La decisi¨®n del TC sobre los trabajadores a tiempo parcial costar¨¢ 1.900 millones

La sentencia del Tribunal Constitucional que ha anulado la forma en que se calculaba el tiempo cotizado en empleos a media jornada no le saldr¨¢ gratis a la Seguridad Social. La factura ascender¨¢ a 1.900 millones, seg¨²n sus propios c¨¢lculos. No obstante, el propio instituto p¨²blico espera reducir su coste pactando cuanto antes una nueva f¨®rmula con agentes sociales y grupos de oposici¨®n.

Hace dos semanas el Alto Tribunal dict¨® que el c¨¢lculo usado hasta entonces era inconstitucional por ¡°lesionar el derecho a la igualdad [...], y a la vista de su predominante incidencia sobre el empleo femenino, por provocar una discriminaci¨®n indirecta por raz¨®n de sexo¡±. Eso supone que se abre la puerta a decenas de miles de reclamaciones denegadas hasta el momento que le costar¨ªan a la Seguridad Social unos 1.500 millones. A ellos habr¨ªa que sumar unos 100 millones m¨¢s al a?o. Lo que al final, seg¨²n ha cifrado el propio secretario de Estado de la Seguridad Social, Tom¨¢s Burgos, se acabar¨¢ traduciendo en un incremento del gasto anual de unos 1.900 millones, cantidad equivalente al 1,7% de gasto en pensiones contributivas presupuestado para este a?o. ¡°No hay lugar a dudas del potente impacto econ¨®mico sobre el sistema que supone esta sentencia¡±, sostuvo Burgos.

Antes de la sentencia para calcular lo que hab¨ªa cotizado un empleado a tiempo parcial se computaba cada cinco horas cotizadas como 1,5 d¨ªas. Ahora esta f¨®rmula est¨¢ derogada, y la Seguridad Social emplea otra en la que cada d¨ªa trabajado equivale a un d¨ªa cotizado, independientemente de las horas trabajadas. Este sistema, admiti¨® Burgos, tambi¨¦n genera desigualdad y es el que puede acabar costando la factura inicial de 1.500 millones. Sin embargo, hay incertidumbre sobre este punto: el Constitucional dej¨® en manos de los diferentes juzgados donde se est¨¢n dirimiendo las reclamaciones actuales qu¨¦ procedimiento de c¨®mputo utilizar.

A la vista de esto, la Seguridad Social est¨¢ buscando f¨®rmulas para minimizar el impacto de la sentencia en sus arcas. Por este motivo, el martes los responsables de Empleo se reunieron por la tarde con los agentes sociales. Entre tanto, y para ganar tiempo, la Seguridad Social se plantea apurar los plazos de reconocimiento legal. Seg¨²n la norma desde que se solicita una pensi¨®n hasta que se reconoce el derecho a cobrarla hay un plazo ordinario m¨¢ximo de 90 d¨ªas que puede irse hasta los 135 d¨ªas. ¡°Este margen de maniobra que puede ser ¨²til para no causar al sistema m¨¢s lesi¨®n econ¨®mica de la que ya de por si puede verse obligado a afrontar¡±, justific¨® el secretario de Estado.

El PSOE, en este punto, exigi¨® a Burgos que no use la sentencia del Constitucional para endurecer el acceso a la jubilaci¨®n como ya ha hecho con el retiro parcial y el anticipado. Mientras tanto, CiU exigi¨® que no se ¡°minimice¡± las consecuencias de la sentencia.

Las cr¨ªticas m¨¢s duras a Burgos procedieron de Izquierda Plural, que reproch¨® al Gobierno que haya encargado un informe sobre el factor de sostenibilidad creando un grupo de expertos en el que hay varios de ellos que est¨¢n ligados al sector de las aseguradoras. Esto, para su portavoz, Joan Coscubiela, sirvi¨® para vaticinar que no acabar¨¢ bien.