Poner l¨ªmites

Algunas comunidades aut¨®nomas espa?olas son como adolescentes que realmente ponen a prueba la paciencia de sus padres. El conjunto de las 17 autonom¨ªas del pa¨ªs volvieron a incumplir sus objetivos fiscales el a?o pasado e hicieron que el pa¨ªs incumpliese el suyo. El Gobierno se enfrenta al mismo dilema que la Comunidad Europea en lo referente a garantizar que los Estados miembros cumplan el pacto de estabilidad: ?c¨®mo obligar a las regiones a seguir las reglas?

Los castigos del Gobierno no han sido demasiado efectivos hasta el momento. Ha impedido a algunas comunidades emitir deuda a largo plazo y ha exigido planes de recuperaci¨®n del equilibrio a las que hab¨ªan gastado en exceso. Pero en vez de hacer recortes, los Gobiernos auton¨®micos han aplazado miles de millones de euros de pagos a sus proveedores y han emitido bonos caros a un a?o destinados a los inversores al por menor. Para ser justos, algunas comunidades como Catalu?a y Castilla-La Mancha han empezado a recortar en serio tras un cambio en los Gobiernos regionales. El verdadero problema es la falta de sanciones eficaces para poner coto al gasto excesivo, lo mismo con lo que se ha encontrado la eurozona en el caso de la deuda soberana de las econom¨ªas del sur de Europa. La Constituci¨®n consagra la autonom¨ªa financiera de las comunidades. Pero el actual sistema no parece sostenible. La Comunidad Valenciana se retras¨® en pagar una deuda bancaria a principios de este mes, y el Gobierno central tuvo que negar que hab¨ªa intervenido para ayudar a repagarla.

Una opci¨®n extrema ser¨ªa dar ejemplo dejando que una de las comunidades faltase al pago de sus deudas y que el Gobierno central se hiciese cargo de sus finanzas. Eso es, en a grandes rasgos, lo que pas¨® con Grecia y la eurozona. Pero eso podr¨ªa disparar los costes de financiaci¨®n de otras regiones m¨¢s responsables. Adem¨¢s, el alivio de la deuda ser¨ªa limitado, puesto que las comunidades no tienen tanta deuda que reducir en estos momentos. La deuda regional financiera total es de 135.000 millones de euros, o alrededor del 13,5% del PIB del pa¨ªs (sin incluir unos 30.000 millones de euros en deuda comercial).

Como parte del marco acordado con el Gobierno anterior, las comunidades deben reducir sus d¨¦ficits a la mitad, desde aproximadamente el 2,7% del PIB del a?o pasado, seg¨²n estimaciones del Gobierno, hasta el 1,3%. La mayor¨ªa de ellas est¨¢n gobernadas por el Partido Popular, as¨ª que deber¨ªa ser posible conseguir que se sometan. Pero el Gobierno no deber¨ªa correr riesgos. Este a?o, las comunidades tienen que refinanciar m¨¢s de 17.000 millones de euros de deuda, seg¨²n Moody's.

El Gobierno prepara una nueva ley que fijar¨¢ unos topes anuales de gasto para las comunidades y establecer¨¢ sanciones por incumplirlos. El Gobierno deber¨ªa exigir unas concesiones duras si se da el caso de que tenga que ayudar a financiar a alguna comunidad. Los infractores fiscales reincidentes deber¨ªan estar obligados a someterse a una autoridad central que pueda supervisar los presupuestos y controlar el gasto de forma temporal. Esta renuncia a la independencia, aunque temporal, ser¨ªa controvertida, pero, despu¨¦s de todo, esta es tambi¨¦n la amenaza que pesa sobre el Gobierno central.