El CES no alcanza un acuerdo sobre el dictamen del anteproyecto de ley de horarios comerciales

La diferencia de opiniones entre sindicatos, empresarios, consumidores y otros grupos sociales, integrados en el pleno del Consejo Econ¨®mico y Social (CES) ha impedido hoy la emisi¨®n de un dictamen, no vinculante, sobre el anteproyecto de ley de horarios comerciales. Esta falta de acuerdo es una situaci¨®n an¨®mala y hay que remontarse a un pleno de 1992 en el que se analizaba una propuesta de reforma del mercado de trabajo para encontrar otro caso igual.

Seg¨²n se ha se?alado en el pleno, que hab¨ªa sido convocado para hoy con el fin de estudiar el dictamen sobre el anteproyecto de ley de horarios comerciales, los sindicatos han defendido que ocho debe ser el n¨²mero m¨¢ximo de domingos y festivos de apertura. Por el contrario, los empresarios han apostado por una liberalizaci¨®n, mientras que los consumidores han abogado por una legislaci¨®n de m¨ªnimos con respeto a las competencias auton¨®micas.

Diferencias importantes

CCOO, UGT y CIG han considerado el descanso dominical como un derecho prioritario de los trabajadores del sector comercial y as¨ª, han defendido que ocho debe ser el n¨²mero m¨¢ximo anual de domingos y festivos abiertos, y no el m¨ªnimo como establece el anteproyecto del Gobierno.

Por su parte, CEOE y CEPYME ha apostado por liberalizar y han rechazado el anteproyecto que es un "dr¨¢stico e injustificado" recorte de la libertad de la empresa y su incidencia en la competitividad de las empresas y del mercado. Seg¨²n los empresarios, la propuesta acomete una reducci¨®n cuantitativa de la situaci¨®n actualmente en vigor ya que, en la pr¨¢ctica, reduce de 12 a 8 el n¨²mero m¨ªnimo de domingos y festivos que pueden autorizar las Comunidades Aut¨®nomas, y han se?alado que el horario y los d¨ªas de apertura son b¨¢sicos para la competitividad.

Mientras, los representantes de los consumidores y usuarios, del sector agrario, mar¨ªtimo pesquero, las asociaciones de cooperativas y de sociedades laborales y expertos nombrados por el Gobierno, han defendido que las autoridades estatales y auton¨®micas propicien un marco de estabilidad a corto y medio plazo. A su juicio, este marco de estabilidad permitir¨ªa racionalizar los h¨¢bitos y las pautas de los consumidores en relaci¨®n con la adquisici¨®n de bienes y servicios. Han abogado, adem¨¢s, por una legislaci¨®n de m¨ªnimos y el respeto absoluto a las competencias de las Comunidades Aut¨®nomas, aunque "es conveniente establecer un marco regulador arm¨®nico".