La reforma de la PAC puede esperar

Si no hay marco financiero para el periodo 2014-2020 y si no se conocen exactamente los recursos disponibles para su aplicaci¨®n, no habr¨¢ reforma de la Pol¨ªtica Agr¨ªcola Com¨²n (PAC). Al menos, para su entrada en vigor en 2014, como estaba previsto.

Los debates de los ¨²ltimos meses en el seno de los consejos de los ministros de Agricultura de la Uni¨®n Europea y en la comisi¨®n correspondiente del Parlamento, para la elaboraci¨®n de la propuesta final sobre la reforma agraria, no han producido los avances necesarios en la mayor parte de los aspectos clave, por lo que se puede decir que la reforma est¨¢ verde. Un a?o de negociaciones a todos los niveles, desde consejos de ministros a reuniones de Estados miembros, ante la Comisi¨®n y con m¨²ltiples encuentros bilaterales entre pa¨ªses para buscar posiciones conjuntas, no han sido suficientes para cerrar una propuesta.

Las negociaciones para la reforma de la PAC han estado marcadas por la crisis econ¨®mica y la necesidad de ajustar los gastos. Bruselas propuso inicialmente en 2011 un presupuesto para el periodo 2014 a 2020 de 281.800 millones de euros, para pagos directos y medidas de mercado, y otros 89.900 millones para desarrollo rural, junto a 15.200 millones para diferentes fondos donde destacaban 4.500 millones para innovaci¨®n e investigaci¨®n, 3.500 millones para hacer frente a las crisis y otros 2.500 millones para compensar los problemas que se puedan derivar de los procesos de la globalizaci¨®n de la econom¨ªa. Esas cifras significaban mantener las ayudas a los mismos niveles de 2011 para todo el periodo 2014- 2020, lo que supon¨ªa una p¨¦rdida real del 12%. En el marco de las ayudas comunitarias de la PAC, esta pol¨ªtica no supone ninguna novedad ya que, hist¨®ricamente, las ayudas de la PAC se fijan en un momento determinado y se mantienen siempre congeladas, al margen de la evoluci¨®n de la inflaci¨®n.

Espa?a quiere que la transici¨®n se lleve a cabo sin traumas

En el caso de la reforma de la PAC, tras el fracaso de la cumbre de los jefes de Estado sobre el debate de las perspectivas financieras el pasado mes de noviembre, se mantienen los interrogantes sobre el volumen de fondos a asignar con posiciones enfrentadas entre los propios Estados miembros. Desde los pa¨ªses del norte se aboga por ajustar m¨¢s a la baja la propuesta de la Comisi¨®n, mientras los pa¨ªses del sur ¡ªEspa?a, Francia e Italia¡ª apuestan por mantener como m¨ªnimo los fondos ofertados inicialmente. A estas divisiones se suma la postura de la Presidencia del Consejo, comandada por Herman Van Rompuy, para aplicar recortes adicionales de casi 20.000 millones.

En la pr¨®xima cumbre de febrero se espera que haya un acuerdo sobre las perspectivas financieras y la asignaci¨®n de fondos para la aplicaci¨®n de la reforma de la PAC. A partir de ah¨ª se iniciar¨¢ el debate final sobre el contenido de la misma entre los ministros de Agricultura, en el Parlamento y la Comisi¨®n, por lo que se ve inviable la elaboraci¨®n de los correspondientes reglamentos para su aplicaci¨®n en 2014.

Para la secretaria general de Agricultura, Isabel Garc¨ªa Tejerina, hay muchos aspectos importantes de la reforma que a¨²n no se han decidido. De ah¨ª que la Comisi¨®n estudie la aplicaci¨®n de un proceso de transici¨®n en 2014, donde se mantendr¨ªan las l¨ªneas maestras de la actual PAC.

En conjunto, Garc¨ªa Tejerina entiende que podr¨ªa aplicarse la reforma en cuestiones como el desarrollo rural, pero no en lo que afecta a los pagos directos que seguir¨ªan como ahora. En su opini¨®n, se han producido avances en cuestiones de desarrollo rural, donde Espa?a reclama que las regiones en transici¨®n como Castilla-La Mancha, Andaluc¨ªa o Murcia tengan una cofinanciaci¨®n del 75%. Agricultura es partidaria de no meter los seguros agrarios en la financiaci¨®n del desarrollo rural.

Los avances m¨¢s importantes se han logrado en la definici¨®n de la reglamentaci¨®n horizontal para simplificar la condicionalidad, las penalizaciones, el sistema integrado de control y gesti¨®n, y para que los pagos anticipados se puedan hacer siempre a partir del 16 de octubre y no desde diciembre.

Un a?o de negociaciones ha sido insuficiente para cerrar una propuesta

En cuanto al reglamento ¨²nico, para la secretar¨ªa general se han dado escasos avances y se mantienen los interrogantes sobre el futuro de las cuotas en la leche y el az¨²car, para los que se ha clarificado la pol¨ªtica sobre los derechos de plantaci¨®n que ser¨¢n sustituidos por autorizaciones estatales. Espa?a defiende el mantenimiento de cuotas y mejoras en los mecanismos para regular los mercados.

Finalmente, en relaci¨®n con la reglamentaci¨®n sobre los pagos directos, los avances han sido muy escasos. Entre los aspectos m¨¢s importantes queda por definir c¨®mo ser¨ªa el proceso de convergencia en la equiparaci¨®n de las ayudas entre los pa¨ªses miembros. No se han producido acuerdos en materia de pol¨ªtica verde, para la aplicaci¨®n regional de la PAC, la aplicaci¨®n del capping, es decir, la modulaci¨®n de las ayudas o los criterios para limitar la superficie elegible en cada pa¨ªs a la hora de asignar derechos de pago b¨¢sicos. S¨ª habr¨ªa acuerdo para la transferencia de fondos de pagos directos a desarrollo rural hasta un 15%.

La reforma de la PAC supone un cambio del actual sistema de pagos por derechos hist¨®ricos, a otro de pagos base asignando derechos por superficie. En esta fase final de las negociaciones, Espa?a defiende el mantenimiento de la propuesta financiera inicial de la Comisi¨®n. Para Agricultura es fundamental que Espa?a pueda limitar a 21 millones el volumen de hect¨¢reas donde asignar los derechos de pago. Garc¨ªa Tejerina apuesta por la transici¨®n de un modelo a otro sin traumas, con una estabilidad en las ayudas directas que no ponga en peligro la actividad agraria en determinadas producciones y los territorios. En esa l¨ªnea, defiende que el proceso de convergencia de pagos por hect¨¢rea en un mismo pa¨ªs se pueda hacer de forma m¨¢s limitada que la propuesta comunitaria y en un plazo m¨¢s amplio, m¨¢s all¨¢ de 2019.

De acuerdo con este planteamiento, Agricultura quiere que, en el pago base que se aplique por hect¨¢rea con la reforma, el 90% corresponda a los actuales derechos hist¨®ricos y no el 40% que pretende Bruselas. Espa?a considera fundamental tener flexibilidad para aplicar esa pol¨ªtica. Finalmente, en cuanto a la pol¨ªtica verde, Espa?a defiende que la misma no suponga el 30% de los pagos que se asignen a cada pa¨ªs, sino un m¨¢ximo del 15%; que no se exija el destino del 7% de las tierras de una explotaci¨®n para inter¨¦s ecol¨®gico; que no se obligue a tener hasta tres cultivos y que estas exigencias se apliquen solo para explotaciones con m¨¢s de veinte hect¨¢reas y no de tres.