La Comisi¨®n Europea aprueba la reestructuraci¨®n de Navantia, la rama militar de Izar
El ejecutivo de la UE impone restricciones a la empresa para segurarse que el grueso de su producci¨®n se destina al sector militar
La Comisi¨®n Europea ha aprobado hoy formalmente las condiciones de reestructuraci¨®n de los astilleros militares p¨²blicos integrados en la antigua Izar, y que se han traspasado este a?o a la nueva empresa estatal, Navantia, que hab¨ªa propuesto el ejecutivo espa?ol.
La Comisi¨®n afirma que las condiciones de la reestructuraci¨®n se ajustan al art¨ªculo 296 del Tratado de la Comunidad Europea, que permite a los Estados miembros proteger sus intereses esenciales de seguridad relacionados con las industrias de la defensa, seg¨²n un comunicado.
L¨ªmites a la actividad civil de Navantia
Las condiciones aprobadas por la CE, que tendr¨¢n una vigencia de diez a?os, implican entre otras cosas que las ventas de materiales civiles de Navantia no podr¨¢n exceder el 20% de la facturaci¨®n de la compa?¨ªa, y Navantia deber¨¢ comportarse adem¨¢s en sus actividades de acuerdo con las condiciones de mercado, lo que implica una contabilidad interna, separada para sus actividades civiles y militares.
Cada vez que firme un contrato para la construcci¨®n de un nuevo buque civil, deber¨¢ adem¨¢s comunicar a la Comisi¨®n un c¨¢lculo sobre los costes que asume, y tendr¨¢ que enviar una relaci¨®n anual de las reparaciones de buques civiles que ha ejecutado. Adem¨¢s, la plantilla de la empresa no ser¨¢ superior a 5.562 personas.
Estas restricciones se imponen para garantizar que los astilleros militares no distorsionan el mercado civil aprovech¨¢ndose de su mayor respaldo estatal. As¨ª, la CE afirma que estas condiciones permiten a Espa?a proteger sus intereses de defensa, sin causar distorsiones indebidas de la competencia en el mercado de la construcci¨®n y reparaci¨®n naval.
Plan de reestructuraci¨®n
Hasta finales de 2004, Izar era la principal empresa de construcci¨®n naval en Espa?a, con once centros situados en Galicia, Asturias, Pa¨ªs Vasco, Valencia, Murcia, Andaluc¨ªa y Madrid, y una plantilla global de cerca de 10.700 empleados.
En 2004, sin embargo, la CE declar¨® que la empresa estatal, controlada por la SEPI, hab¨ªa recibido ayudas p¨²blicas ilegales por valor de 864 millones de euros, y exigi¨® el reembolso con interese, lo que aboc¨® a Izar a la quiebra financiera inmediata, que finalmente termin¨® provocando la reestructuraci¨®n de todo el grupo.
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