La juez de los ERE irrumpe en la campa?a

A solo tres d¨ªas del cierre de la campa?a electoral, la juez que investiga los ERE fraudulentos, Mercedes Alaya, dispar¨® ayer su dinamita procesal para situar el foco del caso sobre el presidente de la Junta andaluza, Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n. Despu¨¦s de que la semana pasada el candidato socialista al Congreso Alfonso Guerra arremetiera contra la magistrada y tras protagonizar un sonado enfrentamiento con la Junta por las actas de los Consejos de Gobierno que dilucid¨® el Supremo a su favor, ayer Alaya fue de nuevo el centro de la pol¨¦mica pol¨ªtica, no judicial.

El PP, personado en la causa, hab¨ªa pedido numerosas diligencias en un escrito. Y el pasado jueves, al d¨ªa siguiente de las cr¨ªticas de Guerra, Alaya dio respuesta a las peticiones del PP con un auto, conocido ayer, que analiza "la concesi¨®n il¨ªcita de ayudas p¨²blicas durante m¨¢s de una d¨¦cada". La juez exige a la Junta andaluza que le informe de las operaciones de endeudamiento de m¨¢s de 1,2 millones autorizadas por "el titular de la Consejer¨ªa de Econom¨ªa", cargo que ostent¨® Gri?¨¢n, tal y como subraya Alaya.

Redact¨® el auto un d¨ªa despu¨¦s de las cr¨ªticas de Alfonso Guerra en un acto

Gri?¨¢n no autoriz¨® operaciones de endeudamiento de la agencia IDEA

Pide informaci¨®n al PP, en vez de al Gobierno, del ERE de la Faja Pir¨ªtica

La instructora extiende las pesquisas a los fondos europeos

Esta era una petici¨®n expresa del PP, que ha situado a Gri?¨¢n en el centro del caso, aunque el origen del esc¨¢ndalo estaba en la Consejer¨ªa de Empleo. La cercan¨ªa de las elecciones auton¨®micas andaluzas, que se celebrar¨¢n en marzo de 2012, ha hecho que se intensifique la estrategia del PP de cercar al rival de Javier Arenas en las urnas.

Sin embargo, en el auto de ayer, la magistrada cometi¨® un error "de bulto", seg¨²n fuentes jur¨ªdicas, ya que la supuesta autorizaci¨®n que reclamaba el PP y que la juez ha ordenado investigar, no existe. En un comunicado de respuesta al auto de Alaya, el Gobierno aut¨®nomo asegura que Econom¨ªa y Hacienda no daba el visto bueno "a la concesi¨®n de subvenciones" superiores a 1,2 millones de euros. A partir de esa cantidad, la aprobaci¨®n corresponde al Consejo de Gobierno. Lo que s¨ª debe autorizar la consejer¨ªa que dirig¨ªa Gri?¨¢n eran las operaciones de endeudamiento (obtenci¨®n de ingresos) de la agencia IDEA. Fuentes del Gobierno indicaron que durante la etapa de Gri?¨¢n no hubo autorizaciones de endeudamiento de IDEA.

"La prescripci¨®n legal que se menciona no afecta a los casos investigados, no afecta a la concesi¨®n de subvenciones sino a operaciones de endeudamiento de la Agencia IDEA (...) El Gobierno deplora la confusi¨®n deliberada, provocada por el PP, al remitirse a obligaciones legales inexistentes", subray¨® el Ejecutivo en un comunicado. Adem¨¢s, la Junta record¨® a la magistrada que "puede comprobar en las actas" de los Consejos de Gobierno que le entreg¨® por orden del Supremo, c¨®mo "no existe ratificaci¨®n por parte del Consejo de Gobierno de los acuerdos del IFA o IDEA".

No es la primera vez que Alaya vincula a Gri?¨¢n con el esc¨¢ndalo de los ERE. En un auto de la pasada primavera, la magistrada expres¨® su convencimiento de que Gri?¨¢n, en su etapa como consejero de Econom¨ªa, conoci¨® los informes de la Intervenci¨®n General, que consideraron inadecuado el procedimiento administrativo empleado para el fondo con el que se han pagado los ERE y ayudado a empresas en crisis, que tuvo una dotaci¨®n de 647 millones en 10 a?os.

Mientras, en el auto de ayer llama la atenci¨®n una petici¨®n concreta: "Procede reclamar la vida laboral de la empresa Matsa" y las subvenciones que recibi¨® de la Junta andaluza. Con este requerimiento, la magistrada parece querer reabrir el caso Matsa, que tiene su origen en una subvenci¨®n de 10 millones que el Ejecutivo andaluz concedi¨® a la empresa Minas de Aguas Te?idas (Matsa), donde trabaja como apoderada Paula Chaves, hija del vicepresidente del Gobierno y expresidente del Ejecutivo andaluz Manuel Chaves. El Supremo y el TSJA han dado por cerrado este caso, tanto en la v¨ªa penal como en la contencioso-administrativa.

Adem¨¢s, Alaya reclama en su auto informaci¨®n del ERE en las minas de la Faja Pir¨ªtica de Huelva que afect¨® a 796 trabajadores. La juez sospecha que numerosas p¨®lizas fueron cobradas ilegalmente. Para averiguarlo, solicita copia del Plan ?nico que dise?¨® el Gobierno central para la reconversi¨®n de la Faja Pir¨ªtica en 2002. Pero en lugar de ped¨ªrselo al Ejecutivo central, la juez se dirige al PP por el hecho de que est¨¢ personado en la causa y entonces gobernaba en Espa?a. El PP pidi¨® a la juez que corrija el "error" en que ha incurrido. Alaya tambi¨¦n le solicita el plan a la Junta para contar con este "a la mayor brevedad".

La instructora imputa en la causa al exdelegado de Trabajo y Asuntos Sociales de la Junta en Sevilla, Juan Rodr¨ªguez Cordob¨¦s, y extiende sus sospechas de un "presunto uso abusivo de fondos p¨²blicos" a la Direcci¨®n General de Fondos Europeos de la Consejer¨ªa de Econom¨ªa.