Un acuerdo positivo pero insuficiente

La noticia de un acuerdo entre los dos principales partidos pol¨ªticos sobre algo siempre es positiva para los ciudadanos. Este acuerdo, sin duda, es un paso positivo, pero debemos advertir que es un paso claramente insuficiente contra el problema de las participaciones preferentes.

En primer lugar, el acuerdo se refiere al caso de los afectados por las preferentes de los bancos que han quedado en manos del Estado tras la inyecci¨®n de capital de la ayuda de Bruselas. Es decir, est¨¢ pensado inicialmente para los afectados por las participaciones vendidas por las cajas integradas en CatalunyaBanc, Novagalicia y Bankia, las entidades nacionalizadas que han recurrido masivamente a la venta de este producto. Porque, en esta cuesti¨®n de las preferentes, como pasa a menudo, no todos los bancos han actuado de la misma forma. Son, precisamente, los m¨¢s solventes y que no han tenido que recibir la ayuda del Estado, como el Santander o el BBVA, los que han sido generalmente m¨¢s responsables a la hora de comercializar estos productos h¨ªbridos.

En segundo lugar, ese acuerdo afecta s¨®lo a los casos m¨¢s extremos y flagrantes de enga?o al inversor, que ya estaban siendo solucionados por la v¨ªa judicial. Deja fuera por tanto a la gran mayor¨ªa de los miles de tenedores de preferentes.

Este acuerdo, sin duda, es un paso positivo, pero debemos advertir que es? claramente insuficiente

Para entenderlo es preciso recordar que en la situaci¨®n actual, por imperativo de Bruselas a la hora de aprobar la ayuda a los bancos espa?oles, los tenedores de esas preferentes solo pueden recuperar un m¨¢ximo del 60% de su inversi¨®n y en acciones de la propia entidad, no en dinero. Esta gravosa situaci¨®n de los titulares de preferentes ha sido paliada en algunos casos puntuales por los jueces, dictando sentencias condenatorias contra algunos bancos cuando se ha podido comprobar un enga?o flagrante y evidente en la colocaci¨®n de esos productos. Por ejemplo, a personas mayores casi analfabetas. En estos casos, los titulares de preferentes han podido recuperar el 100% de su inversi¨®n.

Pues bien, el ¨²nico avance que supone este pacto es agilizar la resoluci¨®n de esos casos excepciones, abriendo la posibilidad del arbitraje y estableciendo una Comisi¨®n de seguimiento de los mismos. Matizando adem¨¢s que, en el caso de obtener un laudo favorable en el arbitraje, al 100% de la inversi¨®n se le descontar¨ªa el plus de rentabilidad que ha conseguido en los a?os de vida del producto, frente a lo que habr¨ªa cobrado al contratar, por ejemplo, un dep¨®sito.

Es decir, que los ¨²nicos beneficiados por este pacto ser¨¢n los titulares de las preferentes que con casi total seguridad habr¨ªan sido tambi¨¦n beneficiados por una sentencia judicial favorable. Algo, sin duda, positivo pero claramente insuficiente para los miles de tenedores de preferentes que tengan la desgracia de poseer algunos conocimientos de econom¨ªa o hayan tenido la mala suerte de haber contratado varios de esos productos h¨ªbridos alguna vez en su historial de inversores.

Esos miles de tenedores de preferentes, si no hacen nada, perder¨¢n un m¨ªnimo del 40% de su inversi¨®n y ver¨¢n c¨®mo esos restos se transforman en papel de acciones de los propios Bancos que les han perjudicado y cuyo valor en Bolsa est¨¢ rascando los suelos m¨¢s bajistas.

Los beneficiados por el pacto ser¨¢n los titulares que con seguridad habr¨ªan sido reconocidos tambi¨¦n por la justicia

La otra posibilidad que tienen es acudir a los Tribunales de Justicia para intentar obtener el amparo y la justa compensaci¨®n por haber sido v¨ªctimas de una comercializaci¨®n que ocultaba en la letra peque?a unos riesgos que jam¨¢s hubieran corrido de haberlos conocido. En ese sentido, las sentencias judiciales favorables a los tenedores de preferentes obtenidas hasta ahora abren un margen al optimismo.

Por estas razones, este pacto es insuficiente. Pero, en un aspecto abre una cierta luz de esperanza. La de ver que, cuando la presi¨®n de los ciudadanos obliga a los principales partidos pol¨ªticos a ponerse de acuerdo, son capaces de atender a las injusticias que se est¨¢n produciendo en ¨¢mbitos como las hipotecas o las preferentes.

En el caso de las preferentes, adem¨¢s, no es cierto que no haya posibilidad de que los afectados recuperen el dinero que de buena fe invirtieron en esos enga?osos productos bancarios. En este sentido, hay que recordar que las necesidades de capital para las entidades nacionalizas han sido, finalmente, de 36.968 millones, unos 10.000 millones menos de lo que hab¨ªa estimado inicialmente Oliver Wyman. Esta rebaja, adem¨¢s de a la venta de activo y el traspaso de activos a la Sareb, se debe en buena parte a las p¨¦rdidas que se obliga a asumir a los tenedores de preferentes. Son muchas las voces que est¨¢n pidiendo que el Estado no cargue sobre los perjudicados por las preferentes la carga del saneamiento del sistema financiero espa?ol y que, si es necesario, agote la l¨ªnea de cr¨¦dito que le ha concedido Bruselas.

Los tenedores de preferentes tendr¨¢n que explicar a la opini¨®n p¨²blica que este acuerdo, aunque insuficiente, es un est¨ªmulo para seguir trabajando en la resoluci¨®n de los miles de dramas humanos que hay detr¨¢s de sus casos.

* Javier Cremades es abogado y presidente de Cremades & Calvo-Sotelo.