Un juez impone una fianza de 4,95 millones a C¨¦sar Alierta por el 'caso Tabacalera'
La Audiencia de Madrid admite a tr¨¢mite la querella de AUGE por un supuesto uso de informaci¨®n privilegiada
El juez Santiago Torres, que instruye el 'caso Tabacalera', ha impuesto a C¨¦sar Alierta una fianza de 4,95 millones de euros por si tuviera que hacer frente a una hipot¨¦tica condena por un delito de abuso de informaci¨®n privilegiada. El magistrado de la Audiencia de Madrid considera que el ex presidente de la compa?¨ªa tabaquera y actual presidente de Telef¨®nica utiliz¨®, junto a su mujer y su sobrino, su posici¨®n de gestor para comprar y vender acciones de la compa?¨ªa en 1997 y 1998.
La querella de la que se derivan las imputaciones contra Alierta fue presentada por la Asociaci¨®n de Consumidores y Usuarios de Servicios Generales de Banca y Bolsa (AUGE) a finales de noviembre de 2002. En ella se acusa a C¨¦sar Alierta; su mujer, Ana Cristina Placer; y su sobrino Luis Javier Placer, de aprovechar en 1997 y 1998 la disponibilidad de informaci¨®n privilegiada para invertir en t¨ªtulos de Tabacalera.
Seg¨²n AUGE, Alierta y su mujer suscribieron un pr¨¦stamo de 400 millones para la adquisici¨®n de acciones de la tabaquera a trav¨¦s de la sociedad Creaciones Baluarte, S.A., que Alierta traspas¨® a su sobrino Luis Javier Placer. Poco despu¨¦s, el 19 de agosto de 1997, Creaciones Baluarte comenz¨® a adquirir acciones de Tabacalera, proceso que termin¨® el 10 de septiembre de dicho a?o. Fueron 18 operaciones de compra de t¨ªtulos por 386 millones de pesetas.
Seg¨²n las investigaciones de la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV), las ventas empezaron el 26 de enero de 1998 y terminaron el 3 de marzo de 1998. En total, Baluarte hizo 21 operaciones de venta. El precio de las acciones fue el siguiente: el 19 de agosto de 1997, cuando comenzaron las compras, el t¨ªtulo cotizaba a 7.860 pesetas; el 3 de marzo de 1998, cuando se realiz¨® la ¨²ltima venta, el valor hab¨ªa subido a 15.560 pesetas. La inversi¨®n de 386 millones de pesetas se convirti¨® en 695 millones, lo que arroj¨® una plusval¨ªa de 309 millones. Las acciones de Tabacalera hab¨ªan sufrido en el periodo analizado una revalorizaci¨®n algo mayor al 100%, frente a una subida del Ibex 35 del 36,82%.
La Secci¨®n VI de la Audiencia Provincial de Madrid admiti¨® a tr¨¢mite la querella de AUGE en junio de 2003, ordenando que se abriera una investigaci¨®n contra el presidente de Telef¨®nica. Hoy, el juez del caso, Santiago Torres, ha decidido imponer una fianza de 4.950.000 euros en concepto de responsabilidad pecuniaria, es decir, por si los tres imputados tuvieran que hacer frente a una hipot¨¦tica condena. Adem¨¢s de ser solidaria -los tres hacen frente al pago-, debe desembolsarse en met¨¢lico o aportando un aval.
Conflicto de competencias
Torres ha dictado otra resoluci¨®n en la que confirma adem¨¢s su competencia para proseguir la investigaci¨®n del caso, rechazando as¨ª el requerimiento formulado por la Audiencia Nacional para que se inhiba. Este ¨²ltimo auto no hab¨ªa llegado este mediod¨ªa al Juzgado Central de Instrucci¨®n N¨²mero Cuatro, pero fuentes jur¨ªdicas indicaron a Europa Press que en caso de que le sea remitido, su titular, el juez Fernando Andreu, tiene intenci¨®n de elevarlo al Tribunal Supremo para plantear un conflicto de competencia y que el Alto Tribunal decida qu¨¦ ¨®rgano lo debe instar.
Santiago Torres ha emitido tres autos sobre el caso y se los ha comunicado a las partes el mismo d¨ªa en que inicia las vacaciones, cuando la Sala de la Audiencia Nacional secci¨®n Cuarta ha ordenado al Juzgado Central de Instrucci¨®n que requiera de inhibici¨®n al juez por considerar que la competencia del caso corresponde a la Audiencia Nacional.
La defensa expres¨® su sorpresa por el hecho de que el juez instructor siga cursando autos cuando se ha pedido su inhibici¨®n, as¨ª como por el importe de la cuant¨ªa, dado que no se trata de una fianza carcelaria, ni tampoco para responder a la presentaci¨®n a un juicio o para garantizar responsabilidades civiles para resarcir a perjudicados. Tambi¨¦n le llama la atencion el hecho de que estando a¨²n el proceso en fase de instrucci¨®n, sin ninguna resoluci¨®n concreta al respecto, se est¨¦n practicando diligencias.
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