El Tribunal Constitucional admite un recurso del PSOE contra la regularizaci¨®n fiscal

En concreto, el recurso se refiere a la disposici¨®n adicional primera del Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, que recoge la posibilidad de declarar dinero oculto con la ¨²nica tributaci¨®n del 10 %, sin que se impongan sanciones, intereses ni recargos.

La medida se dirige a los contribuyentes que sean titulares de bienes o derechos que no se correspondan con las rentas declaradas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas F¨ªsicas (IRPF), impuesto sobre Sociedades o Impuesto sobre la Renta de no Residentes.

El tribunal dar¨¢ traslado de la demanda y los documentos presentados al Congreso de los Diputados y al Senado, por conducto de sus presidentes, y al Gobierno, a trav¨¦s del Ministro de Justicia.

El PSOE anunci¨® a finales de junio su intenci¨®n de presentar ante el Tribunal Constitucional (TC) un recurso de inconstitucionalidad contra la regularizaci¨®n fiscal aprobada por el Gobierno y, al mismo tiempo, de solicitar en la Audiencia Nacional la paralizaci¨®n de la orden ministerial que ampli¨® la regularizaci¨®n al dinero en efectivo.

En su recurso, el PSOE argumentaba que esa regularizaci¨®n fiscal vulnera por partida doble la Constituci¨®n, es "especialmente injusta" en sus consecuencias y "manifiestamente contraria a los principios de igualdad, proporcionalidad y progresividad".

Adem¨¢s, el escrito, basado en un informe previo elaborado por el ex ministro de Justicia socialista Francisco Caama?o, consideraba que la medida violaba los principios de generalidad, igualdad y capacidad econ¨®mica, al colocar a un colectivo de "contribuyentes-defraudadores" en una situaci¨®n de "absoluto privilegio fiscal.

Antes de este cambio, una persona que quisiera regularizar una renta de un mill¨®n de euros obtenida en 2008 y ocultada a la Administraci¨®n Tributaria, deber¨ªa pagar 565.315 euros (430.000 euros en concepto de cuota, 86.000 por recargo y 49.315 en concepto de intereses de demora devengados), mientras que con la nueva normativa s¨®lo ser¨¢n 100.000 euros, seg¨²n el PSOE.

Tambi¨¦n alega el PSOE que el principio de generalidad proscribe los privilegios, la exoneraci¨®n de cargas fiscales sin fundamento jur¨ªdico y el establecimiento de beneficios fiscales injustificados desde el punto de vista constitucional.

Al mismo tiempo, la Audiencia Nacional admiti¨® a tr¨¢mite a principios de julio el recurso presentado por el PSOE.

Fuentes de la direcci¨®n federal informaron entonces a Efe de que la secci¨®n tercera de la sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional hab¨ªa acordado adem¨¢s requerir a los ministerios de Econom¨ªa y Hacienda todo el expediente sobre el decreto de la amnist¨ªa fiscal en un plazo de 20 d¨ªas.