Un vecino de Loiu reclama 87.000 euros por el ruido del aeropuerto

Pascual Alonso, vecino de Loiu y presidente de la asociaci¨®n ecologista Lur Maitea, reclama 87.300 euros al Ayuntamiento de esta localidad por la contaminaci¨®n ac¨²stica que tanto ¨¦l como su familia soportan desde el a?o 2000, cuando se efectu¨® la ampliaci¨®n del aeropuerto. A su juicio, el Consistorio deber¨ªa haber actuado para reducir el ruido. "Vivo en una especie de psicosis de miedo", asegura. El Juzgado n¨²mero 1 de lo Contencioso Administrativo de Bilbao celebr¨® ayer la vista del juicio.

Alonso solicit¨® al Ayuntamiento en enero de 2009 que efectuara "las acciones necesarias e inmediatas" para el cese de los ruidos. Asimismo, exigi¨® una compensaci¨®n "por los perjuicios morales" causados. El Ayuntamiento desestim¨® la reclamaci¨®n aduciendo que no eran asuntos de su competencia.

El demandante es presidente de la asociaci¨®n ecologista Lur Maitea

"No estamos de acuerdo", se?al¨® en la vista Alfredo Herranz, abogado del demandante. Seg¨²n el letrado, existe una sentencia, ratificada por el Tribunal Superior (TSJPV), que establece que el Consistorio "debe medir el ruido generado por los aviones y exigir a Aena que cumpla con la legalidad". Por ello, remarc¨®, "s¨ª tiene obligaci¨®n jur¨ªdica de actuar".

El abogado record¨® los casos de los aer¨®dromos de El Prat, Barajas y Manises. Los ayuntamientos de los municipios cercanos, dijo, "hacen lo que est¨¢ en su mano" para que los da?os causados a los vecinos sean los menos posibles. "Sin embargo, en Loiu no s¨®lo no se hace nada, sino que se solicita a Aena que elimine las trabas para as¨ª poder construir m¨¢s cerca del aeropuerto", expuso Herranz. Ante esto, su cliente exige al Ayuntamiento una indemnizaci¨®n de 87.300 euros. La cifra se ha fijado teniendo en cuenta lo que habr¨ªa podido costar el alquiler de una vivienda en otro municipio desde el a?o 2000 a la actualidad. Pascual Alonso asegur¨® que vive "en una especie de psicosis de miedo" cuando escucha el ruido de los aviones. "Estamos sufriendo mucho", asever¨®.

La parte demandada, por su parte, aleg¨® que la mencionada sentencia efectivamente obliga al Ayuntamiento a realizar las mediciones, pero no a ir m¨¢s all¨¢. "No est¨¢ obligado a actuar", expres¨® el abogado Juan Carlos Gonz¨¢lez. "No hay pruebas que demuestren que la actuaci¨®n municipal ha sido inadecuada. Y, adem¨¢s, los da?os acreditados son hipot¨¦ticos, no reales", argumento.