El Gobierno quiere incrementar progresivamente hasta los 58 a?os la edad m¨ªnima para prejubilarse
EL PA?S desvela el documento que propone retrasar la jubilaci¨®n a los 67 a?os.- El Gobierno quiere reformar la pensiones de orfandad y viudedad y realizar el c¨¢lculo sobre los periodos de cotizaci¨®n real
El Gobierno ha ideado una reforma profunda del sistema de pensiones para garantizar su viabilidad futura. Adem¨¢s de plantear el aumento paulatino de 65 a 67 a?os en la edad legal de jubilaci¨®n, el documento que ha estudiado el Consejo de Ministros destierra la cotizaci¨®n a la carta que reclaman los sindicatos, as¨ª como propone eliminar la pensi¨®n de viudedad vitalicia en algunos supuestos, por ejemplo, cuando "las convivencias familiares han sido breves y no existen descendientes". Adem¨¢s, el Ejecutivo pretende elevar progresivamente la edad de prejubilaci¨®n hasta los 58 a?os desde los 52 actuales, seg¨²n han informado a EL PA?S fuentes gubernamentales.
El texto, al que ha tenido acceso EL PA?S, aboga por sustituir en esos casos la pensi¨®n vitalicia por "una indemnizaci¨®n en pago ¨²nico, o una prestaci¨®n temporal", una f¨®rmula similar a la que existe en otros pa¨ªses europeos. El Ejecutivo admite que el concepto tradicional de "muerte del sost¨¦n de la familia" es "trasnochado" y, por tanto, requiere modificaci¨®n. Esa reforma ir¨ªa acompa?ada de cambios en la pensi¨®n de orfandad que otorgaran a todos los descendientes los mismos derechos, independientemente de la relaci¨®n familiar entre los progenitores. El elemento m¨¢s radical es la elevaci¨®n paulatina de la edad de jubilaci¨®n, en l¨ªnea con lo aprobado por otros pa¨ªses europeos, a partir de 2013. El Ejecutivo aclara que existe "la posibilidad de los afiliados de mantener la edad de jubilaci¨®n legal anterior o una intermedia siempre que los costes de esta decisi¨®n fueran asumidos por el beneficiario". Es decir, para algunos afiliados, previsiblemente los m¨¢s pr¨®ximos a la jubilaci¨®n, se mantendr¨ªa el derecho con una penalizaci¨®n en la cuant¨ªa de la pensi¨®n, como ocurre ahora a quienes se retiran antes de los 65.
Elegir los periodos m¨¢s beneficiosos
La vicepresidenta econ¨®mica, Elena Salgado, ha confirmado en conferencia de prensa tras el Consejo de Ministros que el Gobierno pretende que el retraso de la edad de jubilaci¨®n comience en 2013 y se establezca de forma gradual, a dos meses por a?o. El planteamiento, que no se explicita en el documento remitido a los agentes sociales, implicar¨ªa que la edad legal de jubilaci¨®n llegar¨ªa a los 67 a?os en 2025. Salgado ha enfatizado que el retraso de la edad de jubilaci¨®n y el ritmo al que se har¨ªa efectivo son "propuestas" y que la intenci¨®n del Ejecutivo es alcanzar "un acuerdo cuanto antes" con los grupos parlamentarios y los agentes sociales. "No contemplo ese escenario", ha dicho cuando se le ha preguntado por una posible falta de consenso habida cuenta del rechazo ya expresado por sindicatos y partidos pol¨ªticos.
Salgado ha sido contundente al asegurar que el retraso de la edad de jubilaci¨®n es "una propuesta que sale del Ministerio de Trabajo, que el Gobierno comparte", pese a que Trabajo no hab¨ªa avalado esta idea de forma p¨²blica hasta ahora.Y ha precisado que el Gobierno tambi¨¦n cree conveniente discutir sobre la ampliaci¨®n del periodo de c¨®mputo para determinar la cuant¨ªa de la pensi¨®n (ahora son los ¨²ltimos 15 a?os de la vida laboral), aunque aqu¨ª no fij¨® ning¨²n objetivo en concreto. Uno de los cambios m¨¢s impactantes afecta a las prejubilaciones, que el Gobierno est¨¢ dispuesto a atajar para evitar la fuga de recursos p¨²blicos. El documento plantea que la edad m¨ªnima legal, actualmente en 52 a?os, "debe incrementarse paulatinamente y universalizarse de inmediato". En realidad la figura del prejubilado no est¨¢ regulada. La ley hasta ahora plantea que s¨®lo pueden acceder a la jubilaci¨®n anticipada quienes hayan cumplido los 52 a?os y el Gobierno pretende elevar esa edad progresivamente hasta los 58 y trasladar¨¢ la propuesta a la Comisi¨®n del Pacto de Toledo.
El documento propone tambi¨¦n limitar las reducciones de plantilla "en las empresas con beneficios" e imponer "la cofinanciaci¨®n" de ese sobrecoste que supone para el sistema el abandono temprano del mercado laboral. Es decir, que las empresas se hagan cargo del pago. La reforma intenta desterrar tambi¨¦n la pensi¨®n a la carta que realizan, por ejemplo, muchos aut¨®nomos. Consiste en que elevan la base de cotizaci¨®n en los 15 ¨²ltimos a?os (los que se tienen en cuenta para calcular la prestaci¨®n) para obtener as¨ª la mayor cuant¨ªa aunque en buena parte de la vida laboral hayan cotizado por un importe muy inferior. En este sentido, el texto subraya: "La capacidad de elecci¨®n de base de cotizaci¨®n debe limitarse para evitar una planificaci¨®n prestacional desvinculada del nivel de ingresos del cotizante". En esta misma l¨ªnea, apuesta por crear una base reguladora (la que determina el importe de la pensi¨®n) "¨²nica para el c¨¢lculo de todas las prestaciones del sistema, que utilice mecanismos homog¨¦neos para configurar la media de las bases de cotizaci¨®n que la conforman". En la actualidad existen bases distintas en funci¨®n del r¨¦gimen (asalariados, aut¨®nomos, empleados del hogar), algo que desaparecer¨ªa si prosperara este cambio.
El Ejecutivo acaba, adem¨¢s, con una de las propuestas realizadas por los sindicatos y algunos expertos consistentes en que el trabajador pudiera elegir, con car¨¢cter general, los periodos de cotizaci¨®n m¨¢s beneficiosos de su vida laboral en lugar de ce?irse a los ¨²ltimos a?os. Esa idea es inviable porque, en ese caso "el sistema soportar¨¢ los costes de la planificaci¨®n sin ganar en equidad real". Uno de los incentivos para que el trabajador se mantenga en activo consiste en permitir que los planes de pensiones privados puedan percibirse antes de que el trabajador se jubile oficialmente, una posibilidad hasta ahora vedada. De esa forma, puede percibir al mismo tiempo el salario y la renta privada complementaria.
De forma m¨¢s amplia -y sobre todo m¨¢s ambigua- el texto constata que la pensi¨®n debe guardar relaci¨®n con diferentes aspectos del sistema. Entre ellos, la evoluci¨®n de los ingresos de la Seguridad Social, el PIB, el peso de los jubilados sobre la poblaci¨®n activa o la esperanza de vida. Eso supone abrir la puerta a que la cuant¨ªa de las prestaciones pueda subir o bajar seg¨²n esos indicadores sean favorables o desfavorables. Entre las f¨®rmulas para adecuar la cuant¨ªa de la prestaci¨®n a las situaciones reales, el documento cita la modificaci¨®n de los 15 a?os que se tienen en cuenta para calcular el importe o el periodo m¨ªnimo de 15 a?os que hace falta para acceder al sistema, pero no ofrece detalles. Hasta ahora hab¨ªa circulado una propuesta de elevar esos 15 ¨²ltimos a?os a 20, pero a¨²n no se ha concretado.
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