La regularizaci¨®n de casas ilegales fracasa en C¨®rdoba y Chiclana

Darle una salida jur¨ªdica a las decenas de miles viviendas que se han levantado en Andaluc¨ªa en terrenos no urbanizables. Ese es el esp¨ªritu que envuelve el decreto que la Junta de Andaluc¨ªa aprob¨® la semana pasada. En la mayor¨ªa de los casos, la Consejer¨ªa de Obras P¨²blicas y Vivienda plantea un "reconocimiento" de las casas aisladas, una figura legal que les permitir¨ªa salir del limbo jur¨ªdico en el que est¨¢n y acceder a suministro de agua y luz. Sin embargo, tambi¨¦n se requiere de la colaboraci¨®n de los ciudadanos.

Varios Ayuntamientos andaluces han intentado solucionar este problema y regularizar las urbanizaciones ilegales que se han levantado en sus t¨¦rminos municipales. Pero en muchos casos estos procesos no han prosperado. Dos de los ejemplos m¨¢s llamativos son C¨®rdoba y la localidad gaditana de Chiclana.

Estas dos localidades acumulan cerca de 25.000 casas levantadas al margen del ordenamiento. Hay alrededor de 15.000 en Chiclana y en el t¨¦rmino municipal cordob¨¦s, entre 7.000 y 9.000, seg¨²n las distintas fuentes consultadas.

En ambos casos, los Ayuntamientos -ya sean de un color pol¨ªtico o de otro- se han encontrado con la misma dificultad: la negativa o imposibilidad -seg¨²n quien lo explique- de los propietarios de las casas a correr con los gastos econ¨®micos que acarrea el proceso de regularizaci¨®n. Otro de los puntos en com¨²n de estas dos localidades es la presencia de estas edificaciones en el debate pol¨ªtico y el poder de presi¨®n de los parcelistas. En Chiclana, incluso se cre¨® un partido que agrupa los intereses de los propietarios, el Partido Vecinal Regionalista. En el caso de la capital cordobesa, todos los partidos llevan a?os cortejando a los due?os de las parcelas.

El Ayuntamiento de Chiclana (C¨¢diz, 79.839 habitantes), gobernado ahora por el PP, aprob¨® en 2009, bajo mandato socialista, la primera ordenanza para iniciar la regularizaci¨®n de sus m¨¢s de 15.000 viviendas ilegales, que hab¨ªan proliferado desde los a?os ochenta. Pero el camino abierto por este municipio ha estado plagado de obst¨¢culos. En estos dos a?os solo 56 propietarios han cumplimentado la solicitud para poder legalizar sus casas. La mayor¨ªa de los due?os no quiere asumir el coste dictado por el Ayuntamiento, a pesar de continuos anuncios de rebajas. Adem¨¢s, Chiclana tiene otro problema a?adido. El Plan General de Ordenaci¨®n Urbana (PGOU) fue anulado por la justicia y lo que fue se?alado como urbanizable ha dejado de serlo legalmente hasta que se aprueben unas normas transitorias.

Fue el urbanista Manuel ?ngel Gonz¨¢lez Fustegueras, encargado del planeamiento de Chiclana, el que dise?¨® el proceso regularizador de viviendas. Dividi¨® la ciudad en ¨¢reas de gesti¨®n b¨¢sica y estableci¨® los pasos para dar licencia a esas casas y poder suministrarles servicios como el agua, la luz o el alcantarillado. En total, el plan supon¨ªa ordenar 15 millones de metros cuadrados y 15.000 viviendas, seg¨²n el cat¨¢logo hecho por el Ayuntamiento y aprobado por la Junta. Todo se recog¨ªa en unas ordenanzas aprobadas en 2009. Pero en 2010 solo cinco personas se interesaron por este proyecto. En 2011, 51.

Lo que m¨¢s ech¨® para atr¨¢s a los propietarios fue lo que consideraban un "excesivo coste" de la legalizaci¨®n de unas viviendas que levantaron sin control ni permiso alguno. Una parcela de 1.000 metros cuadrados, el m¨ªnimo permitido para regularizar, pod¨ªa costar una media de 45.000 euros. El Ayuntamiento lleg¨® a acuerdos con entidades financieras para dar facilidades de pago y, a medida que pasaban los meses y se aproximaban las elecciones municipales, se anunciaron rebajas en el precio final. Seg¨²n c¨¢lculos municipales, dar legalidad a las 15.000 viviendas supondr¨¢ un coste de unos 360 millones de euros.

Los due?os de las casas ilegales protagonizaron movilizaciones en varias localidades de la provincia de C¨¢diz. Las m¨¢s concurridas, en Chiclana. Es lo que la Fiscal¨ªa de Medio Ambiente viene calificando en sus ¨²ltimas memorias como "aut¨¦nticos lobbies de presi¨®n". En esta ciudad se lleg¨® a dar un paso m¨¢s con la constituci¨®n de un partido, el Partido Vecinal Regionalista, que agrupaba estos intereses, y lleg¨® a sacar dos concejales en los ¨²ltimos comicios.

El actual gobierno del PP aspira a que el decreto de la Junta impulse su normativa. Tambi¨¦n conf¨ªa en que las normas transitorias, adelanto del futuro plan general, que se quieren aprobar en febrero solventen las dificultades administrativas que ha supuesto la anulaci¨®n del anterior documento dictada por el Tribunal Supremo. Si prosperan, el Ayuntamiento conf¨ªa en que el inter¨¦s crezca m¨¢s all¨¢ de los ¨²nicos 56 interesados hasta ahora en regularizar sus casas.

C¨®rdoba ha visto en las ¨²ltimas d¨¦cadas c¨®mo en ¨¢reas de especial valor medioambiental e hist¨®rico (como la sierra o el entorno de Medina Azahara) se levantaban extensas urbanizaciones sin orden. La soluci¨®n legal para esas casas (entre 7.000 y 9.000, seg¨²n las distintas fuentes consultadas) que, se calcula, existen en el t¨¦rmino municipal es uno de los retos m¨¢s importantes a los que se enfrenta el urbanismo cordob¨¦s. Ninguna corporaci¨®n municipal, ya sea de IU -que gobern¨® los pasados 12 a?os- o del PP, actualmente en el poder, han dado con la tecla para solucionar este problema.

El PGOU de 2003 dictamina que hay dos clases de parcelaciones ilegales: las que se pueden reconducir dentro de la legalidad (la mayor¨ªa) y las que no (un millar de casas). 42 urbanizaciones regularizables han creado las juntas de compensaci¨®n de propietarios que ordena el PGOU para que puedan sacar adelante las reformas necesarias, pagadas por los vecinos, que les doten de servicios. Pero ninguna ha logrado culminar el proceso. Y lo que es peor, la crisis ha atropellado sus aspiraciones. Poco antes de las elecciones locales, sus integrantes se quejaban de que ninguna entidad bancaria les ofrec¨ªa el aval del 7% para iniciar las obras de urbanizaci¨®n.

En la campa?a electoral, casi todos los partidos cortejaron a los parcelistas ilegales. Aproximadamente son 50.000 las personas que viven en la periferia, unas 20.000 en las urbanizaciones irregulares. Un caladero de votos que nadie quer¨ªa dejar escapar. Uno de los ¨²ltimos anuncios de IU en mayo fue que agilizar¨ªan los tr¨¢mites para las obras de las juntas de compensaci¨®n, aceptando como aval fianzas personales como declaraciones de la renta, IVA o t¨ªtulos de propiedad.

Por su parte, el PP, una vez que logr¨® gobernar la capital cordobesa, opt¨® por un cambio de estrategia, pero tambi¨¦n con el objetivo de agilizar la legalizaci¨®n. Su plan era permitir una nueva modalidad de regularizaci¨®n e introducir el modelo de las juntas de cooperaci¨®n, con lo que desaparecer¨ªa el aval del 7% y el Ayuntamiento pagar¨ªa las obras para luego factur¨¢rselas a los vecinos.