La Iglesia amenaza con desahuciar a ocho enfermos de sida por impago

Ocho enfermos de sida que viven en un piso de acogida gestionado por la asociaci¨®n Comit¨¦ Ciudadano Antisida de Ourense podr¨ªan quedarse en la calle si la vicar¨ªa para asuntos econ¨®micos del obispado de Ourense no da marcha atr¨¢s en la reclamaci¨®n de una supuesta deuda contra¨ªda en un piso de su propiedad. La reclamaci¨®n, que ha iniciado su tramitaci¨®n judicial con la celebraci¨®n de un acto de conciliaci¨®n, consiste en el pago del alquiler desde 2009 y de facturas de gasto corriente. La vicar¨ªa no se queda ah¨ª y tambi¨¦n solicita el desalojo de la vivienda. El siguiente paso, en caso de no llegar a un acuerdo amistoso, pasar¨ªa por la interposici¨®n de una demanda de desahucio y su posterior ejecuci¨®n. Fuentes del obispado consultadas por este peri¨®dico reconocen la reclamaci¨®n patrimonial y a?aden que "no van a hacer ninguna declaraci¨®n", porque el asunto "est¨¢ siguiendo su curso legal con normalidad".

El obispado no se pronuncia porque el asunto sigue su "curso legal"

"Buscan una forma de hacernos pagar un alquiler", dice el Comit¨¦ Antisida

En esta casa de acogida -la primera del Estado abierta por una asociaci¨®n ciudadana- viven enfermos que provienen de centros penitenciarios y de unidades asistenciales de drogodependencias que no tienen otro tipo de recurso para sobrevivir y que, en caso de tener que abandonar las instalaciones, no tendr¨ªan d¨®nde residir. En algunos casos, mantenerlos en un hospital ¨²nicamente para suministrarles el tratamiento farmacol¨®gico tendr¨ªa un coste de hasta 400 euros al d¨ªa, frente a los, aproximadamente, 50 euros que supone su estancia en estas instalaciones.

El piso fue cedido por la Iglesia hace casi dos d¨¦cadas. Hasta la ausencia de obispo en la di¨®cesis -el puesto ha estado vacante los dos ¨²ltimos a?os- las relaciones entre ambas partes eran buenas. De hecho, los responsables del Comit¨¦ se?alan firmemente que "sin la ayuda de la Iglesia, la casa de acogida no existir¨ªa". El acuerdo firmando en 1993 y prorrogado en numerosas ocasiones hasta su caducidad hace dos a?os, establece una cesi¨®n gratuita de la vivienda, mientras que las facturas de gasto corriente (agua, electricidad, IBI, etc¨¦tera) deben ser asumidas por la asociaci¨®n. La vicar¨ªa para asuntos econ¨®micos reclama el pago de facturas atrasadas, aspecto que niegan desde la asociaci¨®n. "Los pagos de esos conceptos est¨¢n al d¨ªa", matizan.

Desde el Comit¨¦ Ciudadano Antisida defienden la actuaci¨®n de todos los obispos hasta la fecha, que "han apoyado la casa de acogida sin excepci¨®n" y achacan la situaci¨®n al desgobierno que rige la di¨®cesis por la ausencia de prelado desde hace dos a?os. "Las personas encargadas de la parte econ¨®mica solicitaron una rescisi¨®n de ese acuerdo de cesi¨®n gratuita y ahora buscan una forma de hacernos pagar un contrato de alquiler", afirma uno de los responsables. Las cuentas de la asociaci¨®n -muy mermadas desde 2009 por los recortes de la Xunta de Galicia- no posibilitan asumir el pago de rentas. "No estamos en condiciones de asumir el pago de un alquiler, ya sea en ese piso o en otro porque el dinero casi no nos llega ni para mantenimiento". Tienen claro que es necesario buscar fuentes de financiaci¨®n alternativas a las Administraciones p¨²blicas. Los ingresos para mantener el proyecto en marcha no se limitan a subvenciones directas, que adem¨¢s obligan a la posterior auditor¨ªa de las cuentas. Los socios pueden aportar una cuota anual voluntaria de 200 euros, pero el montante total que suman con ellas es demasiado peque?o.

El piso puesto en cuesti¨®n por los responsables econ¨®micos del obispado oferta dos servicios. Una zona de residencia en la que viven ocho personas -para la que hay lista de espera- y una zona que funciona a modo de hospital de d¨ªa, con una sala multiusos. All¨ª trabajan cinco personas. Hasta los recortes en las subvenciones directas -reducidas a la mitad desde la llegada de Alberto N¨²?ez Feij¨®o a la Xunta-, hab¨ªa m¨¢s empleados, pero tuvieron que prescindir de ellos. Adem¨¢s de ofrecer una atenci¨®n muy personalizada en cada caso y de evitar su exclusi¨®n social, los empleados ofertan cursillos o coordinan las tareas del hogar.

Algunos habitantes presentan una movilidad muy limitada por lo que tienen que desplazarse a las consultas m¨¦dicas acompa?ados siempre por el personal laboral del centro. La mayor¨ªa tienen problemas relacionados con la dependencia de la droga, ya que se contagiaron por el uso de jeringuillas compartidas. Y es que precisamente, la toxicoman¨ªa y la c¨¢rcel est¨¢n en el historial de muchos de los enfermos. Otros presentan una autonom¨ªa suficiente para ser independientes. De hecho, los hay que han abandonado el centro voluntariamente, pero la mayor¨ªa nunca acaban reinsert¨¢ndose en una sociedad que hace o¨ªdos sordos con el sida. En la casa de acogida han muerto varios enfermos durante sus dos d¨¦cadas de existencia. Los afectados que est¨¢n en la calle y que se valen sin ayuda, pueden acogerse al programa de d¨ªa. All¨ª se oferta una sala de usos m¨²ltiples en la que pueden consultar Internet, leer prensa, entablar relaci¨®n con otras personas o algo tan simple como tener una direcci¨®n postal en la que recibir correo.

La di¨®cesis est¨¢ organizando estos d¨ªas la toma de posesi¨®n de Leonardo Lemos Montanet -hasta ahora can¨®nigo de la catedral de Santiago de Compostela- como nuevo obispo de Ourense. Ser¨¢ el pr¨®ximo 11 de febrero. El Comit¨¦ centra todas sus esperanzas en que la llegada del nuevo responsable diocesano reconduzca la situaci¨®n y permita mantener la buena relaci¨®n que exist¨ªa hasta la fecha.