A vueltas con el modelo de pa¨ªs

El Gobierno de Patxi L¨®pez se ha enfrascado en una ofensiva contra el actual modelo institucional del pa¨ªs, cuando s¨®lo le queda un a?o de legislatura, y cuando es evidente que el PP, su ¨²nico apoyo en el Parlamento, no participa de tal empe?o que, no nos enga?emos, tiene como objetivo ¨²ltimo a las Diputaciones forales y sus competencias, en especial las tributarias. Parece como si esas Diputaciones, que son forales porque tienen aquellas competencias, fueran las ¨²nicas responsables de la crisis de ingresos, de los excesos de gasto y de las ineficiencias en el funcionamiento de los servicios p¨²blicos. Mientras se vuelve a discutir sobre ese tema recurrente del modelo de pa¨ªs, se olvida que las mayores barbaridades padecidas no se deben en absoluto al propio modelo, sino a la incompetencia y a la vanidad de muchos de aquellos que lo han venido utilizando, y hubieran ocurrido con cualquier otro.

Este pa¨ªs no puede sin Diputaciones forales y sin Juntas Generales El Gobierno es el m¨¢s obligado a reflexionar sobre si devuelve competencias

Claro que el debate sobre nuestro entramado institucional es leg¨ªtimo y pertinente. Lo que no es correcto, porque supone errar en el punto de partida, es afirmar que ese modelo se debe a la Ley de Territorios Hist¨®ricos, y que bastar¨ªa su revisi¨®n para que todo se solucione. Nuestro modelo de pa¨ªs est¨¢ configurado en el Estatuto de Autonom¨ªa de Gernika, y en la propia Disposici¨®n Adicional Primera de la Constituci¨®n Espa?ola. La garant¨ªa institucional de las Diputaciones forales, y su exclusiva competencia para establecer el sistema tributario en su territorio, est¨¢ en el bloque constitucional espa?ol, y reconocida por la doctrina del Tribunal Constitucional. Por tanto, si alguien defiende que esa competencia, as¨ª como otras que pertenecen al r¨¦gimen privativo de las Diputaciones forales, pase a ser ejercida por el Gobierno vasco y compartida por ¨¦ste, tendr¨¢ que modificar el Estatuto de Autonom¨ªa y probablemente la propia Disposici¨®n Adicional Primera de la Constituci¨®n. ?Alguien cree que esto es viable, prudente y beneficioso? ?Alguien cree que se dan las condiciones necesarias para plantear una reforma estatutaria de tal calado, susceptible de lograr el acuerdo de una amplia mayor¨ªa de ciudadanos y de las instituciones forales? Si alguien lo cree habr¨¢ de explicarlo con precisi¨®n, ofreciendo alternativas concretas, y renunciando a la demagogia tan frecuente cuando se produce este debate.

La manera racional de afrontar el an¨¢lisis es la que acredit¨® ante la comisi¨®n parlamentaria el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Pa¨ªs Vasco. Es incuestionable que, dentro de los l¨ªmites que el Estatuto de Autonom¨ªa vigente impone, se pueden establecer nuevas t¨¦cnicas y f¨®rmulas que corrijan defectos y disfunciones, identificando con rigor las que dependan exclusivamente del propio modelo. La LTH tuvo una g¨¦nesis compleja, y las aproximaciones entre quienes entonces representaban puntos de partida contrapuestos provocaron determinadas ambig¨¹edades y lagunas en su texto. Luego se han producido modificaciones por leyes ordinarias que han a?adido confusi¨®n a la preexistente derivada de una t¨¦cnica de distribuci¨®n de identificaci¨®n de competencias de por s¨ª compleja. Y por supuesto que hoy, tras las aportaciones doctrinales sobre el Estado auton¨®mico que se han venido desarrollando, y tras la experiencia de los a?os pasados, podr¨ªamos encontrar mejores f¨®rmulas para garantizar la coordinaci¨®n y la cooperaci¨®n leal entre las instituciones.

Este es el ¨²nico debate serio e interesante. Ahora bien, que nadie se equivoque. Si abordamos un nuevo sistema de reparto de competencias y de reorganizaci¨®n administrativa para evitar duplicidades, volver¨¢ a plantearse, como cuando se redact¨® la LTH, la cuesti¨®n b¨¢sica y decisiva de a qui¨¦n debe atribuirse la competencia o el servicio p¨²blico en los casos en los que no est¨¦n expresamente atribuidos en el Estatuto de Autonom¨ªa. Pues bien, en esta tesitura mi opini¨®n sigue siendo la misma de cuando redactamos el Estatuto de Autonom¨ªa. Este pa¨ªs no puede construirse ni entenderse sin Diputaciones forales y sin Juntas Generales, sin autonom¨ªa interna. Sigue existiendo una mayor¨ªa sociol¨®gica clara en favor del respeto a las competencias de las Diputaciones forales. Y por tradici¨®n, por experiencia, por racionalidad organizativa, y por eficacia en un pa¨ªs tan peque?o como diverso, me parece aconsejable que una eventual reforma de la LTH deber¨ªa potenciar la capacidad de gesti¨®n de las Diputaciones forales y de los Ayuntamientos.

No se trata de defender intereses inconfesables, ni de preferir que una comunidad funcione como si fueran tres distintas. Se trata de hacer efectivo el principio de que la Diputaci¨®n foral no haga lo que el Ayuntamiento puede hacer, y el Gobierno vasco deje para las Diputaciones lo que ¨¦stas pueden hacer de manera m¨¢s ajustada a las circunstancias y necesidades espec¨ªficas de su territorio.

Es el Gobierno vasco el m¨¢s obligado a reflexionar sobre si debe devolver o asignar nuevas competencias que se ha ido arrogando, y transferir muchos servicios que ha creado en materias que deber¨ªan corresponder a las Diputaciones forales, en atenci¨®n a la distinta configuraci¨®n geogr¨¢fica, urbana, y sociol¨®gica de sus respectivos territorios. Aqu¨ª las instituciones han de ir cambiando y adelgazando de arriba hacia abajo, para que tengamos una comunidad m¨¢s ¨¢gil y gestionada de abajo hacia arriba, tal y como sucede en los pa¨ªses m¨¢s pr¨®speros y mejor gobernados. Y esta filosof¨ªa, evidentemente, no depende en absoluto del tama?o de cada pa¨ªs.