Las empresas podr¨¢n operar en todo el pa¨ªs con una licencia ¨²nica
El Gobierno aprueba el anteproyecto de Ley de Unidad de Mercado Se crear¨¢ un Consejo en el que las comunidades negocien los l¨ªmites legales
La avidez legislativa de las comunidades aut¨®nomas ha provocado, en algunos casos, que una empresa tenga que fabricar 17 modelos diferentes de un producto para ajustarse a la normativa regional. ¡°La mara?a normativa ha sido una de las quejas habituales de las empresas nacionales y los inversores extranjeros¡±, asegur¨® ayer la vicepresidenta del Gobierno, Soraya S¨¢enz de Santamar¨ªa, al presentar el anteproyecto de Ley de Garant¨ªa de Unidad de Mercado, aprobado ayer por el Consejo de Ministros.
Esta norma, cuando est¨¦ aprobada definitivamente en verano, permitir¨¢ a las empresas operar en todo el pa¨ªs con una licencia ¨²nica. El Gobierno la hab¨ªa anunciado hace ocho meses, pero la complejidad normativa de las comunidades, entre otros asuntos, han retrasado la reforma, que nace descafeinada para evitar conflictos de competencias en un momento en que el debate sobre la soberan¨ªa de Catalu?a afecta a numerosas decisiones del Ejecutivo.
Los casos m¨¢s representativos
La vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya S¨¢enz de Santamar¨ªa, aludi¨® ayer a cinco casos en los que la mara?a legislativa de las comunidades provoca ineficiencias. La Ley de Garant¨ªa de la Unidad de Mercado servir¨¢, seg¨²n el Ejecutivo, para solucionarlas:
Una empresa de m¨¢quinas recreativas que debido a la telara?a normativa de las comunidades tiene que fabricar 17 modelos de sus tragaperras para cada uno de los territorios. Cuando est¨¦ aprobada la ley solo tendr¨¢ que fabricar un modelo que se ajuste a los requisitos legales de una de las autonom¨ªas y con este producto podr¨¢ operar en el resto de territorios.
Compa?¨ªas embotelladoras que comercializan sus productos en una comunidad pero cuando traspasa ese territorio se encuentra con que la normativa alimentaria de otra regi¨®n le obliga a cambiar su etiqueta. A partir de la aprobaci¨®n de la norma solo deber¨¢ cumplir con la legislaci¨®n sobre las especificaciones t¨¦cnicas de la etiqueta de una comunidad para comerciar en el resto.
Un fontanero o electricista debe inscribirse en el registro t¨¦cnico correspondiente de cada comunidad para trabajar en cada una de ellas. Con la nueva norma solo deber¨¢ conseguir la autorizaci¨®n de uno de estos territorios para desempe?ar su profesi¨®n en cualquiera de ellos. No obstante, cada autonom¨ªa mantendr¨¢ la compentencia sobre c¨®mo deben prestarse los servicios y las garant¨ªas que deben tener. Todas las comunidades aut¨®nomas tendr¨¢n acceso al registro sectorial correspondiente para comprobar las licencias de estos profesionales.
Una empresa constructora a la que se le exige que tenga su sede social en una comunidad para poder presentarse a un concurso p¨²blico. Esto provoca que algunas compa?¨ªas creen filiales para concurrir a licitaciones p¨²blicas. A partir de ahora no se les podr¨¢ exigir condiciones adicionales que vayan contra la unidad de mercado para poder presentarse a un concurso.
Por este motivo, apenas se modifican las cuestiones ling¨¹¨ªsticas relacionadas con el etiquetado: los productos agroalimentarios seguir¨¢n la normativa europea en vigor [deben ser en castellano], y el resto de productos se someter¨¢ a las normas vigentes en cada comunidad. Las especificaciones t¨¦cnicas que deben contener las etiquetas se regir¨¢n por la normativa de origen.
La norma pretende, b¨¢sicamente, garantizar la libre circulaci¨®n de bienes y servicios por todo el territorio nacional. No afecta a impuestos ni al ¨¢mbito de los colegios profesionales. ¡°Esta ley est¨¢ basada en el principio de confianza mutua entre las comunidades. No es un proceso de centralizaci¨®n, ni resta competencias¡±, manifest¨® la portavoz del Gobierno durante la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Con esta reforma un productor solo necesitar¨¢ la licencia del territorio donde fabrique sus productos para poder venderlos en todo el pa¨ªs. Hasta ahora, la complejidad de normas regionales provocaban, en ocasiones, que una empresa tuviera que fabricar distintos modelos de su producto para ajustarse a las diferentes legislaciones comunitarias.
Cuando la Ley de Unidad de Mercado est¨¦ aprobada bastar¨¢ la autorizaci¨®n de una comunidad y el cumplimiento de los requisitos legales que esta exija para vender estos productos por todo el pa¨ªs. Respecto a la prestaci¨®n de servicios, la licencia que obtiene un profesional en una comunidad le habilitar¨¢ para trabajar en toda Espa?a. No obstante, la prestaci¨®n del servicio se ajustar¨¢ a la legislaci¨®n de la comunidad donde se preste. Econom¨ªa calcula que la norma tendr¨¢ un impacto del 1,52% del PIB sobre la econom¨ªa en el periodo de los pr¨®ximos 10 a?os. Ser¨¢n unos 1.500 millones al a?o, el 0,15%, del PIB. Pero sus c¨¢lculos no son muy precisos.
Lo que s¨ª puede generar es una competencia entre las comunidades que entren en una carrera de supresi¨®n de requisitos para atraer empresas.
Otro de los aspectos de la norma es la creaci¨®n de mecanismos de cooperaci¨®n entre las comunidades. Se constituir¨¢ el Consejo de Unidad de Mercado (CUM), un ¨®rgano de interlocuci¨®n entre las autonom¨ªas y el Ejecutivo para analizar y solucionar los problemas de unidad de mercado y las colisiones de las diferentes normativas.
Este consejo estar¨¢ presidido por el ministro de Hacienda y Administraciones P¨²blicas, que ahora ocupa Crist¨®bal Montoro. Por este foro deber¨¢ pasar informaci¨®n sobre todos los proyectos de ley de las comunidades que afecten a la unidad de mercado. Adem¨¢s, se facilitar¨¢ a los Gobiernos regionales el acceso a los registros sectoriales. As¨ª, podr¨¢n comprobar, por ejemplo, si un electricista tiene la correspondiente licencia t¨¦cnica.
Las autonom¨ªas podr¨¢n solucionar sus diferencias en el Consejo de Unidad de Mercado en el caso de que la normativa de una de ellas le perjudique a la otra.
La norma prev¨¦ un mecanismo de soluci¨®n de conflictos. Se crear¨¢n ¡°ventanillas ¨²nicas¡± para que las empresas o profesionales que se sientan perjudicados por una autonom¨ªa [porque les sancionen por incumplir una norma a pesar de que se ajusta a la legislaci¨®n de otro territorio o se les exija condiciones para presentarse a un concurso p¨²blico que vulnere la unidad de mercado] puedan presentar quejas. Tambi¨¦n lo pueden hacer ante la Comisi¨®n Nacional del Mercado y Competencia (el nuevo organismo que engloba a todos los supervisores y reguladores sectoriales). La CNMC tendr¨¢ un plazo de cinco d¨ªas para decidir sobre la procedencia de la solicitud, si lo admite interpondr¨¢ un recurso en el juzgado que en caso de que valide la denuncia conllevar¨¢ la suspensi¨®n inmediata de las sanciones o los actos administrativos que les afecten.
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