El juez cita como imputados a Rato, Olivas y Acebes por el ¡®caso Bankia¡¯

El caso Bankia, o c¨®mo el hasta hace poco cuarto mayor banco espa?ol pas¨® de publicar unos beneficios de 304 millones a necesitar meses despu¨¦s un rescate estatal de 23.465 millones (unos 500 euros por ciudadano), ya est¨¢ activado en la v¨ªa judicial. El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu dict¨® este mi¨¦rcoles un auto en el que asume investigar la querella de Uni¨®n, Progreso y Democracia (UPyD) contra 33 miembros de los Consejos de Administraci¨®n de Bankia y de su matriz, Banco Financiero y de Ahorros (BFA).

Andreu avanza, sin fijar fechas, que llamar¨¢ a declarar a estas 33 personas como inculpadas y les advierte que deber¨¢n acudir asistidos de abogado. Entre ellas est¨¢n el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, el expresidente de la Comunidad Valenciana Jos¨¦ Luis Olivas y el exministro ?ngel Acebes, los tres del PP. La admisi¨®n de la querella ha causado gran preocupaci¨®n en dicho partido y en el Gobierno.

En 49 folios, el auto de Andreu reproduce los distintos pasajes supuestamente delictivos que contiene la querella de UPyD y observa en ellos indicios de una ¡°defraudaci¨®n¡± que ¡°habr¨ªa producido, o podido producir, una grave repercusi¨®n en la econom¨ªa nacional¡± y un ¡°perjuicio para una generalidad de personas¡± de diferentes partes de Espa?a. El juez asume su competencia, avalada por la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, esgrimiendo, entre otros factores, el tama?o de Bankia y el coste del rescate y concluye que su quiebra ha podido ¡°desestabilizar todo el sistema financiero del pa¨ªs¡±.

Andreu reclama toda una bater¨ªa de documentos a diferentes organismos y al propio grupo bancario. En concreto, quiere informaci¨®n detallada de las operaciones de cr¨¦dito, aval o garant¨ªa efectuadas desde el 1 de enero de 2008 en favor de los consejeros y directivos y sus familiares y en favor de los grupos pol¨ªticos que han participado en la elecci¨®n de los consejeros de las siete cajas que formaron BFA. Tambi¨¦n quiere toda la informaci¨®n sobre las prejubilaciones, pensiones, seguros de vida, retribuciones e indemnizaciones abonadas a los consejeros y altos directivos.

La admisi¨®n de la querella ha causado gran preocupaci¨®n en el Gobierno

A la CNMV le pide el expediente de la oferta p¨²blica de suscripci¨®n por la que Bankia sali¨® a Bolsa y el folleto de emisi¨®n de dicha operaci¨®n, delictiva seg¨²n la querella. Tampoco deja al margen al Banco de Espa?a, al que solicita los documentos de la inspecci¨®n desde el 1 de enero de 2011, el plan de capitalizaci¨®n presentado en enero de 2012, los informes relativos a las retribuciones de los consejeros y directivos de Bankia y BFA desde el 28 de diciembre de 2010 (cuando el Estado, trav¨¦s del FROB, inyect¨® 4.465 millones), as¨ª como el plan de saneamiento alternativo elaborado por Rato poco antes de su dimisi¨®n.

Como testigos declarar¨¢n el exgobernador del Banco de Espa?a, Miguel ?ngel Fern¨¢ndez Ord¨®?ez; el presidente de la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Julio Segura, y el socio de Deloitte responsable de la auditor¨ªa de Bankia, Francisco Celma.

Anticorrupci¨®n ha remitido a Andreu un informe en el que apoya que asuma la querella de UPyD, si bien se opone a las medidas cautelares que se piden en ella: por ejemplo, la exigencia de fianzas o la intervenci¨®n judicial del grupo bancario. El juez ha convocado para el d¨ªa 23 de julio una comparecencia en la que oir¨¢ a las partes y tomar¨¢ una decisi¨®n. Bankia est¨¢ nacionalizada, por lo que no es previsible que Andreu la coloque bajo su control.

La Audiencia pide toda una bater¨ªa de pruebas a Bankia y organismos oficiales

Anticorrupci¨®n, ¡°a t¨ªtulo indicativo¡±, y UPyD coinciden en que en el caso Bankia pueden concurrir delitos de estafa, apropiaci¨®n indebida, falsificaci¨®n de cuentas anuales y administraci¨®n fraudulenta, castigados con penas que ir¨ªan entre los dos a?os y seis meses y los 15 a?os de c¨¢rcel. La Fiscal¨ªa, sin embargo, matiza que ¡°en este momento inicial de la instrucci¨®n de la causa, con todas las diligencias pendientes de pr¨¢ctica, no es posible establecer si efectivamente se han producido hechos penalmente relevantes y, en consecuencia, tampoco imputar conductas delictivas a determinadas personas f¨ªsicas sobre la base de su pertenencia al consejo de administraci¨®n de BFA o Bankia¡±

Seg¨²n Anticorrupci¨®n, esa mera pertenencia al consejo sirve como punto de partida de una investigaci¨®n, pero es ¡°insuficiente para la atribuci¨®n de conductas delictivas concretas¡±. Por ello, la Fiscal¨ªa estaba en contra de llamar a declarar como imputados a los exconsejeros hasta avanzar en la investigaci¨®n y ver si se puede ¡°acotar el alcance de la imputaci¨®n a todos o solo a parte de los consejeros e incluso a otras personas que no ostenten dicho cargo¡±.

El juez repasa los posibles delitos en su auto. El de falsedad vendr¨ªa dado si se demuestra que ¡°los consejeros de Bankia y BFA distorsionaron las cuentas de ambas entidades a fin de dar la impresi¨®n o crear la ficci¨®n de que su situaci¨®n patrimonial era mejor que la realmente existente, lo que les sirvi¨® para mejorar los distintos ratios de solvencia y ganarse la confianza de los inversores en la salida a bolsa¡±.

El delito de administraci¨®n desleal resultar¨ªa, opina el juez, de ¡°la existencia de un perjuicio econ¨®micamente evaluable a todos y cada uno de los accionistas de Bankia¡± por la supuesta ¡°disposici¨®n fraudulenta de los bienes de la sociedad¡± fruto de una ¡°gesti¨®n social en la que habr¨ªa prevalecido el favor pol¨ªtico al rendimiento econ¨®mico, mediante una serie interminable de ruinosas inversiones¡±. El tercer delito que se imputa, el de manipulaci¨®n para alterar el precio de las cosas, radicar¨ªa en que ¡°los consejeros, directivos y gestores de Bankia elaboraron y difundieron diversa documentaci¨®n (...) que arrojaba una imagen de la sociedad absolutamente irreal (...) para lo cual no dudaron en manipular la informaci¨®n existente¡±, seg¨²n la querella.

Sobre la administraci¨®n desleal en relaci¨®n ¡°con las prejubilaciones y blindajes autoconcedidos por los consejeros de las cajas¡±, el juez se?ala que se trata, si llegase a probarse, ¡°de una grosera infracci¨®n de los deberes de transparencia, fidelidad y lealtad¡±.