Peajes a ninguna parte

Iban a ser la soluci¨®n para desatascar las v¨ªas de acceso a Madrid. Pero se han convertido en uno de los negocios m¨¢s ruinosos del sector. Las autopistas de peaje de entrada a la capital, las radiales, llevan menos de una d¨¦cada en funcionamiento y parecen casi nuevas. La escasez de tr¨¢fico, muy inferior al previsto, y el desorbitado sobrecoste de las expropiaciones de terrenos para construir estas v¨ªas han llevado a muchas concesionarias a la ruina. La primera en caer ha sido Accesos de Madrid, propietaria de la R-3 (Madrid-Arganda) y la R-5 (Madrid-Navalcarnero), que el 7 de septiembre present¨® el preconcurso de acreedores, el paso previo a la suspensi¨®n de pagos.

Con una deuda bancaria de 660 millones de euros y 430 millones pendientes de pago por expropiaciones, los accionistas de la concesionaria (Abertis, Sacyr, Bankia y ACS) han tirado la toalla. El preconcurso es una figura que les proporciona tres meses para negociar con las entidades financieras para intentar evitar el concurso. "Estas autopistas se concibieron como una alternativa a la ampliaci¨®n de las autov¨ªas gratuitas, pero despu¨¦s estas fueron ampliadas con m¨¢s carriles y los atascos se redujeron", argumenta Jos¨¦ Antonio L¨®pez Casas, director general de Accesos de Madrid.

Sin tanto atasco, la empresa afirma que le resulta muy dif¨ªcil competir con las v¨ªas de uso gratuito. Este factor, la ca¨ªda del tr¨¢fico por la crisis ¡ªeste a?o se est¨¢n viendo desplomes del 20% y el precio de los carburantes tiene que ver¡ª, el sobrecoste por las expropiaciones y los gastos financieros han sido un golpe imposible de esquivar. El viernes pasado tambi¨¦n solicitaron concurso de acreedores por motivos similares las dos sociedades que gestionan la R-4 (Madrid-Oca?a), con una deuda de 575 millones, cuyos accionistas son Cintra, Sacyr y Caja Castilla-La Mancha. La AP-41 (Madrid-Toledo) no es una radial, pero tambi¨¦n ha suspendido pagos. Otras seis v¨ªas de pago, entre ellas la cuarta radial, la R-2, est¨¢n al borde de la quiebra.

Fomento ha tenido que salir al rescate de las autopistas en apuros

La idea de unas autopistas que descongestionaran el acceso a Madrid (en principio, gratuitas) se empez¨® a fraguar en la primera mitad de los noventa, con el socialista Josep Borrell como ministro de Obras P¨²blicas, pero el proyecto de la R-3 y la R-5 fue dise?ado y ejecutado con Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar en el poder. El contrato de estas autopistas, la alternativa de pago a las autov¨ªas de Valencia y Extremadura, sali¨® a concurso en 1999. Rafael Arias-Salgado, entonces titular de Fomento, afirm¨® que absorber¨ªan ¡°al menos un 30%¡± de los veh¨ªculos que acced¨ªan a la capital. En 20 a?os, las empresas rentabilizar¨ªan la inversi¨®n, mientras los madrile?os ahorrar¨ªan millones de pesetas en tiempo y gasolina. Adem¨¢s, las adjudicatarias deb¨ªan hacerse cargo de la construcci¨®n y financiaci¨®n de un tramo de la M-50, el tercer anillo de circunvalaci¨®n de Madrid, que ser¨ªa de uso gratuito. Para el Gobierno del PP, todo eran ventajas.

A los pocos meses, un consorcio integrado por siete empresas gan¨® el contrato: FCC, Zafir, Acesa, Caja Madrid, la Empresa Nacional de Autopistas, Inversiones e Infraestructuras y OHL. Las obras deb¨ªan acabar en 24 meses y tendr¨ªan un coste de 727 millones. Los problemas con las expropiaciones y los cambios en el trazado retrasaron la inauguraci¨®n a 2004. El coste final se increment¨® un 12%.

Era solo la punta del iceberg. El tr¨¢fico ha resultado ser un 25% del previsto. La concesionaria calcul¨® en 2004 que las dos radiales absorber¨ªan 70.000 de los 200.000 coches que circulan a diario por las autov¨ªas de Valencia y Extremadura. Ahora la media en cada una de esas radiales ronda los 10.000 veh¨ªculos. Mientras, la aplicaci¨®n de la Ley del Suelo de 1998, que permit¨ªa valorar los terrenos en funci¨®n de sus expectativas, disparaba el coste de las expropiaciones. ¡°Calculamos que las expropiaciones nos costar¨ªan 40 millones y han sido 640¡±, asegura el director general de Accesos de Madrid, que ha pagado hasta ahora 210 millones.

Para Rafael Simancas, portavoz del PSOE en la Comisi¨®n de Fomento del Congreso, la mala gesti¨®n y planificaci¨®n son los causantes de este ruinoso negocio: ¡°Las constructoras tuvieron que realizar a cambio de las radiales un tramo de la M-50; para cuadrar las cuentas Francisco ?lvarez-Cascos [sucesor de Arias-Salgado] pronostic¨® unos tr¨¢ficos y unos resultados de explotaci¨®n demasiado optimistas; tampoco previ¨® los efectos de la Ley del Suelo, y el tr¨¢fico fue mucho menor porque las carreteras gratuitas se fueron mejorando¡±. Las cuentas de Accesos de Madrid arrojaron en 2010, ¨²ltimo ejercicio disponible en el registro mercantil, unas p¨¦rdidas de explotaci¨®n de 4,42 millones, frente a los 3,76 millones del a?o anterior.

La patronal ASETA aboga por pagos directos del usuario de la red

Fomento ha tenido que salir al rescate de las autopistas en apuros. Fuentes del departamento que dirige Ana Pastor aseguran que se est¨¢n articulando medidas coyunturales, como la ampliaci¨®n de 2012 a 2021 de la compensaci¨®n por la ca¨ªda del tr¨¢fico ¡ªun sistema en el que el Estado adelanta el dinero¡ª y los 250 millones en pr¨¦stamos participativos (con aval del Estado) presupuestados para este a?o. A largo plazo, Fomento asegura que ¡°se est¨¢ trabajando en soluciones estructurales que proporcionen un horizonte sostenible al sector¡±. Seg¨²n L¨®pez Casas, su concesionaria tiene pendiente de cobro 80 millones como compensaci¨®n y cr¨¦ditos participativos.

El PSOE advierte de que se necesita una soluci¨®n inmediata, mientras la patronal, ASETA, ve una salida clara: que el conductor pague de forma directa por el uso de toda la red de alta capacidad para ¡°redistribuir m¨¢s racionalmente los tr¨¢ficos¡± e ¡°incrementar los ingresos del Estado¡±.

La lista de perdedores por la crisis de la R-3 y la R-5 es larga: accionistas, acreedores (adem¨¢s de Bankia, el Santander, BBVA, el Sabadell, Caixabank e ING)¡­ pero los ciudadanos tambi¨¦n pueden acaban pagando el pato. Si al final la empresa entra en liquidaci¨®n, alguien tendr¨¢ que tapar el agujero y el Estado es el principal candidato. Si la Administraci¨®n tuviera que rescatar la R-3 y la R-5, L¨®pez Casas calcula que tendr¨ªa que asumir como m¨¢ximo 670 millones, que computar¨ªan como d¨¦ficit p¨²blico. Eso, m¨¢s el sobrecoste de las expropiaciones. Del resto deber¨ªan hacerse cargo los acreedores.