"Rabat no ha demostrado que el pacto con la UE beneficie a los saharauis"

"El problema del acuerdo era la misma premisa: la explotaci¨®n por parte de Marruecos de aguas que no son suyas en violaci¨®n del derecho internacional". La opini¨®n de Carlos Ruiz Miguel, catedr¨¢tico de Derecho Constitucional en la Universidad de Santiago de Compostela, no puede ser m¨¢s tajante. El jurista, que lleva a?os dedicado a la cuesti¨®n del estatus del S¨¢hara Occidental, cree que la decisi¨®n del Parlamento Europeo (PE) de rechazar la pr¨®rroga del acuerdo de pesca con Marruecos es resultado del incumplimiento de las condiciones que su propio protocolo inclu¨ªa: beneficios directos para la poblaci¨®n saharaui.

El informe del eurodiputado liberal finland¨¦s Carl Haglund aprobado por la Euroc¨¢mara reconoce que "en la documentaci¨®n relativa al protocolo no se examina esta cuesti¨®n". Pero no se trata de una ausencia justificada, recuerda Ruiz. En mayo de 2009 un dictamen del Servicio Jur¨ªdico del PE, se?alaba que "las actividades econ¨®micas relacionadas con los recursos naturales de un territorio no aut¨®nomo deben realizarse en beneficio de la poblaci¨®n de dicho territorio y de conformidad con lo solicitado por esta". De lo contrario, la UE ten¨ªa que plantearse la suspensi¨®n del acuerdo. Por ello, la Comisi¨®n pidi¨® a Rabat que demostrara estos beneficios. "Marruecos no lo hizo", dice Ruiz. El informe reconoce que el Gobierno marroqu¨ª present¨® en diciembre de 2010, "en un documento Powerpoint, los resultados de algunos programas de inversi¨®n", pero el texto "no indica si la poblaci¨®n del S¨¢hara Occidental ha sacado alg¨²n provecho".

Un experto advierte que Marruecos no dio datos suficientes a la Comisi¨®n

"La gran mayor¨ªa de los trabajadores del sector pesquero en la zona son marroqu¨ªes. La confirmaci¨®n del escaso beneficio para los saharauis fue el campamento de Agdaym Izik

[desmantelado por las autoridades marroqu¨ªes en noviembre de 2010] instalado para protestar contra el traslado de trabajadores marroqu¨ªes a la regi¨®n mientras que la tasa de paro de la poblaci¨®n local era del 40%", subraya el catedr¨¢tico.

Tarik Atmane, profesor de Derecho Internacional en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, es de otra opini¨®n: "?C¨®mo se puede averiguar si los beneficios han llegado o no a la poblaci¨®n? El env¨ªo de observadores ser¨ªa considerado una intromisi¨®n en la soberan¨ªa de Marruecos".

Aunque el informe de Haglund se centre en la escasa rentabilidad econ¨®mica del acuerdo, Ruiz destaca c¨®mo "el asunto pol¨ªtico est¨¢ explicitado". Por tanto, "la votaci¨®n supone un serio rev¨¦s para las ambiciones anexionistas de Marruecos" y sienta un precedente ante la pr¨®xima votaci¨®n acerca de un acuerdo sobre agricultura.

Atmane, de origen marroqu¨ª, cree en cambio que "los lobbies y los grupos prosaharauis han conseguido lo que buscaban", y que se trata de "una se?al negativa sobre la cooperaci¨®n futura de Marruecos con la UE".