Portavoz en precario

El apoyo de la Fiscal¨ªa del Tribunal Supremo a la investigaci¨®n de la juez de Instrucci¨®n n¨²mero 3 de Lugo, Estela San Jos¨¦, sobre la supuesta implicaci¨®n del ministro de Fomento y portavoz del Gobierno en funciones, Jos¨¦ Blanco, en los delitos de tr¨¢fico de influencias y de cohecho que le atribuye el empresario gallego Jorge Dorribo, sit¨²a este caso, abierto en v¨ªsperas de las elecciones generales, en una nueva dimensi¨®n de mayor consistencia jur¨ªdica y, por tanto, m¨¢s comprometida para el ministro y portavoz.

El Tribunal Supremo, al que la juez de Lugo envi¨® su exposici¨®n razonada sobre los indicios que apuntan a Blanco, no se ha declarado todav¨ªa competente en el caso ni ha sido designado todav¨ªa, por tanto, juez instructor. Blanco tampoco ha sido llamado a declarar ni ha tenido ocasi¨®n de dar su versi¨®n sobre los hechos en sede judicial. No est¨¢ imputado. El procedimiento penal que le implica se ha instruido hasta ahora, en raz¨®n de su condici¨®n de aforado, al margen del ministro y sin que tenga constancia oficial de su existencia. Pero el aval de la Fiscal¨ªa del Tribunal Supremo a la actuaci¨®n de la juez de Lugo y la petici¨®n al alto tribunal de que siga la investigaci¨®n implica que da verosimilitud a los indicios que se?alan al ministro y que est¨¢ en disposici¨®n de acusarle, si llegara el caso.

La cuesti¨®n que se le plantea a Blanco es si su an¨®mala situaci¨®n procesal -un ministro que todav¨ªa no ha sido llamado a declarar ante el juez ni est¨¢ imputado, pero al que la Fiscal¨ªa del Supremo considera merecedor de ser investigado- es compatible con el desempe?o de un cargo p¨²blico tan relevante como el de portavoz del Gobierno. A estos efectos es irrelevante que se trate de un Gobierno en funciones, al que le quedan dos o tres semanas de vida y otras tantas reuniones del Consejo de Ministros. No es irrelevante, en cambio, que sea Blanco quien d¨¦ cuenta de las ¨²ltimas decisiones que toma el Gobierno de Zapatero antes de dejar La Moncloa.

La acusaci¨®n que se proyecta sobre el ministro, de la que hay constancia p¨²blica por la decisi¨®n de la Fiscal¨ªa del Supremo de avalar la investigaci¨®n sobre el ministro en este tribunal, se cohonesta mal al menos con las funciones de portavoz. No importa que hasta la fecha no haya comparecido ante el juez, ni est¨¦ imputado, ni que se haya enterado de las diligencias judiciales que le afectan por una extra?a conjunci¨®n medi¨¢tico-judicial producida en v¨ªsperas electorales. Tampoco sirve de mucho lamentar que la investigaci¨®n de la juez de Lugo solo se base en la denuncia de un empresario imputado por corrupci¨®n y en correos electr¨®nicos no contrastados y descontextualizados.

La incompatibilidad de esa an¨®mala situaci¨®n procesal con sus funciones de portavoz del Gobierno no se debe a razones jur¨ªdicas; son razones pol¨ªticas, ¨¦ticas y de imagen del propio Gobierno como tal las que aconsejan que alguien sobre el que planea una acusaci¨®n que afecta al ejercicio de sus funciones ministeriales deje de actuar como portavoz del Ejecutivo.