Cuando Espa?a era esclavista

El 26 de marzo de 1811 el diputado novohispano Jos¨¦ Miguel Guridi y Alcocer propuso en las Cortes la abolici¨®n de la esclavitud. La sensaci¨®n que causaron sus palabras llev¨® a que la sesi¨®n fuera declarada secreta, privilegio que sustra¨ªa a la opini¨®n los debates parlamentarios. La propuesta de Guridi se ocupaba de poner fin a la trata, preve¨ªa declarar la libertad de los que en adelante nacieran de mujer esclava (lo que se conoce como "vientres libres"), la supresi¨®n de castigos f¨ªsicos y el pago de una peque?a retribuci¨®n a los esclavos que permanecieran en cautividad, as¨ª como el reconocimiento a todos ellos del derecho de coartaci¨®n por el mismo precio en que hubieran sido adquiridos. Ese plan abolicionista, de extinci¨®n gradual, llevar¨ªa entre 60 y 70 a?os verlo reconocido.

Pese a la presi¨®n de Gran Breta?a y EE UU, gobernantes espa?oles del siglo XIX retrasaron el fin de la trata

Hacendistas de Cuba no escatimaron esfuerzos para entorpecer la abolici¨®n de la esclavitud por el Gobierno espa?ol

La propuesta pas¨® a la comisi¨®n constitucional y termin¨® extravi¨¢ndose en los vericuetos parlamentarios. Una semana despu¨¦s, Agust¨ªn Arg¨¹elles, jefe de filas del sector liberal, sorprend¨ªa de nuevo a la C¨¢mara con una proposici¨®n en la que con motivo de pedir la supresi¨®n de la tortura, inclu¨ªa la prohibici¨®n de la trata de negros. La proposici¨®n estaba en sinton¨ªa con los deseos brit¨¢nicos, que en 1807 hab¨ªan suprimido el comercio de africanos con destino a sus colonias y el practicado por ingleses.

El diputado Garc¨ªa Herreros aprovech¨® para reclamar la declaratoria de vientres libres, la retribuci¨®n del esclavo, la facilidad de coartaci¨®n y la asimilaci¨®n del esclavo al criado, en una l¨ªnea similar a la expresada por Guridi. Enfrente se situaron los sectores absolutistas, diputados americanos intermedios y tambi¨¦n alg¨²n liberal que hizo saber que la medida encerraba una abolici¨®n aplazada y sin indemnizaci¨®n. Las Cortes crearon una comisi¨®n para que se ocupara del asunto pero cuando se dispuso suprimir la tortura, ya nada se dijo de la trata, fat¨ªdicamente omitida de los trabajos del Parlamento.

(...) En un gesto miserable de conmiseraci¨®n, las Cortes admitieron que los negros y mulatos libres tendr¨ªan por m¨¦ritos singulares la posibilidad de que las Cortes, a petici¨®n individual, les premiaran con el derecho de ciudadan¨ªa. ?nicamente dos de los quince integrantes de la comisi¨®n constitucional -diputados por Chile y Quer¨¦taro- objetaron la exclusi¨®n mientras los dos diputados por La Habana y Lima fueron sus m¨¢s firmes defensores. Agust¨ªn Arg¨¹elles, padre del liberalismo gaditano y figura esencial en la redacci¨®n de la Constituci¨®n, se inclin¨® por admitirla y arrastr¨® consigo a los dubitativos.

Contra esa claudicaci¨®n vergonzosa reaccion¨® el sevillano Jos¨¦ Mar¨ªa Blanco White desde su refugio en Londres. (...) Advert¨ªa la doble moral de quienes protestaban porque se atormentase a un criminal en el potro "mientras miran como un problema dificultos¨ªsimo, el decidir si tenemos derecho o no derecho a atormentar a un n¨²mero ilimitado de inocentes. Este es un problema en la moral de los Traficantes de Negros". A esa moral distorsionada atribuye Blanco los argumentos pol¨ªticos que trasladaban la responsabilidad de la introducci¨®n de los negros a la Corona, cuando quienes as¨ª opinaban eran sus beneficiarios y los que hab¨ªan arrancado al rey la concesi¨®n del comercio libre de esclavos en 1789. A esa moral imputa que se quejaran del escaso n¨²mero de brazos cuando seg¨²n confesi¨®n de Arango llevaban introducidos desde aquella fecha a 1810 la cifra de 110.136 africanos; y si no se propagaban por causas naturales, la raz¨®n solo pod¨ªa buscarse en la conducta de los amos, que precisaban seguir llev¨¢ndolos porque se les mor¨ªan en los campos y porque el coste del negro criollo hasta que tuviera edad de trabajar, seg¨²n confesi¨®n de la Representaci¨®n, era mayor que si se tra¨ªan de ?frica, raz¨®n por la que apenas se importaban mujeres.

(...) En 1865 la presi¨®n, esta vez de los Estados Unidos, en el contexto de la guerra civil y de las medidas abolicionistas adoptadas por Washington, hizo temer un incidente de consecuencias incalculables. El embajador espa?ol en el pa¨ªs americano recomend¨® en mayo de ese a?o la abolici¨®n inmediata de la esclavitud. El Gobierno espa?ol se inclin¨® por ganar tiempo. Por vez primera, en abril, se hab¨ªa permitido que se constituyera en Madrid una Sociedad Abolicionista Espa?ola, a la vez que prohib¨ªa su instalaci¨®n en las provincias de Ultramar, donde resid¨ªan los esclavos. (...) En octubre de 1865 el ministro de Ultramar Antonio C¨¢novas del Castillo promulgaba un decreto sobre la extinci¨®n de la trata, sin otras consecuencias que anunciar el final de la consignaci¨®n de los negros emancipados. En noviembre, a instancias del presidente O'Donnell, convocaba una Junta Informativa de Ultramar, tal y como ven¨ªan solicitando los reformistas cubanos. El desinter¨¦s por reunirla retras¨® los trabajos un a?o y acabar¨ªa inaugur¨¢ndose por el siguiente gobierno que presid¨ªa el moderado Narv¨¢ez. Precisamente la cuesti¨®n de la esclavitud se hab¨ªa convertido en un tema de Estado y las actitudes tradicionales de complicidad y protecci¨®n se convirtieron en un riesgo inasumible. O'Donnell, muy vinculado a la sociedad esclavista desde sus tiempos de capit¨¢n general de Cuba, dio pasos t¨ªmidos. Narv¨¢ez, conservador de todas las situaciones, consider¨® que no pod¨ªa demorar la ley de represi¨®n y castigo del tr¨¢fico negrero, otra m¨¢s, que hab¨ªa zozobrado en la anterior legislatura en el Senado, de forma que la promulg¨® en julio de 1866 utilizando el procedimiento del decreto ley. En 1867 ser¨ªa convalidada por las Cortes y se convirti¨® en ley. Se ordenaba levantar un censo y dejar en libertad a los esclavos que no figurasen en ¨¦l, con lo que la trata recib¨ªa una herida certera.

(...) El 10 de octubre de 1868 se hab¨ªa desencadenado en el Oriente de Cuba un movimiento armado que reclamaba la independencia del pa¨ªs. El programa de los sublevados no hac¨ªa menci¨®n al tema de la esclavitud y tambi¨¦n en las filas insurrectas el asunto cre¨® tensiones hasta que en julio de 1869 la Asamblea Constituyente de Gu¨¢imaro, conocedora de los planes del gobierno espa?ol -"Se cree que la abolici¨®n incondicional de la esclavitud es inminente, convendr¨ªa quiz¨¢ que los patriotas se anticiparan", les escribe su corresponsal en los Estados Unidos-, decreta la abolici¨®n completa y sin indemnizaciones.

El levantamiento nacionalista desat¨® en La Habana, y en general en la regi¨®n occidental de la isla, donde se concentraban los ingenios azucareros y la gran mayor¨ªa de los esclavos, una reacci¨®n radical en dos sentidos, integrista espa?ola y contraria a cualquier reforma, fuera del orden social o del pol¨ªtico. Esa reacci¨®n cont¨® con el respaldo y la direcci¨®n de los principales hacendados -espa?oles y criollos- y del comercio, en manos espa?olas. Los integristas pusieron en armas en pocas semanas una milicia a sus ¨®rdenes, el Cuerpo de Voluntarios. En junio de 1869 los Voluntarios se sublevan y destituyen al capit¨¢n general Dulce, acusado de tibio. El gobierno espa?ol acepta la situaci¨®n y lo reemplaza por Caballero de Rodas, quien de inmediato se identifica con los ultras insulares.

Los principales hacendados comenzaron a celebrar reuniones a fin de coordinarse y de condicionar la pol¨ªtica de las autoridades insulares y de la metr¨®poli. Al mismo tiempo, abrieron el Casino Espa?ol, centro de agitaci¨®n. En carta del presidente de este a Juan Prim de 15 de noviembre de 1869, levanta su programa: "Cuba ser¨¢ espa?ola -dice Segundo Rigal-, ¨® la abandonaremos convertida en cenizas africanas".

(...) La llegada al ministerio de Ultramar de Segismundo Moret, un liberal que pertenec¨ªa a la Sociedad Abolicionista, dar¨ªa lugar a una situaci¨®n compleja, llena de equ¨ªvocos. Moret recuper¨® la mayor¨ªa de las propuestas formuladas por los reformistas cubanos en la Junta de 1867 y elabor¨® una ley preparatoria de la abolici¨®n de la esclavitud en Cuba y Puerto Rico, que ser¨ªa aprobada el 23 de junio de 1870. Moret cre¨ªa contar, si no con el apoyo, s¨ª con cierto consenso, tal vez forzado por las circunstancias, de los principales hacendados de Cuba. En realidad, la oposici¨®n era casi completa pero en lugar de oponerse de forma frontal, aquellos aceptaban algunos puntos, lograban moderar las consecuencias de otros y redoblaban sus esfuerzos en la metr¨®poli para que sus amigos en las Cortes desplegaran todas las argucias obstruccionistas para retrasar y condicionar el resultado. Despu¨¦s de aprobada la ley, los hacendados consiguieron que el reglamento que la desarrollaba se retrasara y dificultaron su aplicaci¨®n. Cuando Prim inici¨® la que deb¨ªa ser una negociaci¨®n secreta con delegados de los insurrectos con la pretensi¨®n de poner fin a las hostilidades y dar paso a una segunda fase de la abolici¨®n, que pod¨ªa ser garantizada con un empr¨¦stito de los Estados Unidos, los esclavistas organizaron una campa?a p¨²blica en la que acusaban al mandatario de querer vender la provincia espa?ola. Despu¨¦s, los indicios son poderosos y la conjetura fiable, organizaron el asesinato de Prim, ejecutada por mano de sus socios pol¨ªticos peninsulares.

"La esclavitud en las Espa?as", de Jos¨¦ Antonio Piqueras. Ediciones La Catarata. Precio: 19 euros. Se publica el 20 de enero.