S¨¢enz recurrir¨¢ la sentencia del Supremo que anula parte de su indulto

El Tribunal Supremo hizo p¨²blica este martes la sentencia en la que se anula parte del indulto que el Gobierno de Zapatero concedi¨® a Alfredo S¨¢enz, consejero delegado del Santander. El Supremo se?ala que el Ejecutivo se extralimit¨® al tratar de acabar tambi¨¦n con las ¡°consecuencias administrativas¡± de la condena de S¨¢enz cancelando los antecedentes penales, algo que la ley, seg¨²n el alto tribunal, no permite.

En la pr¨¢ctica, la sentencia implica que S¨¢enz sigue teniendo antecedentes penales, por lo que legalmente no cumplir¨ªa la condici¨®n de ¡°honorabilidad¡± y no podr¨ªa ejercer de banquero. Poco despu¨¦s, fuentes del banco anunciaron que S¨¢enz presentar¨¢ en breve un recurso de amparo al Tribunal Constitucional ¡°por infracci¨®n del derecho de igualdad y del derecho a tutela judicial efectiva¡±. Antes del recurso, como paso previo, la defensa de S¨¢enz presentar¨¢ un incidente de nulidad ante el Supremo, seg¨²n estas fuentes.

Para complicar m¨¢s el caso, este martes tambi¨¦n se conoci¨® un cambio legal con el que el Gobierno intenta frenar la pol¨¦mica surgida cuando se supo que preparaba una norma (trasposici¨®n de otra europea) que permit¨ªa que los penados pudieran dirigir entidades.

La modificaci¨®n introducida exigir¨¢ al Banco de Espa?a que considere la opini¨®n de los tribunales a la hora de determinar si un directivo de un banco mantiene su honorabilidad despu¨¦s de haber cometido un delito y si, por tanto, puede seguir ejerciendo su actividad. Con este real decreto, el Ejecutivo asume la normativa de la autoridad bancaria europea y que permite que un banquero ejerza con antecedentes penales. El texto ser¨¢ aprobado en marzo. La nueva redacci¨®n del decreto ley se?ala que, a la hora de determinar si un directivo bancario conserva su honorabilidad, hay que analizar la reiteraci¨®n de condenas o sanciones.

Ahora el Banco de Espa?a se enfrenta a un caso que supera los procedimientos habituales. Fuentes jur¨ªdicas consultadas consideran que toda posici¨®n que tome implica riesgos. Si aplica inmediatamente la sentencia porque considera que ya existe clara posici¨®n jur¨ªdica por la posici¨®n del Supremo, deber¨ªa destituir a S¨¢enz. Pero cabe que paralice su decisi¨®n hasta la resoluci¨®n de los recursos presentados. Tambi¨¦n porque pronto existir¨¢ una nueva ley que permitir¨¢ continuar a S¨¢enz en el puesto. Sin embargo, para aplicar el decreto deber¨ªa consultar al Supremo, lo que abre una inc¨®gnita por la respuesta del tribunal. ¡°Haga lo que haga, Luis Linde, gobernador del Banco de Espa?a, ser¨¢ criticado¡±, concluyen estas fuentes.

El Supremo ha sido tajante en su sentencia porque considera que intentar borrar los antecedentes de Sa¨¦nz supuso ¡°una clara extralimitaci¨®n¡± del poder conferido al Ejecutivo. El Gobierno no ¡°est¨¢ autorizado a dispensar a personas singulares del cumplimiento de las leyes¡±, dice el alto tribunal. La sentencia plantea el debate de hasta qu¨¦ punto pueden los tribunales fiscalizar los indultos del Gobierno, la prerrogativa de gracia, y concluye que es su deber hacerlo en relaci¨®n a algunos aspectos: ¡°Las partes codemandadas, con su planteamiento, confunden el hecho de que la decisi¨®n graciable, en cuanto a su adopci¨®n, no est¨¦ sujeta a mandato legal alguno (...) con el hecho de que se trate, por ese motivo, de una prerrogativa inmune a todo control¡±, indica el alto tribunal.

?Hasta d¨®nde puede llegar en la fiscalizaci¨®n? ¡°El Gobierno puede decidir a qui¨¦n perdona y a qui¨¦n no, y si perdona la totalidad o solo parte de la pena, e incluso imponer condiciones para la condonaci¨®n¡±, pero ¡°el contenido material del indulto lo marca la ley¡±, dice el Supremo.