Llamarse a enga?o

Nadie puede ni debe llamarse a enga?o. Cuando ejercemos el derecho de sufragio, los ciudadanos habilitamos a quienes elegimos como nuestros representantes para que adopten las decisiones que ellos crean que son las mejores para dirigir pol¨ªticamente el pa¨ªs. Las decisiones de los gobernantes son del conjunto de la sociedad, tambi¨¦n de quienes no han votado por el partido que ocupa el Gobierno, ya que, aunque quienes ejercemos el derecho de sufragio somos los ciudadanos individualmente considerados, quien habla a trav¨¦s del ejercicio de ese derecho es el cuerpo electoral que constituye la voluntad general. Esta es la regla de la democracia. La voluntad general democr¨¢ticamente constituida es el contrapunto de las voluntades individuales de la que cada ciudadano es portador.

Acabamos de ejercer el derecho al sufragio y el cuerpo electoral de manera muy mayoritaria ha decidido confiar la acci¨®n del Estado al PP, que est¨¢ empezando a concretar en qu¨¦ direcci¨®n va a orientar dicha acci¨®n. Y lo ha empezado a concretar de una manera muy simb¨®lica: congelando el salario m¨ªnimo interprofesional, que fue una de las primeras decisiones en materia econ¨®mica que tom¨® la democracia espa?ola. El establecimiento del salario m¨ªnimo interprofesional en 1980 fue, por decirlo de una manera gr¨¢fica, un acto constituyente en materia econ¨®mica. La democracia se singularizaba frente a la experiencia antidemocr¨¢tica anterior, fijando un salario m¨ªnimo interprofesional. No figura en la Constituci¨®n pol¨ªtica, pero es un elemento de la Constituci¨®n econ¨®mica de la Espa?a democr¨¢tica. Esto es lo que signific¨® el salario m¨ªnimo interprofesional.

El legislador espa?ol fue m¨¢s bien timorato y la cuant¨ªa del salario m¨ªnimo interprofesional no ha sido nunca elevada, ni en t¨¦rminos absolutos, ni en t¨¦rminos comparados. De ah¨ª que ning¨²n Gobierno desde entonces se haya planteado la congelaci¨®n del mismo. Hasta esta semana. Supone la revisi¨®n del primer o de uno de los primeros actos constituyentes en materia econ¨®mica de la democracia espa?ola. El mensaje es claro: no hay nada que no pueda ser sometido a revisi¨®n.

Una vez emitido este primer mensaje, parece que los ulteriores pasos en materia econ¨®mica se van a posponer hasta la presentaci¨®n de los Presupuestos Generales del Estado, que parece que se har¨¢ a finales de marzo, una vez que se hayan celebrado las elecciones auton¨®micas andaluzas.

Nada hay que objetar a esta forma de proceder. Ni desde el punto de vista del contenido ni desde el punto de vista del procedimiento. El PP est¨¢ legitimado para tomar cuantas decisiones considere que deba tomar sin m¨¢s l¨ªmite que la Constituci¨®n y para decidir el momento en que deba tomarlas. Ese es el privilegio de la ocupaci¨®n del poder en democracia. Es el contrapunto de la responsabilidad que los ciudadanos pueden exigirle.

Cada ciudadano es libre de imaginarse en que direcci¨®n pueden ir las medidas que adopte el Gobierno del PP. Pero nadie puede ni debe llamarse a enga?o. Si van a hacer lo que consideren que tienen que hacer es porque los ciudadanos los hemos habilitado con nuestro voto. Esta habilitaci¨®n ¨²nicamente es revisable dentro de cuatro a?os, pero los ciudadanos andaluces s¨ª podemos decidir antes si estamos o no de acuerdo con la direcci¨®n que se apunta en la gobernaci¨®n del pa¨ªs. Esta es una de las consecuencias de haber accedido a la autonom¨ªa por la v¨ªa del art¨ªculo 151 de la Constituci¨®n. Tenemos la posibilidad de decir no, como tuvimos la posibilidad de hacerlo e hicimos el 28-F de 1980. O tenemos la posibilidad de decir s¨ª. Pero insisto, que entonces nadie se llame a enga?o.