuig, "en la gesti¨®n de Emarsa corresponde al Ayuntamiento, que tiene el control mayoritario de la asamblea. Es evidente que no puede plantearlo como un tema que no tenga nada que ver con ella". Seg¨²n Calabuig, la alcaldesa no puede esconderse detr¨¢s de sus "compa?eros de partido esperando que tomen las decisiones por ella". Comprom¨ªs, a trav¨¦s la edil Consol Castillo, inst¨® a la alcaldesa a pedir responsabilidades a los miembros de su partido implicados en el caso Emarsa.

La suspensi¨®n de militancia de Esteban Cuesta lleg¨® el mismo d¨ªa en que el juez instructor, Vicente R¨ªos, adoptaba medidas cautelares contra cuatro de los principales imputados, para limitar el riesgo de fuga. El juez retir¨® el pasaporte a Cuesta, a Enrique Arnal (exdirector financiero de Emarsa y exedil de Uni¨®n Valenciana en Moncada), y a dos de los empresarios acusados de participar en el saqueo, Sebasti¨¢n Garc¨ªa y Jos¨¦ Luis Sena. Los cuatro tendr¨¢n que personarse semanalmente en el juzgado. En la causa tambi¨¦n est¨¢ imputado Enrique Crespo, alcalde de Manises y vicepresidente de la Diputaci¨®n de Valencia, a quien el PP mantiene todos sus cargos.El juez Vicente R¨ªos dej¨® a cuatro de los imputados en situaci¨®n de libertad provisional. Aparte de la retirada de pasaporte y la obligaci¨®n de presentarse semanalmente, el instructor a¨²n debe decidir si les impone las fianzas que solicit¨® la acusaci¨®n particular representada por la Emshi (Entidad Metropolitana de Servicios Hidr¨¢ulicos), propietaria de Emarsa hasta que ¨¦sta fue liquidada por quiebra. La Emshi, controlada por el Ayuntamiento de Valencia, ha solicitado que Arnal y Cuesta paguen fianzas de 30 millones de euros. De acordarse ese importe, o incluso otro mucho menor, ambos entrar¨ªan en la c¨¢rcel: a¨²n en el caso de tenerlo, muy pocas personas pueden justificar ante la justicia disponer de tal cantidad de dinero.

El juez basa las medidas cautelares en el hecho de que el avance de la investigaci¨®n ha reforzado los indicios sobre la "decisiva participaci¨®n" de los acusados en el saqueo de la sociedad p¨²blica; en las largas penas de prisi¨®n a las que se enfrentan, y en "la probable existencia de intereses econ¨®micos de los imputados en el extranjero".

?D¨®nde est¨¢ el dinero?

R¨ªos destaca los continuos viajes que los directivos de Emarsa, sus proveedores y tambi¨¦n otras personas ajenas a la empresa, sobre todo mujeres con nombres y apellidos rumanos, hicieron al extranjero, especialmente a Bucarest, a costa de la sociedad p¨²blica.

Los imputados han declarado que viajaban con frecuencia a Ruman¨ªa porque ten¨ªan entre manos un proyecto para poner en marcha all¨ª una depuradora. Una explicaci¨®n que no ha convencido ni a la fiscal ni al juez, dado que Emarsa no estaba habilitada legalmente para hacer nada parecido. El instructor sospecha que esas relaciones exteriores estaban fundadas, en realidad, "en motivos profesionales distintos de la actividad desarrollada por la entidad p¨²blica".

El juez plantea en el auto, a continuaci¨®n, la cuesti¨®n clave: "A pesar de las abultadas facturaciones hechas por estas empresas a Emarsa, queda por establecer el destino dado por los administradores de las mismas, ahora imputados, al dinero proveniente de la sociedad Emarsa, que suma millones de euros". Buena parte del saqueo de Emarsa se produjo a trav¨¦s del tratamiento de lodos. Dos de los imputados han dicho que la empresa que se ocupaba de ello fue impuesta a Emarsa por otra sociedad p¨²blica de la Generalitat, Epsar, que adem¨¢s habr¨ªa ordenado pagarle precios desorbitados.