Fin a la discriminaci¨®n en el campo

Los trabajadores del campo perciben la mitad de prestaciones sociales a pesar de cotizar m¨¢s que el resto a la Seguridad Social. Finalmente, y tras una larga lucha de dos d¨¦cadas, dejar¨¢n el r¨¦gimen agrario y se integrar¨¢n en el general a partir del 1 de enero. Desde ese momento, obtendr¨¢n las mismas prestaciones que el resto de empleados por cuenta ajena, con derechos a la jubilaci¨®n anticipada o al permiso por maternidad. De la situaci¨®n se beneficiar¨¢ casi medio mill¨®n de jornaleros andaluces, cerca del 60% de todos los del pa¨ªs.

Solo los eventuales de la agricultura que est¨¦n cobrando el subsidio o la renta agraria podr¨¢n seguir haci¨¦ndolo hasta que finalice la prestaci¨®n. Para quienes se integren en el r¨¦gimen general esta ayudas pasan a ser incompatibles. Tambi¨¦n cotizar¨¢n por jornadas reales trabajadas y en los periodos de inactividad, cuando se trabaje menos de 23 d¨ªas al mes, tendr¨¢n que pagarse el sello y asumir su cotizaci¨®n.

En los periodos de actividad, ser¨¢ el empresario el responsable del ingreso de las cotizaciones, tanto de las que son a su cargo como de las que son a cargo del empleado, por lo que deber¨¢ descontar estas ¨²ltimas del salario que perciba el trabajador.

Este cambio en la normativa ha empujado a los sindicatos a abrir el debate de la introducci¨®n de los fijos-discontinuos como contrato de referencia. "El objetivo es ir hacia la estabilidad en el empleo en el sector agrario", expone Pedro Marcos, de la Federaci¨®n de Industria y Trabajadores Agrarios de UGT.

Pero no parece que los empresarios est¨¦n dispuestos a dar ese paso. En la campa?a de la fresa de Huelva, donde se negocia el convenio del campo, los patronos condicionan a un mayor rendimiento de los jornaleros los contratos fijos-discontinuos. "Por ah¨ª no vamos a pasar", advierte Marcos.

Tambi¨¦n en la provincia de Ja¨¦n, donde a¨²n se discute el principal convenio agrario (afecta a m¨¢s de 100.000 trabajadores), los empresarios est¨¢n utilizando el trasvase de un r¨¦gimen a otro como arma de negociaci¨®n.

El gerente provincial de Asaja, Luis Carlos Valero, estima que tendr¨¢n que soportar un sobrecoste del 3% en las cotizaciones, y ha dejado entrever que ese es el motivo por el que no est¨¢n dispuestos a asumir una subida salarial acorde con el IPC, como piden los sindicatos.

"No es cierto que tengan un sobrecoste econ¨®mico, lo que ocurre es que van a tener que sacar a la luz m¨¢s econom¨ªa irregular", asegura Antonio Perianes, de la Federaci¨®n Agroalimentaria de CC OO. En su opini¨®n, los empresarios agrarios son los ¨²nicos que tienen incentivado el contrato por un d¨ªa y recuerda que, hasta el a?o 2031, la cotizaci¨®n empresarial permanecer¨¢ congelada en el 15%, frente al 23% que rige para el resto.

Los sindicatos y las organizaciones agrarias intensifican en estos d¨ªas las campa?as informativas sobre la integraci¨®n de los trabajadores del campo en el R¨¦gimen General.

El Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) teme "las grandes desventajas" que este acuerdo tendr¨¢ para los jornaleros, pero UGT y CC OO hablan de un hito hist¨®rico. "Hasta ahora, el trabajo en el campo ha estado muy devaluado y eso dificultaba el relevo generacional", subraya Pedro Marcos, para quien a partir de esta integraci¨®n "los trabajadores agrarios dejar¨¢n de sentirse discriminados".

Asaja recela de la "inseguridad jur¨ªdica" con la que se producir¨¢ ese trasvase. Luis Carlos Valero asegura que la ley a¨²n no cuenta con reglamento de aplicaci¨®n y esgrime que deber¨¢n aplicarla los empresarios en plena campa?a de recogida de la aceituna.