Vidas al extremo
Decidir sobre el final de la propia vida es una aspiraci¨®n compartida, pero que no siempre resulta f¨¢cil. En Espa?a -como en Reino Unido- la asistencia necesaria para el suicidio est¨¢ penada, aunque el C¨®digo Penal establece atenuantes para los colaboradores si quien pide ayuda para morir est¨¢ en una situaci¨®n terminal.
Claro que esa regulaci¨®n no sirve para todos. Madeleine Z. pudo quitarse la vida en 2007 porque su enfermedad terminal no la incapacitaba tanto como para que no pudiera conseguir la combinaci¨®n adecuada de f¨¢rmacos, mezclarlos con su helado favorito y tom¨¢rselos.
Pedro Mart¨ªnez no tuvo tanta suerte. El hombre, de 34 a?os, sufr¨ªa una esclerosis lateral amiotr¨®fica (ELA) que le ten¨ªa incapacitado del cuello para abajo. Por eso no pudo decidir cu¨¢ndo acabar con su sufrimiento. ?l no pod¨ªa ir a comprar los medicamentos ni tom¨¢rselos sin ayuda, y, si la recib¨ªa, quien le prestara esa asistencia pod¨ªa ser condenado.
No le fue f¨¢cil a Pedro. ?l lo ten¨ªa claro, pero los m¨¦dicos que le atend¨ªan no consideraron que estuviera lo suficientemente mal. Solo cuando la enfermedad hac¨ªa que tuviera riesgo de morir ahogado con cada trago, un m¨¦dico privado pudo en diciembre de 2011 certificar que su estado era tan grave y sin soluci¨®n como para aplicarle una sedaci¨®n terminal. Este tratamiento no es una eutanasia porque lo que busca es aliviar su angustia, aunque tuviera como efecto secundario acelerar la muerte.
Pedro tuvo que buscar una soluci¨®n a su problema. Otros tienen que resignarse a que el resto decida por ellos.
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