?Manos arriba! Esto es un desahucio

El pasado jueves 14, despu¨¦s de que la polic¨ªa consiguiera sacarlo de su casa en Legan¨¦s, Antonio Jos¨¦ Gomes, guineano de 29 a?os, lo pas¨® peregrinando entre oficinas para dar de baja los servicios, pero ya era por la tarde y estaban cerradas. La casa ya era del banco, pero la luz y el agua segu¨ªan a su nombre, y le seguir¨ªan mandando recibos si no los da de baja. Despu¨¦s de dar vueltas por Legan¨¦s durante toda la tarde, a las 21.30 intent¨® ir a dormir al piso patera que Paulino, un amigo guineano, tiene en Alcal¨¢ de Henares (Madrid). Pero solo hab¨ªa sitio para dejar las pocas maletas que consigui¨® sacar de casa. Pasadas las 10 de la noche del d¨ªa que lo desahuciaron, agotado, cogi¨® un autob¨²s a Meco, donde durmi¨® en una pensi¨®n por 20 euros. A la ma?ana siguiente, volvi¨® a Getafe y consigui¨® dar de baja los servicios de la casa de la calle del R¨ªo Ebro, n¨²mero 4, de Legan¨¦s, a la que ya no volver¨¢. Esa noche se qued¨® libre una de las camas calientes del piso patera de su amigo y pudo dormir all¨ª.

La ley no distingue si es invierno, si hay ni?os, si es la vivienda habitual o si el desahuciado tiene alternativas

"El margen para oponerse a un desahucio es nulo", afirma un abogado experto en quiebras

"Arrastramos una legislaci¨®n del siglo XIX. Se ejecutan bienes, no personas", reconoce un magistrado de Barcelona

Un juez detuvo a un br¨®ker de hipotecas por estafa, pero no paraliz¨® los desahucios de los pisos que vendi¨®

Gomes dej¨® de pagar su hipoteca de 1.016 euros al mes cuando en septiembre de 2009 se qued¨® en paro. Pas¨® de cobrar 1.800 euros al mes (entonces la construcci¨®n pagaba mejor) a 750. Aun as¨ª, intent¨® llegar a un acuerdo para abonar 500 euros al banco y vivir con el resto, pero no quisieron escucharle y denunciaron el impago. Dej¨® de pagar definitivamente cuando en el banco le dijeron, seg¨²n asegura, que iba a perder su casa de todas formas.

El director de la oficina de Caja Espa?a que le dio la hipoteca, Jos¨¦ Manuel Plazuelo, rechaz¨® dar su versi¨®n.

Toda esta historia tiene un nombre. Concretamente, para la Administraci¨®n de Justicia todo esto se llama procedimiento de ejecuci¨®n hipotecaria 476/2010, llevado a cabo por el Juzgado de Primera Instancia n¨²mero 7 de Legan¨¦s. En los papeles del procedimiento no dice nada de que estamos en diciembre, de que Gomes tiene hijas peque?as, o de que ahora tiene trabajo de nuevo -de ferrallista- y cobra 800 euros al mes con los que podr¨ªa haber llegado a un acuerdo con Caja Espa?a para refinanciar y no entrar en impago. En realidad, desde el momento en que el caso entr¨® en la v¨ªa judicial, a finales de 2010, Antonio Jos¨¦ Gomes ya no ten¨ªa ninguna oportunidad. Gomes pidi¨® un abogado de oficio y el Colegio de Abogados de Madrid le asign¨® uno. Le mandaron una carta con el nombre y el tel¨¦fono fijo donde encontrar a la letrada, pero siempre que intent¨® llamarla estaba comunicando. Para qu¨¦. En realidad, la abogada tampoco habr¨ªa podido hacer nada.

As¨ª ha sido con muchos de los 300.000 desahucios que la plataforma de Afectados por la Hipoteca calcula que ha habido desde el comienzo de la crisis hipotecaria hace cuatro a?os. En los primeros seis meses del a?o han sido 32.010, seg¨²n la estad¨ªstica del Consejo General del Poder Judicial. Lo significativo es que el aumento es del 28% respecto al a?o 2010, cuando a su vez hab¨ªa aumentado un 41% en relaci¨®n con el anterior. Las cifras deben matizarse, ya que no son todo viviendas habituales con familias dentro. La estad¨ªstica judicial cuenta lanzamientos de desahucios, pero no distingue plazas de garaje, de naves industriales, de casas en la playa o pisos de promociones vac¨ªas. Lo ¨²ltimo que se deja de pagar es la vivienda habitual, lo que hace intuir que las situaciones como las de Antonio Jos¨¦ Gomes, a pesar de las cifras, no han hecho m¨¢s que empezar.

La abogada de Gomes, con la que no lleg¨® a contactar, no habr¨ªa podido hacer nada porque entre la Ley Procesal, la Ley de Enjuiciamiento Civil y la de Enjuiciamiento Criminal solo dejan margen para oponerse a un desahucio en unos supuestos que se reducen a dos: que se hayan equivocado y la deuda no sea tuya; o que se pague lo que se debe m¨¢s las costas del procedimiento hasta ese momento. En definitiva, seg¨²n reconocen todos los actores implicados, da igual que sea la primera vivienda o la de la playa; da igual que haya ni?os que se pueden quedar sin techo; da igual que en la calle haga 25 grados o bajo cero. O pagas, o pagas. En realidad, aunque sea un asunto judicial, los jueces act¨²an como si tuvieran las manos atadas. No hay nada que valorar, ni pruebas que pedir, ni declaraciones que tomar: solo comprobar que los papeles est¨¦n en regla.

"El margen para oponerse es nulo", clama Carlos Guerrero, abogado de la firma MAB Legal & Corporate que se dedica a concursos de acreedores. "Una ejecuci¨®n hipotecaria es lo m¨¢s injusto que hay. No hay margen ninguno para oponerse. Por eso, de cientos de miles de ejecuciones apenas hay un par de sentencias a favor del denunciado. Y ni siquiera han frenado la ejecuci¨®n, sino el reclamo de la deuda posterior".

Las leyes por las que Antonio Jos¨¦ y otros cientos de miles de ciudadanos han sido y seguir¨¢n siendo desahuciados de sus casas no est¨¢n hechas para esta situaci¨®n. "La ley no est¨¢ adaptada a la realidad social", dice Guerrero. "Hace 15 a?os, cuando los precios no estaban inflados, la ejecuci¨®n hacia un buen trabajo para uno y para otro. Te pod¨ªa quedar incluso un margen. Pero con la burbuja nos encontramos con que esta ley est¨¢ fuera de lugar. Porque el bien que garantiza el pr¨¦stamo vale una cantidad desproporcionada menos [que cuando se compr¨®]".

La realidad de los desahucios en Espa?a es que muy pocos se personan en el juzgado con un abogado, seg¨²n confirman fuentes judiciales. El procedimiento es un rodillo imparable, aunque puede tardar hasta un a?o y medio hasta que se produce la subasta y el desahucio. Las subastas quedan desiertas, nadie quiere los pisos. Entonces, el banco se adjudica el bien por el 60% del valor de tasaci¨®n y reclama al denunciado todo el resto de la deuda, m¨¢s los intereses y las costas judiciales. Muchas familias no solo acaban en la calle, sino condenadas a la exclusi¨®n social y expulsadas para siempre del sistema bancario, puesto que cualquier ingreso o bien futuro ser¨¢ para el banco.

El abogado Javier Garc¨ªa, socio del ¨¢rea de procesal del despacho Ur¨ªa Men¨¦ndez, aporta la visi¨®n desde el otro lado, ya que su firma defiende a las entidades financieras. "El hecho de que la ley sea restrictiva en los supuestos de paralizaci¨®n responde a la realidad de proteger la seguridad jur¨ªdica y econ¨®mica. Ahora hay una situaci¨®n complicada, pero hay que tener en cuenta la garant¨ªa que supone para la entidad y para el propio sistema el hecho de que la paralizaci¨®n se limite a unos supuestos que dejan un margen limitado".

Esa seguridad jur¨ªdica es lo que facilita el cr¨¦dito, afirma Garc¨ªa. "La hipoteca facilita la concesi¨®n de cr¨¦dito. El cr¨¦dito se facilita en la medida en que la entidad bancaria tenga ese instrumento de certeza de que va a poderlo ejecutar en caso de incumplimiento. Cuanto m¨¢s insegura sea la ejecuci¨®n hipotecaria m¨¢s restricciones pondr¨¢n las entidades".

Garc¨ªa reconoce que la ley est¨¢ hecha sin pensar en que se producir¨ªa una situaci¨®n como la actual. "Siempre las normas deben ser susceptibles de adaptaci¨®n, pero hay que ser prudente porque los problemas que puede solucionar por un lado puede abrirlos por otro". En ese sentido, a la hora de un posible cambio de la ley, Garc¨ªa dice que "se pueden tener en cuenta muchas circunstancias, y el legislador lo valorar¨¢". Pero recuerda que "la finalidad de una garant¨ªa hipotecaria es su ejecuci¨®n". Por tanto, "adaptaci¨®n de las normas a la realidad social, siempre; prudencia, siempre tambi¨¦n".

"Arrastramos una regulaci¨®n del siglo XIX", afirma el juez Jos¨¦ Mar¨ªa Fern¨¢ndez Feij¨®o, titular del juzgado n¨²mero 3 de lo Mercantil de Barcelona. "El juez ejecuta bienes, no personas. No deber¨ªas saber ni el nombre de la persona a la que desahucias. Es muy duro".

Fern¨¢ndez reconoce que "la ley est¨¢ pensada para una situaci¨®n econ¨®mica distinta. En una situaci¨®n de crisis se deber¨ªa adaptar y buscar f¨®rmulas de alquiler o de paralizaci¨®n del pago de intereses". La ley es ciega hasta el punto de que "nosotros [los jueces] no descubrimos la situaci¨®n de desamparo social hasta que no va la comisi¨®n judicial y se encuentra con ancianos, ni?os, o que la familia est¨¢ en paro". El desahucio no se puede parar, pero "se puede atemperar, evitarlo en Navidad, coordinarse con servicios sociales para buscar soluciones...".

Probablemente el juez que ejecut¨® el procedimiento 476/2010 desconoce que Antonio Jos¨¦ Gomes est¨¢ casado y tiene dos hijas peque?as: Antonia, que cumplir¨¢ un a?o en febrero, y Neuza, que tendr¨¢ tres a?os en marzo. Su esposa y sus hijas est¨¢n en La Mojonera (Almer¨ªa), en casa de unos familiares a la que se fueron para que no vieran a la polic¨ªa. El pasado jueves, Gomes no ten¨ªa ni abrigo. Estuvo dando vueltas por Getafe, Madrid y Alcal¨¢ tal como va vestido en la foto de esta p¨¢gina. Entre los nervios y el enfrentamiento con la polic¨ªa se dej¨® el abrigo dentro de la casa y no lo recuperar¨¢, junto con un mont¨®n de fotos y recuerdos. Cabizbajo y angustiado repet¨ªa: "No s¨¦ qu¨¦ voy a hacer. No puedo comer nada. Cuando hablo por tel¨¦fono con mi hija me echo a llorar".

El juez Fern¨¢ndez envi¨® el pasado verano una cuesti¨®n al Tribunal de Luxemburgo para ver si ese rodillo procesal es acorde con la protecci¨®n de los consumidores que exige Europa. "Est¨¢ claro que un pr¨¦stamo hay que devolverlo", opina Fern¨¢ndez, "pero en una ejecuci¨®n se aplican una serie de grav¨¢menes discutibles, como la ejecuci¨®n anticipada". Es decir, "t¨² has planificado pagar un pr¨¦stamo durante toda tu vida y te lo exigen todo de una vez, solo porque has dejado de pagar durante un corto periodo de tiempo". Fern¨¢ndez cree que esto podr¨ªa vulnerar derechos del consumidor.

Adem¨¢s de pagar o de que se hayan equivocado, la ley prev¨¦ que el proceso se pueda detener tambi¨¦n si se ha cometido un delito. Se llama prejudicialidad penal. Quiere decir que, si existen indicios de delito, el procedimiento penal tiene preferencia sobre el civil y que hasta que no se resuelva el primero no puede resolverse el segundo. Sin embargo, los jueces afirman tener las manos atadas incluso en estos supuestos.

Hace un a?o que un grupo de inmigrantes ecuatorianos, representados por el abogado Rafael Mayoral, intenta demostrar en el juzgado n¨²mero 42 de Madrid que les enga?aron cuando les convencieron de que firmaran una hipoteca que no pod¨ªan pagar. Les dieron hipotecas por m¨¢s de 200.000 euros y hoy est¨¢n en v¨ªas de perder toda su vida. La denuncia es por el delito de estafa contra el due?o del chiringuito hipotecario, llamado Central Hipotecaria del Inmigrante, que les consigui¨® los pr¨¦stamos con todo tipo de trucos contables sobre lo que firmaban. La misma denuncia persigue detener los desahucios por el principio de prejudicialidad penal previsto en la ley, ya que el supuesto delito provocar¨ªa da?os irreparables.

El juez la admiti¨® a tr¨¢mite y el pasado 1 de diciembre fue detenido el denunciado. Sin embargo, en el auto, el mismo juez que ve¨ªa indicios de delito suficiente como para detener a una persona por estafa, no los ve¨ªa para paralizar los desahucios provocados por esa estafa. "El presente juzgado [no tiene] competencia para intervenir en procedimientos ejecutivos que se est¨¦n desarrollando ante otros ¨®rganos", sosten¨ªa.

Es decir, las leyes no son solo completamente ciegas a cualquier circunstancia personal del desahuciado ni ciegas a la realidad actual de Espa?a, sino que tampoco podr¨ªan dar respuesta a las malas pr¨¢cticas de los a?os de la burbuja inmobiliaria, cuando "el criterio era: si respira, hipoteca concedida", en palabras de un conocido gestor de pr¨¦stamos.

En el caso de Central Hipotecaria del Inmigrante, el juez y el abogado discrepan sobre el alcance del art¨ªculo 13 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece que las "primeras diligencias" que deben adoptarse cuando hay evidencias de un delito son, entre otras, "proteger a los ofendidos o perjudicados por el mismo, a sus familiares o a otras personas, pudiendo acordarse a tal efecto medidas cautelares". Mayoral interpreta que el delito de estafa afecta a la validez misma de las escrituras de los pisos, por lo que pide la nulidad y, por tanto, de forma cautelar, los efectos de su incumplimiento (el desahucio). El juez ha pedido a la Fiscal¨ªa que opine sobre el asunto, lo que abre una puerta de esperanza para frenar los desahucios de pisos colocados por un tipo detenido por estafa. Pero la Fiscal¨ªa en Espa?a tampoco tiene criterio al respecto. La asociaci¨®n de ecuatorianos Conadee, que es parte en la causa de los inmigrantes antes citada, envi¨® el a?o pasado una carta al hoy ex fiscal general del Estado, C¨¢ndido Conde-Pumpido, pidiendo el fin de la "impunidad en la estafa masiva de las hipotecas basura", manifestaban su "perplejidad ante la falta de investigaciones" y que diera instrucciones a los fiscales sobre c¨®mo actuar al respecto.

La Fiscal¨ªa no respondi¨®. Hoy en d¨ªa, seg¨²n fuentes del organismo, no hay ning¨²n tipo de circular, recomendaci¨®n o instrucciones a los fiscales sobre qu¨¦ hacer en caso de que haya indicios de estafa en un procedimiento de desahucio.

Pero por el momento, el criterio es que da igual. Cristina Mart¨ªn y Jos¨¦ Luis Salazar tambi¨¦n denunciaron al intermediario que les coloc¨® una hipoteca puente de la Kutxa cuando quisieron vender su casa de Meco (Madrid). Solo les quedaban 120.000 euros por pagar de un cr¨¦dito con Caja Madrid cuando decidieron buscar una casa m¨¢s grande para vivir con sus hijas -Aroa, de 16 a?os, y Cristina, de 12- en un pueblo de Guadalajara. Ella trabajaba de recadera en una empresa sin contrato. ?l, cobraba 1.600 euros de encofrador. Entraron en una oficina de la Kutxa en julio de 2007 y en agosto ten¨ªan un cr¨¦dito puente para comprarse una casa por 240.000 euros mientras vend¨ªan la otra. La casa no se vendi¨®, ¨¦l se qued¨® en paro, la cuota pas¨® en poco tiempo de 700 a 900 euros y el impago fue inevitable. Adem¨¢s, su abogado ve tambi¨¦n indicios de estafa, ya que el supuesto pr¨¦stamo era en realidad dos hipotecas, una por cada casa, y ambas con valoraciones disparatadas.

Ni el principio de prejudicialidad penal, ni la protecci¨®n de los menores ni la situaci¨®n econ¨®mica, tampoco en su caso el juzgado ha tenido nada en cuenta, aunque est¨¢n a tiempo, porque aunque hace un a?o que subastaron su primera casa a¨²n est¨¢n esperando el desahucio. Jam¨¢s podr¨¢n pagar la deuda que les va a quedar de dos casas. -