El Gobierno lleva al Constitucional la incompatibilidad de los alcaldes
La ley quedar¨¢ en suspenso cuando el alto tribunal admita a tr¨¢mite el recurso
El 23 de noviembre pasado el Parlamento andaluz, con los ¨²nicos votos del PSOE, aprob¨® una reforma de la Ley Electoral que proh¨ªbe a los alcaldes ser tambi¨¦n diputados de la C¨¢mara aut¨®noma. La norma cay¨® como una bomba en el PP de Javier Arenas, quien ha usado siempre a sus regidores como gancho electoral. Sostuvo un martilleo constante en contra e incluso logr¨® introducir el t¨¦rmino "expulsi¨®n" para referirse a la incompatibilidad de ambos cargos. Pero desde que la reforma obtuvo el visto bueno, se hizo el silencio: Arenas ten¨ªa un as en la manga. El Ministerio de Hacienda y Administraciones P¨²blicas, que preside el diputado por Sevilla Crist¨®bal Montoro, llev¨® ayer al Gobierno un informe para presentar un recuso ante el Tribunal Constitucional que anule la ley.
El PP ha medido los plazos para que los regidores sean en abril diputados
El Consejo de Ministros conoci¨® ayer la iniciativa de Crist¨®bal Montoro
Los plazos est¨¢n muy medidos, seg¨²n precisaron fuentes del PP, para que los alcaldes populares puedan volver a incorporarse sin problemas al Parlamento, una vez que se constituya tras las elecciones andaluzas de marzo. El Gobierno formalizar¨¢ el recurso en unos d¨ªas, aseguran las mismas fuentes, y en cuanto el Constitucional lo admita a tr¨¢mite, la reforma de la ley queda suspendida de forma cautelar. Esta proh¨ªbe simultanear los cargos, pero no figurar en las listas. Es decir: los primeros ediles pueden formar parte de las candidaturas, aunque en el momento de tomar posesi¨®n deben optar por un puesto u otro. Si las elecciones andaluzas son el 25 de marzo, la C¨¢mara no se constituir¨¢ hasta los primeros d¨ªas de abril. Para entonces, el alto tribunal habr¨¢ decidido ya si admite a tr¨¢mite o no el recurso del Gobierno.
La incompatibilidad tiene un precedente en la ley gallega, que es a¨²n m¨¢s dura e impide a los alcaldes figurar incluso en las papeletas, o lo que es lo mismo, son inelegibles. Aprobada en 1992, bajo el mandato de Manuel Fraga, la norma gallega empez¨® a contar desde 1994 y ning¨²n grupo la ha recurrido.
A este hecho, a que no ha sido puesta en cuesti¨®n, se agarran los populares para tener expectativas en su acci¨®n judicial, si bien los socialistas sostienen que es dif¨ªcil que el Tribunal Constitucional vuelva del rev¨¦s una ley cuya pr¨¢ctica tiene un historial de m¨¢s de tres lustros. Pero lo transcendente en este caso no es el resultado final, sino que mientras se resuelve el recurso, los alcaldes del PP habr¨¢n tenido tiempo de firmar sus actas parlamentarias.
De los 47 parlamentarios que engrosan la bancada popular del la C¨¢mara auton¨®mica, 17 son regidores, la mayor¨ªa de capitales y grandes poblaciones. Javier Arenas ha aprovechado siempre las caras m¨¢s conocidas de sus mun¨ªcipes para optimizar sus resultados electores. De hecho, han sido piezas fundamentales de su estrategia tanto para el 20-N como para la convocatoria andaluza. Un vistazo a los esca?os del PP da una idea del quebranto que supondr¨ªan prescindir de esta baza en las auton¨®micas: Juan Ignacio Zoido (Sevilla), Pedro Rodr¨ªguez (Huelva), Jos¨¦ Antonio Nieto (C¨®rdoba), Jos¨¦ Fern¨¢ndez de Moya (Ja¨¦n), ?ngeles Mu?oz (Marbella), o Esperanza O?a (Fuengirola).
Aunque los populares anunciaron, cuando se aprob¨® la reforma de la Ley Electoral, que acudir¨ªan al Constitucional, los socialistas nunca pensaron que el demandante ser¨ªa el mism¨ªsimo Gobierno. En este caso, seg¨²n explicaron fuentes del PP, el tratamiento es preferente y la admisi¨®n a tr¨¢mite significa la suspensi¨®n cautelar inmediata de la norma cuestionada, lo que no ocurrir¨ªa si la iniciativa partiera del grupo parlamentario.
El recurso se interpondr¨¢, adem¨¢s, contra la ley que regula el estatuto de los expresidentes de la Junta de Andaluc¨ªa, y la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administraci¨®n de la Junta de Andaluc¨ªa y de declaraci¨®n de actividades, bienes e intereses de altos cargos y otros cargos p¨²blicos. Respecto a esta ¨²ltima, el recurso se ce?ir¨ªa exclusivamente contra el art¨ªculo que se refiere a la Ley Electoral de Andaluc¨ªa.
Las luces rojas se encienden en la Junta
En la Junta y en el PSOE se encendieron ayer las luces rojas. No solo por el cariz de las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros -que seg¨²n el Ejecutivo andaluz, hacen recaer el ajuste sobre las clases medias-, tambi¨¦n porque, sostienen, detectan cierta predisposici¨®n hacia las comunidades aut¨®nomas. La alarma se puso en marcha al leer la referencia que cuelga Moncloa en su web, y darse cuenta de que uno de los puntos dec¨ªa: "Eliminaci¨®n de la financiaci¨®n prevista en los Estatutos de Autonom¨ªa de Andaluc¨ªa, Castilla y Le¨®n, Baleares y Catalu?a".
Las cuatro autonom¨ªas se encuentran entre las que han reformado recientemente sus estatutos de autonom¨ªa y han incluido cl¨¢usulas para cuantificar las inversiones del Estado. En el caso de Andaluc¨ªa, se trata de la Disposici¨®n Adicional Tercera del Estatuto de Autonom¨ªa, que establece que la inversi¨®n destinada a la comunidad en cada uno de los Presupuestos Generales, hasta 2014, debe ser equivalente al peso de la poblaci¨®n andaluza sobre el conjunto del Estado, es decir, al menos el 17,8%.
El revuelo organizado tanto en Andaluc¨ªa como el resto de las autonom¨ªas por el recorte forz¨® una marcha atr¨¢s. Pasadas las siete de la tarde, el Ministerio de Hacienda y Administraciones P¨²blicas, que preside el diputado por Sevilla Crist¨®bal Montoro, emiti¨® un comunicado de rectificaci¨®n con el siguiente enunciado: "No se ha modificado la financiaci¨®n prevista en los Estatutos de Autonom¨ªas de ninguna comunidad aut¨®noma". Simult¨¢neamente, la referencia que figuraba en la web de Moncloa sobre la eliminaci¨®n desapareci¨®.
Para entonces, la consejera andaluza de Hacienda, hab¨ªa tomado un taxi desde su domicilio hasta el Palacio de San Telmo para realizar unas declaraciones urgentes. "Detr¨¢s de esto est¨¢ la voluntad del Ejecutivo de incumplir el Estatuto de Autonom¨ªa y de incumplir los acuerdos de la Comisi¨®n bilateral", dijo. "Aqu¨ª hay 1.504 millones de euros que se ha reconocido por parte del Estado que se adeuda a Andaluc¨ªa, parte debido a la falta de inversi¨®n en 2008 y 2009 a la que Andaluc¨ªa tiene derecho y que no va a dejar de defenderlo". La consejera se refer¨ªa al acuerdo de pago firmado en septiembre sobre inversiones sin ejecutar.
Por su parte, el portavoz parlamentario socialista, Mario Jim¨¦nez, denunci¨®: "Parece que el Gobierno est¨¢ legislando contra Andaluc¨ªa".
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