El aeropuerto de Castell¨®n 'tapaba' una recalificaci¨®n para 40.000 viviendas
El empe?o aeroportuario de Carlos Fabra iba unido a la atracci¨®n de 600.000 turistas, doce campos de golf y un nuevo parque tem¨¢tico
Carlos Fabra quer¨ªa un aeropuerto en Castell¨®n. Y lo consigui¨®. Sin aviones, con un coste cercano a los 200 millones de euros (de ellos, unos 70 a cargo del erario p¨²blico), pero con una estatua que ensalza la personalidad de su inspirador. Empez¨® la casa por el tejado. En realidad, el aeropuerto era una excusa para poner en marcha otros proyectos. Y muchos le siguieron, le aplaudieron, se unieron al coro de los que defend¨ªan el aeropuerto como quien defiende el progreso.
El aeropuerto de Castell¨®n se argument¨® como la forma de afianzar la econom¨ªa de una provincia con escaso desarrollo tur¨ªstico, disminuida en lo agr¨ªcola y centrada en la producci¨®n de azulejo. Su justificaci¨®n: dar facilidad de acceso a los futuros ocupantes de 40.000 viviendas proyectadas (la mitad, en una sola macrourbanizaci¨®n), los 12 campos de golf y un parque tem¨¢tico que, para no ser menos que nadie, se empe?¨® en impulsar. Ya tiene el aeropuerto, pero no las viviendas, los campos de golf y el parque tem¨¢tico que iban a disfrutar los cientos de miles de turistas previstos para desplazarse a Castell¨®n en avi¨®n.
150 millones de euros en la construcci¨®n, 30 millones en publicidad, 300.000 euros en la estatua... Y ni un viajero
"Hay quienes dicen que estamos locos por inaugurar un aeropuerto sin aviones", admiti¨® el inspirador de la obra
El fin justificaba los medios. Pese a su fobia a volar, Fabra se encumbr¨® como salvador y, contra obst¨¢culos y reticencias, logr¨® arrancar del Gobierno de Aznar la autorizaci¨®n para construir el aeropuerto, y de su amigo Francisco ?lvarez-Cascos, la declaraci¨®n de inter¨¦s general. Pero ni un euro. Llam¨® a la puerta de la Generalitat, siempre entreabierta por aquello del apoyo en el seno del PP, y arrebat¨® un compromiso para una concesi¨®n: la Administraci¨®n promov¨ªa la infraestructura y un grupo de empresas se encargaba de la construcci¨®n y gesti¨®n. Eso s¨ª, con el aval econ¨®mico p¨²blico y la salvaguarda de cubrir el coste si no se alcanzaban las expectativas de viajeros, cifrados en 600.000.
Aun as¨ª, el verdadero motivo se encontraba alrededor, en el cemento. El argumentario del aeropuerto pretend¨ªa hacer encajar todas las piezas de adosados, unifamiliares y hoteles, unidos a una docena de campos de golf en una zona en la que se reclamaba "agua para todos". La nueva infraestructura, alejada de la costa, justificaba la reconversaci¨®n de 18 millones de metros cuadrados para levantar la mayor macrourbanizaci¨®n del pa¨ªs, un proyecto que iba a multiplicar la poblaci¨®n de Cabanes, el t¨¦rmino municipal en el que se iba a construir. Al margen de esta macrourbanizaci¨®n, otra docena de proyectos rodeaban, sobre las maquetas, los campos de golf que salpicaban el imaginario de la provincia.
Los proyectos no salieron, las casas no se construyeron y los campos de golf contin¨²an siendo eriales. Pero el aeropuerto, pese a paralizaciones judiciales y problemas administrativos, sigui¨® su marcha porque Fabra quer¨ªa llegar a decir: "Llevo 14 a?os imaginando c¨®mo ser¨ªa el d¨ªa de hoy". Que fue lo que afirm¨® el 25 de marzo del a?o pasado, despu¨¦s de preguntarles a sus nietos: "?Os gusta el aeropuerto del abuelo?", el d¨ªa en que se inaugur¨® una infraestructura que carece de permiso de vuelo y de compromiso de aerol¨ªnea alguna para comercializar rutas. "Hay quienes dicen que estamos locos por inaugurar un aeropuerto sin aviones", admiti¨® el propio Fabra, quien se atrevi¨® a a?adir que lo hac¨ªa para que "cualquier ciudadano que lo desee pueda visitarlas y caminar por ellas".
?l no ha puesto, obviamente, ni uno de los 150 millones de euros que ha costado su construcci¨®n. Ni son suyos los 30 millones gastados en publicidad. Ni los 300.000 que costar¨¢ la escultura, de 20 toneladas, inspirada en su persona. Tampoco rendir¨¢ cuentas pol¨ªticamente por estas decisiones porque decidi¨® no presentarse a las elecciones municipales (era presidente de la Diputaci¨®n de Castell¨®n)antes de que alguien lo echara. De otros asuntos s¨ª tendr¨¢ que responder ante la justicia. -
La trama G¨¹rtel se aliment¨® del PP valenciano
La trama corrupta de empresas que dirig¨ªa Francisco Correa se instal¨® en el coraz¨®n de la Comunidad Valenciana en 2004 tras perder el PP la mayor¨ªa absoluta que hab¨ªa logrado Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar.
A trav¨¦s de Orange Market, la firma que dirig¨ªa ?lvaro P¨¦rez, El Bigotes, G¨¹rtel obtuvo del Gobierno valenciano -que presid¨ªa Francisco Camps- hasta 85 contratos en un periodo de seis a?os, de los que 76 le fueron adjudicados a dedo. Los m¨¢s cuantiosos fueron obtenidos por montar el pabell¨®n de la Comunidad Valenciana en Fitur y por organizar el seguimiento de la visita del Papa a Valencia en 2006 a trav¨¦s de Canal 9. La trama logr¨® contratos y comisiones millonarias mediante procesos irregulares. Simult¨¢neamente, Orange Market asumi¨® el papel de suministrador ¨²nico de eventos de la direcci¨®n regional del PP y organiz¨® actos para distintas agrupaciones locales.
A ra¨ªz de las investigaciones judiciales desarrolladas en la Audiencia Nacional, primero, y en los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) de Madrid y la Comunidad Valenciana, un nutrido y selecto grupo de dirigentes del PP valenciano est¨¢ inmerso en causas judiciales.
Francisco Camps se enfrenta desde hace semanas a un juicio con jurado, en compa?¨ªa de quien fue su mano derecha, Ricardo Costa, por recibir regalos de la trama corrupta. A ambos se les imputa un delito de cohecho pasivo impropio. El TSJ de Valencia tambi¨¦n instruye la causa por supuesta financiaci¨®n ilegal del PP valenciano. En ella hay serios indicios de que varias constructoras, que obten¨ªan sustanciosas contratas de la Generalitat, financiaron al PP a trav¨¦s de Orange Market, que tambi¨¦n factur¨® en dinero negro parte de los servicios prestados al partido. En la causa est¨¢n imputados Costa, el exvicepresidente Vicente Rambla, el vicesecretario de Organizaci¨®n del PP, David Serra, la tesorera, Yolanda Garc¨ªa, y la exconsejera Milagrosa Mart¨ªnez, entre otros. -
El 'caso Brugal' pone en jaque al poder alicantino
El poder alicantino (pol¨ªtico, empresarial y financiero) se ha desmoronado en los dos ¨²ltimos a?os al conocerse lo que se ocultaba bajo el sumario del caso Brugal. Al levantarse el secreto que pesaba sobre esas actuaciones ha quedado al descubierto la mayor trama pol¨ªtico-empresarial gestada en la provincia de Alicante, amparada en el negocio de la recogida de basura y el urbanismo.
La investigaci¨®n de la polic¨ªa, realizada sobre la base de tres a?os de escuchas, sit¨²a a la cabeza de la trama al expresidente provincial del PP Jos¨¦ Joaqu¨ªn Ripoll; a la alcaldesa del PP de la capital, Sonia Castedo, y a su antecesor, Luis D¨ªaz Alperi. Junto a los pol¨ªticos, el promotor Enrique Ortiz, el empresario de la basura ?ngel Fenoll y dos exdirectivos de Bancaja y la CAM.
La investigaci¨®n comenz¨® en 2007. En julio de 2010, el juez orden¨® una operaci¨®n policial que concluy¨® con 19 arrestos, entre ellos los de Ripoll, Ortiz y Fenoll. El sumario incluye tres causas principales y una veintena de ramificaciones. Han sido interrogados 56 imputados.
Del conjunto de causas destacan un supuesto soborno por la contrata de la basura de La Vega Baja a Ripoll por parte de Ortiz y Fenoll. La polic¨ªa sostiene que Ripoll, a quien el juez imputa cinco delitos, logr¨® 1,3 millones sin justificar tras el contrato, y el ama?o del Plan General de Ordenaci¨®n Urbana (PGOU) de Alicante. El fiscal acusa a Castedo y Alperi de proporcionar datos secretos a Ortiz a cambio de d¨¢divas (vacaciones, un coche y un viaje a Creta en jet privado). La investigaci¨®n cifra en 120 millones el pelotazo del promotor.
El caso Brugal ha segado la longeva carrera pol¨ªtica de Ripoll, ahora confinado en el puerto de Alicante. Y Castedo mira de reojo la evoluci¨®n del sumario judicial. El PP prepara su relevo ante su posible imputaci¨®n. -
Carlos Fabra, ese "pol¨ªtico ejemplar"
En diciembre de 2003, un empresario acus¨® al entonces presidente de la Diputaci¨®n de Castell¨®n, Carlos Fabra, de cobrarle "cantidades millonarias" a cambio de favores pol¨ªticos. El PP se encontraba en pleno apogeo en la Comunidad Valenciana y el todopoderoso Fabra se enfrentaba a una acusaci¨®n de tr¨¢fico de influencias y cohecho.
Los populares copaban las administraciones de Castell¨®n, la Generalitat y el Gobierno central, por lo que Fabra no ten¨ªa mucha dificultad en, presuntamente, tratar de agilizar autorizaciones de fabricaci¨®n de productos sanitarios, intercediendo ante los Ministerios de Agricultura y Sanidad. Los responsables de estos departamentos, Jes¨²s Posadas, Miguel Arias Ca?ete y Celia Villalobos, hubieron de dar explicaciones sobre las reuniones que, ellos o sus subordinados, mantuvieron para tratar sobre los productos del amigo de Fabra Vicente Vilar. Y la documentaci¨®n revela que diputados, subdelegados del Gobierno y distintos cargos p¨²blicos hicieron de intermediarios en la operaci¨®n.
La investigaci¨®n tom¨® impulso con la intervenci¨®n de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, lo cual no ha impedido que las pesquisas se prolonguen durante m¨¢s de ocho a?os. Tampoco ha evitado que las imputaciones, que en un principio se extendieron entre cargos ministeriales, se redujeran a los matrimonios Fabra y Vilar, que ahora son parejas desechas.
Lo que s¨ª posibilit¨® la tramitaci¨®n de este caso es que los inspectores de Hacienda detectaran un incremento patrimonial en el matrimonio Fabra, que ahora habr¨¢ de responder adem¨¢s de siete presuntos delitos fiscales por defraudar cerca de 1,2 millones de euros.
Pol¨ªticamente, Carlos Fabra ha sido arropado por todos en el PP. Desde el actual jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, que lo calific¨® de "pol¨ªtico y persona ejemplar", hasta el actual presidente de la Generalitat valenciana, Alberto Fabra, que lo mantiene al frente del PP provincial. -
Los lodos del 'caso Emarsa' salpican a Barber¨¢
El juzgado n¨²mero 15 de Valencia investiga desde hace meses el saqueo de la depuradora de Pinedo, una de las mayores de Europa, que est¨¢ ubicada en el t¨¦rmino municipal de la ciudad de Valencia. A ra¨ªz de una denuncia presentada por los socialistas, el juez ha imputado hasta ahora a un total de 28 personas por delitos contra la Hacienda P¨²blica, delito contable y falsedad documental. Entre los imputados figura el alcalde de Manises y vicepresidente de la Diputaci¨®n de Valencia, Enrique Crespo, y otros cargos intermedios del PP de la ciudad de Valencia.
Los responsables de la empresa p¨²blica que gestionaba la depuradora, Emarsa -en la que ten¨ªa mayor¨ªa el Ayuntamiento de Valencia-, gastaron cantidades millonarias en servicios no prestados, regalos de lujo, traductoras rumanas, viajes, joyas y comidas.
La gesti¨®n se sald¨® con un agujero de 17 millones de euros, aunque el saqueo podr¨ªa elevarse hasta los 40 millones. El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ha aceptado constituir una comisi¨®n de investigaci¨®n en las Cortes Valencianas para esclarecer las responsabilidades pol¨ªticas, lo que le ha costado el distanciamiento con la alcaldesa Rita Barber¨¢, que, pese al esc¨¢ndalo del caso Emarsa, no ha tomado medida alguna al respecto.
Y es que, aunque Enrique Crespo era el presidente del consejo de administraci¨®n de Emarsa, las irregularidades en la depuradora se remontan a una etapa anterior, presidida por los ediles populares Juan Vicente Jurado y Silvestre Senent. El pasado jueves, Juan Carlos Gimeno, exconcejal popular imputado en el caso Emarsa, pidi¨® que se investigue la gesti¨®n desde 1991, cuando Barber¨¢ se hizo con la alcald¨ªa de Valencia. "Casi tres millones de euros al a?o se pagaban para mantener est¨®magos agradecidos del PP", asegur¨® Gimeno, quien a?adi¨®: "Casi todos los proveedores eran militantes del PP o muy cercanos, y todos los empleados eran militantes". -
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