Repsol da el primer paso para demandar a Argentina por la nacionalizaci¨®n de YPF

Repsol ha dado el primer paso para demandar a Argentina por la nacionalizaci¨®n de la petrolera YPF. La compa?¨ªa espa?ola ha notificado a la presidenta, Cristina Fern¨¢ndez de Kirchner, la declaraci¨®n de existencia de controversia bajo el Tratado de Promoci¨®n y Protecci¨®n de Inversiones, controversia que deber¨¢ dirimirse en un arbitraje internacional ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), organismo con sede en Washington dependiente del Banco Mundial, seg¨²n fuentes al tanto del proceso.

Previamente a la presentaci¨®n de la demanda arbitral el CIADI, las partes tienen un plazo de seis meses para buscar una soluci¨®n negociada. Aunque el ministro de Planificaci¨®n, Julio de Vido, ha declarado a la televisi¨®n venezolana que "Repsol ya ha presentado su caso en el Ciadi", sin dar m¨¢s detalles, en realidad lo que ha hecho la compa?¨ªa espa?ola es dar el paso previo.

Seg¨²n la empresa espa?ola, la expropiaci¨®n de YPF implica una violaci¨®n de los compromisos asumidos por Argentina bajo el Acuerdo para la Promoci¨®n y la Protecci¨®n Rec¨ªproca de Inversiones entre Espa?a y Argentina.

Los Tratados de Promoci¨®n y Protecci¨®n de Inversiones (APPRIs) son tratados bilaterales de naturaleza rec¨ªproca que contienen medidas y cl¨¢usulas destinadas a proteger, en el plano del derecho internacional, las inversiones realizadas por los inversores de cada Estado-Parte en el territorio del otro Estado-Parte. Su objetivo es proporcionar un ambiente estable y favorable a la inversi¨®n que permita reducir los factores de incertidumbre pol¨ªtica y jur¨ªdica que a veces afectan al desarrollo de los proyectos de inversi¨®n a los que se suele enfrentar la empresa en el exterior. Son suscritos principalmente con pa¨ªses no miembros de la OCDE.

La petrolera pedir¨¢ la reintegraci¨®n de YPF o la reparaci¨®n de los da?os y perjuicios

En ellos los Estados asumen internacionalmente ciertos compromisos de trato a las inversiones procedentes del otro Estado y permiten en caso de discrepancias o controversias dirimirlas en un foro m¨¢s neutral que la de los tribunales del propio Estado que adopta las medidas que afectan negativamente a esas inversiones extranjeras.

Con la notificaci¨®n, Repsol anuncia formalmente el comienzo inmediato de acciones legales bajo el Derecho Internacional para que se declaren il¨ªcitos y se condene a Argentina a la reintegraci¨®n o a la reparaci¨®n integral de los da?os y perjuicios que hayan podido ocasionar.

Seg¨²n la argumentaci¨®n de la compa?¨ªa espa?ola, Argentina ha violado diversas reglas del Tratado, comenzando por la obligaci¨®n de no nacionalizar o expropiar las inversiones de Repsol, o de someterlas a medidas de efecto equivalente, que ¡°en ning¨²n caso [podr¨¢n] ser discriminatoria[s]¡±, salvo por causas de utilidad p¨²blica y contra el pago de una indemnizaci¨®n adecuada y sin demora (art¨ªculo V del Tratado).

Previamente al anuncio de la expropiaci¨®n, Argentina someti¨® a los activos de YPF a ciertas medidas dirigidas a erosionar o destruir su valor. En este sentido, en el transcurso de los ¨²ltimos meses, varias Provincias (Chubut, Santa Cruz, Mendoza, Neuqu¨¦n, R¨ªo Negro y Salta) han confiscado concesiones pertenecientes a YPF de manera coordinada a trav¨¦s de declaraciones de caducidad infundadas y pol¨ªticamente motivadas, seg¨²n sostiene Repsol. Luego, el 16 de abril, hizo efectiva la expropiaci¨®n del control de YPF, mediante la ileg¨ªtima intervenci¨®n de la compa?¨ªa y la expulsi¨®n de sus directivos (y el d¨ªa 18 de abril de 2012 se hizo lo mismo con Repsol YPF Gas), sin observar las medidas de protecci¨®n establecidas por el Estatuto de YPF y antes incluso de la promulgaci¨®n formal de la Ley de Expropiaci¨®n de YPF, siempre seg¨²n los argumentos de la espa?ola.

La empresa usar¨¢ como argumento el trato discriminatorio recibido

Adem¨¢s, la compa?¨ªa espa?ola considera que la expropiaci¨®n de las inversiones de Repsol es il¨ªcita y no ha sido acompa?ada de ninguna de las garant¨ªas exigidas por el citado Tratado, ni tan siquiera de la que contempla el pago de una indemnizaci¨®n adecuada y sin demora a cualquier medida expropiatoria.

Repsol argumenta que Argentina ha violado la obligaci¨®n de garantizar un ¡°tratamiento justo y equitativo¡± a las inversiones (a lo que obliga el art¨ªculo IV.1 del Tratado), puesto que las medidas adoptadas han alterado por completo el marco jur¨ªdico y econ¨®mico de la inversi¨®n de Repsol en YPF, y de Repsol y Repsol Butano en Repsol YPF Gas.

Tambi¨¦n Argentina ha violado su compromiso internacional de no obstaculizar en modo alguno, mediante medidas injustificadas o discriminatorias, la gesti¨®n, el mantenimiento, la utilizaci¨®n, el disfrute, la extensi¨®n, la venta, o, en su caso, la liquidaci¨®n de tales inversiones (incumpliendo el art¨ªculo III.1 del Tratado), seg¨²n la empresa.

La compa?¨ªa cree que es evidente que los decretos de intervenci¨®n y la Ley expropiatoria act¨²an solamente en contra de los intereses de Repsol, sin interferir directamente en la participaci¨®n de los dem¨¢s accionistas de YPF y de Repsol YPF Gas, ni afectar a cualquier otra compa?¨ªa de hidrocarburos presente en el pa¨ªs.

La argumentaci¨®n espa?ola concluye que todo esto pone de manifiesto que se trata de medidas de car¨¢cter singular contra Repsol, abiertamente contrarias al principio de paridad de trato y contradiciendo tambi¨¦n claramente lo previsto en el citado art¨ªculo V del Tratado, seg¨²n el cual ¡°en ning¨²n caso [la expropiaci¨®n] deber¨¢ ser discriminatoria¡±. Por ello, tambi¨¦n han sido infringidas las disposiciones del Tratado sobre paridad con el trato al nacional (art¨ªculo IV.5 del Tratado) y el tratamiento de la naci¨®n m¨¢s favorecida (art¨ªculo IV.2 del Tratado).

La petrolera espa?ola, seg¨²n anunci¨® su presidente, Antonio Brufau tras la nacionalizaci¨®n por decreto de su filial el 17 de abril, pedir¨¢ al organismo de arbitraje que imponga una compensaci¨®n de 10.500 millones de d¨®lares (8.160 millones de euros al cambio actual) por su participaci¨®n del 51% en YPF que ha pasado a manos del Estado argentino, a lo que podr¨ªan sumarse cantidades adicionales.

Otras empresas espa?olas con presencia en Argentina tambi¨¦n han acudido al Ciadi para dirimir sus conflictos. Este ha sido el caso de Telef¨®nica, Endesa, Gas Natural y Aguas de Barcelona, aunque algunas de ellas acabaron por llegar a soluciones negociadas.